El gobierno izquierdista de Bolivia hace llamados enérgicos y ya desesperados para evitar la convocatoria en el departamento de Santa Cruz de un referéndum que consolide su autonomía, mientras en las altas montañas resuena con sordo eco la proclamación de independencia de Kosovo.
Casualidad o no, pero el episodio secesionista en los Balcanes con la independencia de Kosovo proclamada el 17 de este mes por su parlamento, llega exactamente cuando en la oriental región de Bolivia germina un proceso autonomista, con rasgos separatistas, liderado por el líder cívico empresarial Branco Marinkovic, un descendiente de inmigrantes yugoeslavos.
Marinkovic, un próspero industrial y poseedor de 26.000 hectáreas de tierras fértiles y lagunas en el norte del departamento de Santa Cruz, preside una organización integrada por empresarios, terratenientes, exportadores y grupos de derecha, que se ha constituido en la principal oposición al gobierno nacional del indígena aymara Evo Morales.
Aunque el llamado Comité Cívico Pro Santa Cruz es una figura sin reconocimiento legal, cobra poder político por la influencia de sus integrantes, reforzada por la coincidencia de objetivos con el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, un activo opositor de Morales al igual que los gobiernos de los departamentos de Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba.
Costas, de la derechista Agrupación Ciudadana Autonomía para Bolivia y ex presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, fue elegido el 2 de julio de 2006 en el marco de la primera generación de prefectos surgidos de las urnas, tras un ciclo en que sólo el mandatario del país tenía la atribución de designar esas autoridades.
Así, los gobiernos de seis de los nueves departamentos en que se divide Bolivia trabajan en contra de la política de Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), aunque esa posición no refleja el pensamiento de la totalidad de los habitantes de esas jurisdicciones.
Mientras el gobierno de Morales, instalado el 22 de enero de 2006, avanza en busca de una revolución democrática y cultural mediante una nueva Constitución nacional, las autoridades de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, más desarrolladas y con ricos recursos naturales, definieron como objetivo inmediato la creación de autonomías departamentales.
Con más agresividad y liderazgo en el frente opositor regional, el prefecto Costas y el propio Marinkovic impulsaron la creación de una asamblea provisional autonómica el 15 de diciembre, exactamente seis días después de que la Asamblea Constituyente aprobara un nuevo texto de ley fundamental en la ciudad de Oruro para que sea puesto a referéndum.
Así, la asamblea provisional cruceña aprobó un estatuto que otorga al departamento la potestad de regir sobre sus recursos naturales, hidrocarburos, las extensas y productivas tierras, crea un régimen impositivo, regula las migraciones internas y hasta anuncia un nuevo cuerpo policial, al margen del existente y dirigido desde la comandancia general en La Paz.
La norma estatutaria surgió en respuesta al texto constitucional, aprobado por asambleístas afines al presidente Morales en una acelerada y agitada sesión, en el cual se reivindica el derecho de los indígenas, se reconoce su cultura y crean cuatro formas de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena, una división rechazada por los impulsores de la autonomía cruceña.
Desde el 7 de enero cuando se instaló una mesa de diálogo entre el presidente Morales y los nueve prefectos departamentales, ambas partes hablan públicamente de buscar una solución política concertada, pero sus acciones están en direcciones completamente opuestas.
Ya 23 días después de ese primer encuentro, la prefectura de Santa Cruz resolvió convocar un referendo departamental para el 4 de mayo, con la finalidad de ratificar y dar vigencia al estatuto autonómico.
Al mismo tiempo, el gobernante MAS continúa con una tarea de difusión de la proyectada Constitución de Bolivia en preparación de una consulta popular que debe aprobar o rechazar el texto. La fecha de ese referéndum aún no ha sido fijada.
Las dos acciones enfrentadas marchan a paso acelerado mientras el diálogo entre el gobierno nacional y el de los departamentos permanece detenido, pese al llamado de sectores independientes y de la Iglesia Católica para que se dé lugar a una negociación y se llegue a un acuerdo que ayude a mantener la unidad territorial del país.
"¿Decide usted la ratificación y puesta en vigencia del estatuto del departamento autónomo de Santa Cruz, aprobado en fecha 15 de diciembre de 2007 por la asamblea provisional autonómica, para que de manera inmediata se constituya en la norma institucional básica del departamento y sea de cumplimiento obligatorio para todos los que habitan y ejercen la función pública en el departamento?, expresa el texto de la pregunta oficial que será sometida a las urnas el 4 de mayo.
Los preparativos de la consulta autonomista avanzan con firmeza y en medio de la confusión de la Corte Nacional de Electoral, que no autorizó a su oficina departamental cruceña a realizar la consulta.
La victoria del "Sí a las autonomías" en la consulta realizada el 2 de julio de 2006 en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija es el primer fundamento legal enarbolado por sus impulsores. También es el combustible de las sucesivas marchas multitudinarias y de la conformación de la asamblea provisional.
El presidente Morales comenzó, a su vez, una campaña dirigida a debilitar la convocatoria cruceña y ha insistido en que detrás de todo esto está la pugna entre su propuesta de avance social y lucha por los más débiles frente a los terratenientes en defensa de sus privilegios.
El mandatario izquierdista impulsa la distribución de tierras a campesinos pobres y agricultores sin espacios de siembra, y cuestiona la acumulación de propiedades en pocas manos, en referencia a las grandes posesiones de poderosos empresarios agroindustriales.
"Si queremos ser un solo país debemos tener una sola Constitución. Un referendo en Santa Cruz pone en riesgo la unidad nacional", expresa el viceministro de coordinación gubernamental Héctor Arce.
En el gobierno nacional y en sectores populares afines a Morales, el avance cruceño es interpretado como un paso más hacia una división territorial o la apertura a una etapa violenta.
Precisamente, la posibilidad de violencia política figura entre los cálculos del propio vicepresidente Álvaro García Linera cuando expone una teoría del conflicto en la cual una de las partes debe lograr la hegemonía.
