La emergencia nacional declarada en Bolivia para afrontar los desastres causados por el fenómeno climatológico de La Niña puso en segundo plano el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. Pero, lejos de alcanzar acuerdos, ambas partes afianzan posiciones para medir fuerzas en un referendo.
Desde la instalación de la primera reunión el 7 de enero, el presidente izquierdista Evo Morales y los nueve prefectos (gobernadores) de los departamentos opuestos a La Paz no han podido lograr limar sus asperezas.
Las prefecturas reclaman la reposición de recursos generados por la producción petrolera que el gobierno ha recortado para orientarlo al pago de una renta vitalicia de unos 26 dólares mensuales a todos los bolivianos mayores de 60 años.
El segundo tema que enfrenta a las partes es el proyecto de Constitución nacional, aprobado el 9 de diciembre sólo con la participación del oficialismo y de algunos miembros de la centro izquierdista Unidad Nacional (UN), pero en ausencia de las principales fuerzas opositoras.
Los prefectos departamentales Rubén Costas, de Santa Cruz, Ernesto Suárez, de Beni, Mario Cossío, de Tarija, y Leopoldo Fernández, de Pando, cuestionan el proyecto constitucional y defienden un proceso de autonomía de sus distritos en franca oposición a ese texto legal impulsado por Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS).
Comisiones técnicas con representantes de las dos partes no lograron conciliar ambos puntos y, por el contrario, los gobiernos departamentales eligieron el camino de la presión a Morales en medio del desastre nacional ocasionado por torrenciales lluvias e inundaciones en vastas zonas del oriente del país.
Casi en tono de imploración, el presidente Morales pidió el martes a los prefectos de la oposición y organizaciones civiles hacer un paréntesis en la lucha política y orientar los esfuerzos a la atención de las 56.986 familias afectadas en las últimas semanas.
Cuando se anticipa un fracaso del diálogo, el gobierno y las regiones mostraron mayor predisposición para acudir a las urnas y aceptar el reto del propio Morales de someter a consulta popular su mandato presidencial y el de los prefectos de los nueve departamentos en que se divide el país.
El referendo sería el mecanismo para dilucidar el desencuentro con las regiones opositoras en base a la voluntad del pueblo, dijo a IPS el diputado del MAS, José Pimentel.
"Estamos dispuestos a asumir el reto y volcar la opinión contraria generada contra el presidente Morales", expresó Pimentel.
El gobierno realiza una campaña de difusión sustentada en medidas como la renegociación de contratos con empresas petroleras extranjeras, a la que denomina nacionalización, el programa masivo de alfabetización, la atención médica con apoyo de profesionales cubanos, y la asignación de bonos de asistencia para niños en edad escolar y para personas de la tercera edad.
El diputado Pimentel anticipó una lucha previa al referendo en la cual el MAS difundirá los alcances de su política social y económica, y prevé una rearticulación de los sectores de derecha con la participación de sus "actores internos y los representantes de intereses extranjeros".
Una victoria del oficialismo permitirá al Poder Ejecutivo actuar con mayor contundencia y celeridad en el proceso de transformar el Estado, sostuvo Pimentel.
Pero también un referendo sería una oportunidad para la oposición que desea derrotar a un gigante y un líder (Evo Morales) que pocas veces se encuentra, mientras el oficialismo pretende reafirmar su gestión, expresó a IPS el diputado de la centro izquierdista Unidad Nacional (UN), Guillermo Mendoza.
Pero advirtió acerca del "abuso del referendo y de la democracia", que lesionaría las expectativas del pueblo por una regularidad sin sobresaltos en la gestión de un gobierno.
"La interrupción de un proyecto generaría desesperanza y puede desbordarse en una reacción popular. Si Morales deja a medias su mandato, las esperanzas de las masas pueden quebrarse", comentó el legislador.
El senador Tito Hoz de Vila, de la derechista agrupación ciudadana Poder Democrático y Social (Podemos), dijo a IPS que el diálogo entre el gobierno y los prefectos se ha convertido en una prueba de fuerza permanente, donde los dos actores apuestan por doblar el brazo al otro.
Hoz de Vila apoya las observaciones de los sectores de oposición y cuestiona la negativa del Poder Ejecutivo ante el pedido de revisar los "vicios legales" del proceso de aprobación del proyecto de Constitución.
Una sesión realizada el 24 de noviembre en Sucre, a la que denomina "acuartelamiento" por el trabajo de los asambleístas del oficialismo en instalaciones de un instituto militar, y la "encerrona" en un edificio universitario sin la presencia de la oposición, en Oruro, son los hechos anotados por el legislador para restar validez al proyecto constitucional oficialista.
La convocatoria de la prefectura de Santa Cruz a un referendo sobre la autonomía departamental fijada para el 4 de mayo, carece de legalidad, pero la campaña gubernamental para obtener respaldo popular al cuestionado proyecto de Constitución también resta autoridad moral al Poder Ejecutivo cuando intenta censurar al movimiento autonómico, opinó.
Todos los acontecimientos están conduciendo a una situación de inviabilidad democrática y amenazan con una profunda división nacional, advirtió el senador de Podemos.
