Casi un año después de que la Corte Penal Internacional (CPI) dictara sus primeras órdenes de arresto en una investigación de tres años sobre los crímenes de guerra en la occidental zona sudanesa de Darfur, el gobierno en Jartum no ha adoptado aún ninguna medida para ejecutarlas.
Pero el gobierno del presidente Omar Hassan al-Bashir no reconoce la jurisdicción de la CPI, con sede en La Haya, en los crímenes cometidos en Darfur, pese a una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que requiere la cooperación de ese país africano. En cambio, insiste en que sean investigados y juzgados localmente.
"Como ministro de Estado para los Asuntos Humanitarios, Ahmad Harun, condenado por la CPI, es responsable de trabajar con organizaciones internacionales de asistencia y de coordinar con órganos relevantes la seguridad en los campamentos de desplazados", dijo a IPS el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo.
"Formalmente, él comparte la responsabilidad por la seguridad y el bienestar de la población desplazada. En realidad, participa en constantes abusos contra ellos", aseguró.
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"En 2003-2004 presenciamos en Darfur la primera fase del plan criminal coordinado por Ahmad Harun. Millones de personas fueron expulsadas de sus aldeas y trasladadas a campamentos. En la segunda fase —que está ocurriendo ahora frente a nuestros ojos—, las víctimas son atacadas en los campamentos. Ahmad Harun es un actor clave. Pero no está solo. El no dar ningún paso para investigarlo o arrestarlo y el no destituirlo son indicios claros del apoyo que recibe de parte de otros altos funcionarios", dijo Moreno Ocampo.
IPS dialogó con Moreno Ocampo, de 55 años, sobre la situación de la demanda contra Harun.
— En una reunión del 5 de diciembre de 2007 del Consejo de Seguridad de la ONU, usted dijo a todos los presentes que "la única solución realista hoy es solicitar la destitución y el arresto de Harun como primer paso". Desde entonces, ¿recibieron usted o alguien de su oficina alguna comunicación del gobierno sudanés sobre este asunto?
— El contenido de las comunicaciones de la oficina del fiscal con los estados es confidencial. Sin embargo, el fiscal informó en diciembre al Consejo de Seguridad de la ONU que Jartum no estaba cumpliendo con su obligación. La situación no cambió desde entonces. El gobierno sudanés tiene la obligación legal de arrestar y entregar a Ahmad Harun, y tiene la capacidad de hacerlo. Sudán es un estado miembro de la ONU y no puede ignorar la ley.
— ¿Hay algo que alguna unidad del gobierno de Estados Unidos (que no es parte de la CPI) pueda hacer para ayudar a llevar a Harun ante la justicia?
— No podemos formular comentarios sobre nuestra cooperación bilateral. Nuestras solicitudes son confidenciales, a fin de evitar cualquier impacto sobre nuestras actividades investigativas. Hemos notado comentarios recientes de que Estados Unidos brindaría asistencia en respuesta a un pedido. Washington está al tanto de nuestros requisitos de confidencialidad. Lo que necesitamos es que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU —y, entre ellos, Estados Unidosdemuestren pública y proactivamente su apoyo para arrestar a los acusados. Ésta es la clase de asistencia concreta e inmediata que estamos requiriendo.
— En la reunión del Consejo de Seguridad de diciembre, usted dijo que las personas desplazadas que viven en campamentos "son deliberadamente mantenidas en un estado de indigencia. Los obstáculos a la entrega de asistencia son parte del patrón que siguen los ataques". ¿Qué evidencia concreta tiene usted para estas afirmaciones?
— En relación con la primera nueva investigación, tenemos indicios consistentes que muestran un patrón de ataques por parte de funcionarios sudaneses contra civiles, en particular esos 2,5 millones de personas desplazadas hacia los campamentos por la fuerza. Lejos de desarmar a los Janjaweed, como estaba comprometido a hacer, el gobierno de Sudán en su mayor parte las integró a su aparato de seguridad y las destacó en las cercanías de los campamentos. Cuando abandonan los campamentos, las violaciones a las mujeres son sistemáticas.
En vez de cumplir sus promesas de facilitar los regresos, se dice que los funcionarios sudaneses facilitan el asentamiento de partidarios de los Janjaweed en tierra habitada previamente por las etnias fur y masalit. Además, aproximadamente 35.000 habitantes de Chad también fueron alentados a asentarse en aldeas destruidas o tierras de los alrededores.
Por lo tanto, los fur, masalit y zaghawa son privados de un lugar seguro al que retornar. Los reasentamientos están consolidando los desplazamientos. Las víctimas se ven enfrentadas a dos opciones: ser atacadas en los campamentos o regresar a territorio hostil. Quedan sin ninguna esperanza para el presente y ninguna perspectiva para el futuro. Es así como se acomete la lenta destrucción de comunidades enteras, ante los ojos de la comunidad internacional.
— Si, como parece ser el caso, Harun no es entregado a la CPI, ¿qué ocurre? ¿Puede usted proceder con un juicio en ausencia, o continuará habiendo un limbo diplomático y burocrático?
— El Estatuto de Roma (que creó a la CPI) no permite un juicio en ausencia. Sin embargo, prevé la confirmación de cargos en ausencia del acusado, aunque ésta no es una opción que se busque en este momento. Ahmad Harun enfrentará a la justicia. Es su destino. Mire lo que pasó con (el ex presidente de Liberia) Charles Taylor (1997-2003), (el ex primer ministro de Ruanda) Jean Kambanda (1994) y (el ex presidente de Serbia) Slobodan Milosevic (1989-2000). Es una tendencia clara. No hay más impunidad.
— Luego que se complete el juicio de Harun —si es que tiene lugar un juicio—, ¿a quién planean acusar usted y la Oficina del Fiscal de la CPI por cargos de derechos humanos o civiles, o por cargos de crímenes de guerra?
— Hoy en Darfur continúan cometiéndose crímenes masivos. El no haber logrado proteger a los desplazados de los constantes ataques de los Janjaweed y de agentes del gobierno de Sudán, el no poder facilitar el despliegue de los efectivos de mantenimiento de la paz que podrían proteger a las víctimas, son claros indicios de aprobación, aquiescencia o participación activa de otros altos funcionarios.
La oficina investigará quién carga con la mayor responsabilidad por los ataques contra civiles, quién mantiene a Harun en posición de cometer crímenes, quién le da instrucciones. Éste es el segundo caso de Darfur.
En relación con la otra nueva investigación, el 29 de octubre fueron asesinados 10 soldados de la misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS), ocho fueron heridos y uno desapareció luego del ataque contra su base de Haskanita.
El incidente parece haber sido cometido por las fuerzas rebeldes. Representa una tendencia cada vez mayor de los ataques contra trabajadores de la Unión Africana, la ONU y otros por parte de varias fuerzas. La oficina controla esta tendencia con preocupación.
