El mundo industrializado tendrá que cumplir el Protocolo de Kyoto y ser flexible en las negociaciones comerciales para que la humanidad pueda afrontar con éxito el cambio climático y «los pobres no sigan pobres» por mucho tiempo, dijo este jueves el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
En su discurso en Brasilia ante los 130 parlamentarios que participaron en el Foro de Legisladores del G-8+5 (países poderosos y emergentes), Lula hizo una fuerte defensa de los biocombustibles como una alternativa que combina mitigación del cambio climático y también de la pobreza.
Entre los 50 países más pobres, 38 son importadores netos de petróleo y, por tanto, sufrirán más gravemente el alza de los precios internacionales del producto, destacó.
La energía generada por productos agrícolas es una "oportunidad histórica" en esta fase de transición hacia nuevas fuentes, además de que "mejora la distribución de la riqueza mundial" al sumar seguridad energética a beneficios sociales y aumento de los ingresos y de empleos entre los pobres de los países en desarrollo, opinó.
Pero es "una revolución que sólo se concretará si los países ricos abren sus mercados, reduciendo sus subsidios agrícolas", advirtió el mandatario en su alocución en el Foro de dos días que finalizó este jueves.
Ese es un reclamo de países en desarrollo que, al no tener respuestas satisfactorias de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, bloquea las negociaciones de la llamada Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, para una mayor liberalización comercial global.
Lula contrarrestó las acusaciones de que los biocombustibles restan tierras a la producción de alimentos, señalando que Brasil dispone de 60 millones de hectáreas de pastizales abandonados, deforestadas, que ya no sirven a la ganadería y que podrán ser "recuperadas" por la siembra de caña de azúcar y oleaginosas destinadas a biodiésel.
Actualmente Brasil produce etanol que responde por un tercio del combustible consumido por automóviles en el país, además de exportar más de 3.000 millones de litros al año, todo ello con una siembra que abarca menos de cuatro millones de hectáreas.
Además, su rendimiento se multiplicó por cuatro desde 1975, cuando Brasil inició su plan nacional de sustitución de gasolina por el alcohol de caña de azúcar, y sigue creciendo, acotó Lula.
La "inflación de (los precios de los) alimentos" que se registra en todo el mundo se debe más al aumento del consumo por parte de poblaciones, como en China, India y en otros países menos poblados que ampliaron sus ingresos, argumentó ante las críticas al alza de precios agrícolas atribuida al uso de granos para fabricar etanol y biodiésel.
Gran parte de las críticas que caen sobre los biocombustibles se debe al uso en Estados Unidos y en la Unión Europea del maíz, otros granos y de la remolacha para producir etanol y biodiésel, con alta protección arancelaria y subsidios.
Esa situación estaría dificultando el desarrollo de los biocombustibles y, por ende, el combate contra la pobreza en países tropicales, como los africanos y centroamericanos.
Tanto Lula como su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, aprovecharon el Foro también para explicar las medidas de reducción de la deforestación amazónica y defender la propuesta que impulsaron de un fondo para remunerar el servicio ambiental que es la preservación de los bosques tropicales.
El Foro reunió legisladores del G-8+5 (el Grupo de las Ocho países más poderosos del mundo y de los Cinco emergentes, Brasil, China, India, México y Sudáfrica.
El encuentro fue promovido por la Organización Global de Legisladores por un Ambiente Balanceado (Globe por sus siglas inglesas) y la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sustentable (COM+).
La COM+ congrega a organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y entidades dedicadas a la comunicación, como IPS (Inter Press Service) y la cadena de radio y de televisión británica BBC.
Biocombustibles y bosques fueron los temas centrales del Foro de dos días que aprobó recomendaciones que serán presentadas en la Cumbre del G-8, que tendrá lugar en julio en Japón. Pero no hubo acuerdo sobre un asunto más amplio como es el Marco Regulatorio sobre Cambio Climático Post-2012, cuya discusión seguirá en vísperas de es reunión de países poderosos.
El primer tema fue el más polémico por la presencia de los gobernantes brasileños y de representantes de empresas productoras, como la firma estatal petrolera Petrobrás, que amplió sus actividades al campo energético en general, y la Unión de la Industria Cañera de Sao Paulo (Unica), todos interesados en abrir los grandes mercados para un producto que, a corto plazo, sólo Brasil tiene condiciones de exportar en gran escala.
El esfuerzo brasileño de convencer a los parlamentarios no evitó que el documento aprobado fuese menos afirmativo que el propuesto. Reconoce el liderazgo de este país en el campo de la producción de etanol, pero condiciona a certificaciones internacionales una expansión de su comercio.
El debate destacó dudas sobre la validez de los biocombustibles para mitigar el cambio climático, así como también los riesgos que implica esa producción en la seguridad alimentaria en muchos países, al quitarle tierras a su siembra y desviar granos para el sector de los combustibles.
Esa discusión fue lo que motivó la larga argumentación de Lula y de otros delegados brasileños en favor del etanol de caña de azúcar, más eficiente que materias primas usadas en Estados Unidos y Europa y estimuladas con subsidios y protección del mercado.
Los representantes brasileños insisten en que en países tropicales pobres, como los africanos, hay igualmente mucha tierra disponible y que la producción agroenergética contribuiría mucho al combate contra la pobreza, principal causa del hambre.
La existencia de leyes reguladoras y certificaciones reconocidas de productos forestales permitió un consenso menos difícil en las recomendaciones de los parlamentarios sobre el modo de corregir la extracción ilegal de maderas.
Las propuestas a presentar ante el G-8 comprenden desde la creación de un sistema global que reconozca mecanismos nacionales de control de maderas producidas legalmente, el refuerzo de mercados legítimos y sustentables para este sector y de financiamientos a actividades con manejo forestal.
La idea es que medidas del G-8 serían decisivas para promover una explotación legal, transparente y sustentable de maderas en el mundo.
La ministra Silva destacó que Brasil redujo en 59 por ciento la deforestación amazónica en los tres últimos años y confía en revertir la tendencia de aumento registrada en los últimos meses, con medidas de represión y también en infraestructuras, que puedan hacer más ventajoso mantener los "bosques en pié" que talarlos para la agricultura y ganadería.
Durante los debates, muchos parlamentarios aprovecharon para defender a sus países. El jefe de la delegación de China, Chao Baochung, se quejó de "informaciones incorrectas", apuntando que 30 por ciento de las emisiones de gases invernadero atribuidas a su país son generadas afuera, en la producción de componentes ensamblados en China.
El estadounidense Edward Markey destacó las últimas medidas implementadas por Washington, como la que exige un aumento de la eficiencia energética de los vehículos y abultadas inversiones en investigaciones para la producción de biocombustibles de celulosa, la llamada segunda generación.
Pero Lula, quien en realidad debía hablar en la apertura del Foro, se propuso tener la última palabra y por ello concurrió sólo a la penúltima sesión para acusar a los países industrializados de incumplir sus compromisos asumidos en el Protocolo de Kyoto.
También atribuyó al mundo rico el hecho de poner obstáculos a iniciativas como la de los biocombustibles, que, según el propio Lula, contribuye a la seguridad energética, a la mitigación del cambio climático y a la reducción de la pobreza, es decir hacia un mundo menos desequilibrado.
