Comienza para Ángela Rodríguez una nueva etapa de su vida. Su esposo, Luis Eladio Pérez, tomado rehén el 10 de junio de 2001 por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), regresa a casa.
Junto con Pérez, salieron libres también los ex parlamentarios Gloria Polanco, Orlando Beltrán y Jorge Eduardo Gechem, secuestrados en distintos episodios en 2001 y 2002.
Entre mediados de agosto y el 21 de noviembre del año pasado, Chávez y Córdoba fueron oficialmente mediador y facilitadora de un eventual acuerdo humanitario entre las FARC y el gobierno de Colombia para canjear unos 40 rehenes y prisioneros de guerra por entre 400 y 500 guerrilleros presos.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, puso fin en noviembre a esas gestiones, lo que dio pie a una grave crisis entre los dos gobiernos.
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Pero el 10 de enero, las políticas Consuelo González y Clara Rojas fueron entregadas sin condiciones por las FARC a una misión humanitaria dirigida por el gobierno de Venezuela y la Cruz Roja.
Ángela Rodríguez y sus dos hijos llegaron a hablar de Pérez en pasado, pero no porque pensaran que no iba a volver, sino "porque del Luis Eladio de ahora es muy poco lo que nosotros sabemos".
"Yo siempre he sido optimista. Siempre he pensado que van a regresar. Considero que las FARC están actuando de manera política", dijo a IPS tras enterarse por un noticiero de televisión que su esposo sería liberado.
"Indiscutiblemente pienso que el Luis Eladio que se llevaron las FARC no va a ser el Luis Eladio que regrese. Y la familia que él dejó no va a ser la familia que él va a encontrar. Encuentra, primero que todo, unos hijos muy maduros, que ya tomaron una decisión sobre sus propias vidas", añadió.
Sergio, de 30 años, está casado y es profesional.
Carolina, cuatro años menor, tiene fijada ya la fecha de su matrimonio en abril. Se cumplirá la predicción del legislador estadounidense William Delahunt, del opositor Partido Demócrata, quien le había dicho en enero en Bogotá: "Tu papá te va a entregar en tu boda, ya verás".
Fue Carolina Pérez quien atrajo a Delahunt y a un grupo de legisladores demócratas que siguen de cerca los entresijos del canje humanitario, al que también están sujetos tres estadounidenses contratistas del Plan Colombia, financiado por Washington para combatir el narcotráfico y la guerrilla.
Sergio estudiaba en Estados Unidos y Carolina en Canadá, y ambos estaban a punto de graduarse cuando su padre fue tomado rehén.
"Regresaron inmediatamente al país, y cuando intentaron homologar sus estudios, no les reconocieron absolutamente nada. Tuvieron que comenzar de cero. Estos muchachos, de verdad, han tenido una fortaleza muy grande. Porque volver a comenzar carrera en semejante crisis ", comentó su madre.
Tan pronto Pérez fue atrapado, su suplente reclamó el escaño.
Rodríguez había abandonado apenas a tiempo su actividad como anticuaria antes de la debacle económica regional, que en Colombia afectó especialmente a ese sector suntuario. De pronto no había ingresos, y Rodríguez tenía que pagar las deudas contraídas por su esposo para adelantar la reciente campaña electoral.
"Los seis años y siete meses los dediqué todos a la búsqueda de la libertad de Luis, y a la búsqueda de la libertad de todos. Me comprometí con el acuerdo humanitario", rememoró Rodríguez.
"Me empeñé en el acuerdo humanitario con el presidente López, mi gran amigo", agregó mirando la foto en blanco y negro del ex mandatario liberal Alfonso López Michelsen (1974-1978), colocada en un portarretrato sobre un piano vertical en la sala de un apartamento más pequeño, que su esposo no conoce.
Como mandatario, López Michelsen no firmó en 1977 los Protocolos I y II adicionales a los Convenios de Ginebra, aplicables a conflictos armados no internacionales, e incluso intentó torpedear su aprobación, en alianza con Chile y Camboya.
Pero antes de la expedición de la Constitución colombiana de 1991 reconoció su error, y pronto se convirtió en el defensor más destacado del derecho internacional humanitario (DIH).
López Michelsen no creía que su aplicación llevara al fin de la guerra colombiana de más de cuatro décadas, pero sí que era un instrumento para aliviar el dolor de sus desmanes.
También sostenía que los Estados están obligados a proteger activamente a sus ciudadanos, así éstos estén en manos del bando contrario, posición que respalda la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
"Él le abrió el espacio al acuerdo humanitario. Es quien empieza a hablar de DIH, de la humanización del conflicto, empieza a reconocer el propio conflicto", estimó Rodríguez, "para poder entrar a buscar la negociación del acuerdo humanitario".
Colombia se adhirió en 1992 y 1994 a los dos protocolos de Ginebra, aunque ninguno de los bandos enfrentados los acata de manera integral.
A partir de una reforma del Código Penal, que multiplicó las penas de prisión para los guerrilleros, las FARC comenzaron a retener a los militares y policías que apresaban en combate.
Uribe no reconoce que en Colombia haya guerra. Según las FARC, todos los rehenes son prisioneros de guerra. Para las familias, "esa ha sido una de las luchas más encarnizadas", pues si los civiles no eran "rehenes en medio del conflicto, entonces, ¿en qué quedaban ellos?", preguntó Rodríguez.
"Tengo la impresión de que las FARC están reconociendo y cumpliendo con el DIH en cuanto concierne a la toma de rehenes", es decir civiles. Las FARC "van a seguir entregándoselos al presidente Hugo Chávez", consideró.
"La negociación del intercambio humanitario va a ser entre combatientes, como lo dice el DIH", dijo respecto de los acontecimientos que se han precipitado desde la aparición de Córdoba y Chávez en escena.
"Considero muy importante que sigamos rodeando a las familias. Es un deber moral de parte nuestra seguir apoyando las gestiones del acuerdo humanitario y lograr la libertad de todos. Me siento muy comprometida con todos los que están en cautiverio", concluyó.
De manera simultánea a la liberación del miércoles, la cúpula de la guerrilla expidió un comunicado expresando que las liberaciones unilaterales han sido un logro "de la persistencia humanitaria y de la sincera preocupación por la paz de Colombia" de Chávez y Córdoba.
El próximo paso debe ser "el despeje militar de (los municipios de) Pradera y Florida por 45 días, con presencia guerrillera y comunidad internacional como garantes", para liberar al resto, lo que en Colombia se interpretó como el fin de las liberaciones unilaterales de civiles.
El comunicado de las FARC advierte sobre el "gigantesco operativo bélico" desplegado en la región —con 18.000 militares, según el ministro venezolano del Interior, Ramón Rodríguez Chacín—, que podría haber concluido en "un desenlace fatal" atribuible al gobierno si intentaba un rescate militar, dice la guerrilla.
CANJES Y LIBERACIONES
En mayo de 1997, el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) acordó con las FARC 30 días de desmilitarización de una zona de 13.161 kilómetros cuadrados en el municipio de Cartagena del Chairá, sureño departamento de Caquetá, que produjo la liberación unilateral de 70 militares por parte de la guerrilla.
El primer canje tuvo lugar en junio de 2001, durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), en el contexto de diálogos de paz con las FARC en una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados en el también sureño Caguán. El resultado fueron 55 militares y policías y 14 guerrilleros liberados.
La guerrilla liberó entonces unilateralmente a otros 304 uniformados rasos y mantuvo en su poder a oficiales y suboficiales, varios de los cuales cumplen más de 10 años en su poder.
En marzo de 2006, las FARC liberaron de forma unilateral a dos policías, en azaroso episodio debido a ataques militares.
Por su parte, Uribe puso en libertad en junio del año pasado al miembro de la comisión internacional de las FARC, Rodrigo Granda, por gestión del presidente francés Nicolas Sarkozy.
Con el argumento de la falta de atención al tema, en agosto de 2000 la guerrilla inició la toma de rehenes civiles, prohibida por el DIH. La primera víctima fue el entonces representante Óscar Tulio Lizcano, que aún permanece en poder de la guerrilla.
En total, las FARC tomaron rehenes a 24 civiles. De ellos, perecieron 13 (al menos dos de ellos ejecutados por sus captores), uno logró escapar en confusas circunstancias, y hoy es el canciller Fernando Araújo.
A excepción de las seis liberaciones unilaterales de este año, tanto los rehenes civiles como los prisioneros de guerra no tienen más garantía de libertad que un acuerdo del gobierno con las FARC.
