Aunque el gobierno de Chile se muestra optimista respecto de las posibilidades del país de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los expertos aseguran que aún queda mucho por recorrer.
Chile inició hace ocho meses el proceso para convertirse en miembro pleno de la OCDE, en la que participa como observador desde 1997.
En noviembre de 2004, el gobierno de entonces de Ricardo Lagos (2000-2006) solicitó formalmente el ingreso a este grupo con sede en París fundado en 1961, conocido como "el club de los ricos" porque incluye entre sus 30 miembros actuales a todos los países del Norte industrializado.
Las proyecciones económicas de 2004 eran esperanzadoras. Chile salía de la recesión en la que había entrado luego de la crisis asiática de 1997 y el producto interno bruto crecía de manera sostenida, hasta alcanzar 6,1 por ciento ese año.
En 2006, tras asumir la presidencia Michelle Bachelet, de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia que gobierna Chile desde la recuperación democrática en 1990, fue noticia por aprobar el presupuesto más abultado en la historia del país: 22.000 millones de dólares.
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Los altos precios internacionales del cobre y la depreciación del dólar han contribuido a mantener esa cifra.
Pero no bastaba con eso. El proceso de acceso a la OCDE suponía una serie de evaluaciones específicas sobre los mercados financieros y de seguros, la inversión privada extranjera, las políticas ambientales y laborales, entre otros aspectos.
Alentadores informes de la OCDE, en 2003 y 2005, hablaban de una solvencia macroeconómica, alta transparencia y eficientes medidas anticorrupción. Pero hoy, con un mercado cada vez más abierto, los expertos se muestran más escépticos.
"El grado de apertura de la economía chilena puede significar una mayor vulnerabilidad. Eso para la OCDE es una mejora, pero ahora veremos hasta qué punto", dijo a IPS Hugo Fazio, economista del no gubernamental Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo.
Según Fazio, la economía chilena es presa de una "apertura irracional" que ha llevado a una "desprotección del producto nacional". Esto no mejoraría en absoluto con el ingreso de Chile al selecto grupo de países industrializados, agregó.
"Hay un desequilibrio en la economía porque las formas dominantes indican que se debe reducir el papel del Estados. Sin embargo, la actuación de los bancos, por ejemplo, aumenta las crisis en vez de disminuirlas", señaló Fazio, quien fue vicepresidente del Banco Central.
Sin embargo, el economista Tomás Flores, del Instituto de Libertad y Desarrollo, vinculado al derechista Partido Renovación Nacional, ve con optimismo la posibilidad de que el país se convierta en miembro pleno de la OCDE.
"Sin lugar a dudas a Chile le hace bien. Serviría para disciplinar la regulación interna, porque los tratados de libre comercio han dejado en evidencia fallas en la legislación nacional", dijo a IPS.
No se han realizado grandes modificaciones a la legislación sobre inversiones extranjeras, a pesar de que la OCDE indicó que era un tema a evaluar.
"Es preciso eliminar la inseguridad en las inversiones, que no se les cambien las reglas del juego a las empresas privadas, porque ello implica una pequeña o gran expropiación de la inversión realizada", indicó Flores, en referencia al conflicto entre el gobierno y las empresas administradoras de autopistas concesionadas en Santiago, a causa del aumento en las tarifas a los usuarios.
El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, culminó con optimismo la semana pasada una visita a la sede de la OCDE en París. Incluso señaló que "no se visualizan grandes obstáculos para la incorporación de Chile" y fijó un plazo tentativo de dos años para que el país se convierta en miembro permanente.
Así, queda menos tiempo para regularizar los asuntos pendientes, por ejemplo, en materia ambiental, uno de los puntos que más dolores de cabeza le ha dado al gobierno.
La Evaluación de Desempeño Ambiental que los expertos de la OCDE entregaron a Lagos en 2005 influyó con fuerza en el programa de su sucesora Bachelet.
Una de las mayores críticas se refería a la ausencia de un marco institucional para los temas ambientales. Chile cuenta hoy con la Comisión Nacional del Medio Ambiente con rango de ministerio, a cuyo frente está la abogada Ana Lya Uriarte, aunque esa cartera como tal no ha sido creada así como tampoco la proyectada Superintendencia de Fiscalización Ambiental.
El gobierno anunció que los proyectos de ley para crearlos serían enviados al Congreso legislativo en el segundo semestre de 2008, por lo cual se espera que estén operativos sólo en 2009.
"En materia ambiental estamos muy lentos, tenemos una ministra sin cartera y tampoco pasa nada con la Superintendencia, parece ser que el libre mercado crece dejando este tema a un lado", dijo a IPS Francisco Pinto, encargado del Programa de Recursos Naturales de la no gubernamental Fundación Terram.
Pero existen otras preocupaciones. La disminución de la biomasa, por causa de la sobreexplotación pesquera y el desmesurado crecimiento de la industria salmonera, es una de ellas.
"La industria del salmón crece descontroladamente y supera la capacidad de carga de los fiordos, disminuyendo peligrosamente la biomasa", explicó Pinto.
Por otro lado está la industria de la celulosa. Al escándalo por la contaminación del río Cruces en 2005, que provocó la masiva muerte de cisnes de cuello negro, peces, flora y fauna del lugar, designado como "santuario de la naturaleza", se sumó el del río Mataquito el año pasado.
La responsable por la contaminación, en ambos casos, fue la empresa Celco, perteneciente al consorcio de los Angelini, uno de los grupos económicos más poderosos del país.
Eso reveló las enormes deficiencias con que la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que depende del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, entregaba permisos de funcionamiento a las empresas celulósicas.
Aunque se ha avanzado en temas como la aprobación de la Ley de Bosque Nativo, que demoró 15 años en tramitarse en el Congreso legislativo, queda aún mucho por hacer.
El informe de la OCDE, de hace tres años, advirtió que "Chile tendrá que profundizar en la integración de las consideraciones ambientales en las decisiones económicas, sociales y sectoriales y fortalecer su cooperación ambiental internacional". Hasta ahora, el país no ha aprobado esa asignatura pendiente.
