La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, se sumó a las voces que demandan sacar al ejército de la lucha contra el narcotráfico en México. Pero su pedido no será atendido al menos hasta el fin del mandato del presidente Felipe Calderón en 2012.
Mantener por largos períodos a los soldados en la lucha contra el crimen organizado es "una medida francamente peligrosa", pues son cuerpos entrenados para hacer uso "de una fuerza excesiva", dijo Arbour, quien este miércoles se reunió con Calderón en el marco de una visita de cuatro días al país, iniciada en la víspera.
En la procuración de justicia se requiere un despliegue razonado y contenido de la fuerza, señaló la funcionaria. No obstante reconoció que puede haber momentos "en que hay que recurrir a una fuerza mayor como la del ejército". El presidente mexicano firmó el 23 de enero el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012. El documento deja en claro que los militares seguirán participando en el combate contra los grupos de narcotraficantes, cuya violencia y poder de fuego se mantienen desde el año pasado en niveles no registrados antes.
En lo que va de este año, ya más de 260 personas fueron ejecutadas en acciones vinculadas al narcotráfico. En 2007, los asesinados por acciones relacionadas a las mafias de las drogas sumaron 2.800, y en los últimos siete años la cifra escaló a casi 12.000.
Además, tras las últimas detenciones de narcotraficante, las autoridades aseguraron que en ámbitos mafiosos hay planes para asesinar a altos funcionarios de gobierno encargados de la seguridad y que el armamento con el que cuentan esos grupos es similar, en algunos casos, al que usan las fuerzas armadas de Estados Unidos.
Aunque la Constitución mexicana indica que, "en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar", un fallo de la Suprema Corte de Justicia de 1996 avaló su uso en otras áreas cuando haya graves problemas de seguridad interior.
Calderón, en funciones desde diciembre de 2006, puso a los miliares como puntales de la lucha contra el narcotráfico, como lo habían hecho sus antecesores aunque en menor proporción.
Las encuestas indican que la mayoría de los mexicanos consultados apoyan esa estrategia, al igual que analistas, quienes consideran que sólo los militares pueden hacer hoy frente a los violentos narcotraficantes.
Pero organizaciones no gubernamentales, así como la estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos, piden programar cuanto antes el retiro de la Fuerzas Armadas de tareas policíacas, pues no están preparadas para ello.
Además, se han documentado ya varios casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados durante acciones de corte policial.
El consultor en temas humanitarios Fabián Sánchez dijo a IPS que los militares no están preparados para tareas policíacas ni para respetar los derechos humanos. El experto reclamó al gobierno trabajar en la profesionalización de la policía.
El cuerpo policial mexicano está también involucrado en la lucha contra las mafias, pero diversos estudios indican que su nivel de preparación es bajo y que, además, está afectado por graves problemas de corrupción.
Sánchez, ex director de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, reconoce esas falencias, pero advierte que no se trabaja lo suficiente en subsanarlas.
El gobierno sometió en 2007 a pruebas de aptitud a 1.400 jefes de la policía, pero menos de 600 las aprobaron.
En México hay 350.000 policías distribuidos en diversas corporaciones que no tienen una coordinación central. Se trata de agentes mal pagados, con escasa preparación y superados ampliamente por el poder táctico y de fuego de las mafias del narcotráfico.
Además, el prestigio social de la policía está por los suelos, según indican todas las encuestas.
En contraste, los militares reciben altas calificaciones de parte de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas son integradas por unos 253.000 efectivos.
Según José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, "sentenciar al ejército a permanecer en las calles indefinidamente sería lo peor que nos pudiera suceder".
El llamado ombudsman (defensor del pueblo) demandó una retirada de los militares de las tareas policíacas "paulatina, prudente y cautelosamente, para que el crimen organizado no vea al Estado como un tigre de papel".
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se sumó también a ese llamado, pero observadores consideran que no tendrá eco, sobre todo ahora, que la violencia de los narcotraficantes alcanzó niveles inéditos.
En México operan las más poderosas organizaciones de narcotraficantes de América Latina y es desde este país que se abastece a gran parte de los consumidores de drogas de Estados Unidos.
Algunos investigadores sugieren al gobierno cambiar de enfoque la lucha contra el narcotráfico, privilegiando la prevención al consumo de drogas y el ataque a la pobreza en las zonas donde pululan las mafias y los sembríos de estupefacientes.
Sin embargo, los planes anunciados por las autoridades apuntan esencialmente al uso de la fuerza militar, al menos hasta 2012.
