El juez Baltasar Garzón suspendió este viernes por tres años las actividades en España de dos partidos considerados brazos políticos de ETA, aunque el Tribunal Supremo dejó sin efecto ese fallo en uno de los casos porque no encontró razón debido a que no había presentado candidatos para los comicios del 9 de marzo.
La decisión judicial, que implica el retiro obligado de la lista de candidaturas de legisladores de Acción Nacionalista Vasca (ANV), en los hechos significa dejar al grupo terrorista vasco sin voz ni votos en el Parlamento español. La otra agrupación es el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), que no llegó a inscribir postulantes.
Garzón dispuso además la clausura, igual por tres años, "de las sedes, locales, establecimientos y cualesquiera otros centros" partidarios.
Al enterarse de la decisión, los dirigentes de ANV convocaron de inmediato una manifestación en la ciudad vasca de San Sebastián, para protestar contra la misma.
A la suspensión de actividades seguirá durante meses otra parte del proceso judicial, en el cual el juez analizará la petición del Fiscal General del Estado de ilegalizar a las dos agrupaciones políticas cuya suspensión de actividades dictó este viernes. Sin mencionar a Garzón, el presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Iñigo Urkullo criticó la resolución, al expresar "la preocupación que en el PNV tenemos por la actitud de algunos jueces que responden a criterios ideológicos y políticos".
Garzón fue elegido diputado en 1993 en las listas del hoy gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y un año después renunció debido, dijo entonces, a "la actitud pasiva del entonces presidente del gobierno Felipe González respecto de la corrupción".
Urkullo, cuyo partido encabeza el gobierno autónomo del País Vasco, aclaró que el PNV no cuestiona "la credibilidad del sistema judicial, pero sí manifestamos nuestra denuncia y preocupación por lo que estamos viendo en cuanto al recorte de libertades e injerencias en la separación de poderes"
El líder de la principal fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, manifestó su acuerdo con la suspensión, pero subrayó que la misma llega muy tarde por la inacción del gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que todavía queda pendiente la ilegalización.
A su entender, el gobierno impulsó la suspensión a último momento teniendo en vista las elecciones generales a realizarse el 9 de marzo.
Las últimas encuestas de intención de voto para esa instancia ubican primero al PSOE, con tres o cuatro puntos porcentuales de los consultados por encima del PP, pero algunos dirigentes consideran, según sus propias encuestas, que la diferencia del oficialismo será por lo menos de ocho por ciento.
El tema central de discusión y enfrentamientos entre el PSOE y el PP en la legislatura de cuatro años que se renovará el 9 de marzo ha sido la violencia terrorista y la forma de enfrentarla.
Según los socialistas, su gobierno ha cumplido en todo momento la ley y el objetivo de acabar con ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence), en tanto que el PP lo acusó de mantener abierta la puerta para negociar con el grupo terrorista.
Esta polémica sobre ETA y la ilegalización de los partidos afines o ligados se mantendrá abierta durante la campaña electoral, ya que el terrorismo es el tema que más preocupa a los españoles, según indican todas las encuestas. El asunto de importancia en segundo lugar es la inmigración, según algunos sondeos, y el futuro de la economía, según otros.
"Todo lo que se haga se debe hacer respetando la ley de partidos. Para ser legal, además de no apoyar el terrorismo, debe condenarlo expresamente y si no lo hace debe ser ilegalizado", declaró a IPS el diputado socialista José Luis Rascón, ex portavoz de la Junta de Jueces por la Democracia.
Con ese criterio y a tenor de la documentación que maneja el gobierno de España, además de la suspensión de actividades se debe continuar con el proceso judicial para concretar la ilegalización de los grupos que apoyan o pertenecen a ETA, como el PCTV y ANV, añadió.
Dos dirigentes de Batasuna, la antecesora de ANV y PCTV, que están en libertad, al conocer el auto de Garzón convocaron una rueda de prensa en Bilbao y responsabilizaron de la decisión judicial al gobierno de España, al PNV y a Nafarroa Bai, el partido nacionalista de Navarra.
Según los nacionalistas vascos, tanto los democráticos como los violentos, Navarra es parte del País Vasco, a pesar de que los ciudadanos de esa región resolvieron por referéndum convertirse en una de las 17 comunidades autónomas que integran España.
Esos dos dirigentes, Karmelo Landa y Mikel Etxaburu, dijeron a la prensa que la resolución judicial procura "cerrar las vías políticas de resolución" de lo que ellos califican como "conflicto vasco", por el que demandan la independencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En su opinión ya se ha "avanzado demasiado como para que pretendan cerrarnos la vía del cambio político". La suspensión de actividades, según consta en el auto del juez Garzón, no se basa en las posiciones políticas sustentadas por ANV y PCTV, sino por su apoyo al terrorismo, manifestado de diversas maneras.
Uno de las pruebas manejadas fueron extractos de cuentas bancarias que mostraron que Marije Fullaondo y Josefa Permach, dirigentes de la ilegalizada Batasuna por estar integrada a ETA, recibieron dinero como paga de sueldos, provenientes de cuentas bancarias del PCTV.
Los informes indican que son 49 los miembros de Batasuna que recibieron fondos de esas cuentas.
Otras pruebas se refieren a actos públicos de ANV y PCTV realizados en los últimos meses en los cuales se piden aplausos para detenidos por cometer actos terroristas organizados por ETA.
La suspensión de actividades no sólo se refiere a que esos partidos no podrán presentarse a las elecciones en los próximos tres años. También se clausuran sus sedes y locales, se embargan y bloquean sus cuentas, se suspenden todas las ayudas y subvenciones que reciban o les correspondan otorgadas por organismos públicos.
Asimismo se suspenden toda actividad en organismos públicos, registros, bancos y asociaciones, así como todos los suministros o contratos con empresas que les presten servicios de electricidad, agua, telefonía o similares.
Tampoco podrán contratar, negociar, suscribir acciones, obligaciones, préstamos, fondos de inversión, de pensiones ni de cualquier otro rubro bancario.
Se cerrarán sus páginas en Internet y servicios de la red, se les prohíbe publicar publicidad en los medios de comunicación así como convocar manifestaciones y muchas otras actividades relacionadas.
La única salvedad es que los nueve diputados del PCTV podrán seguir actuando como grupo dentro del Parlamento vasco, pero sin realizar ninguna actividad como tales fuera de esa institución.
