A pedido del gobierno, el parlamento de Perú discutirá esta semana la autorización a vender tierras sin labrar en la Amazonia a empresas privadas que inviertan en reforestación. Empero, los críticos alertan que no hay un catastro de las áreas que pueden enajenarse sin dañar la biodiversidad.
La modificación de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, que estaba programada para tratarse la semana pasada, se postergó con el pretexto de la ausencia del presidente de la Comisión Agraria, el legislador oficialista Franklin Sánchez.
Pero la razón de fondo es que los parlamentarios afines al presidente Alan García muestran dudas de aprobar esta norma ante los fuertes cuestionamientos de expertos, de sectores de la oposición y de organizaciones sociales, como los campesinos movilizados en la nororiental región Loreto.
En la legislación peruana vigente, las áreas para reforestación son otorgadas mediante concesión. Pero García asegura que, si estos terrenos son vendidos, se conseguirá otorgarle mayor seguridad a los empresarios y promover empleo.
"Aprovechar la madera y renovarla es una posibilidad de generar trabajo haciendo inversión. Estamos en un mundo ideológico que dice que no se puede tocar la Amazonia porque es parte del idilio del comunismo primitivo", sostuvo el presidente de Perú en una entrevista publicada el 21 de enero en el diario español ABC.
Pero el interés del gobierno de poner en venta terrenos de la Amazonia ya había sido adelantado por García antes en un artículo de opinión publicado en el diario local El Comercio.
Los especialistas aseguran que García sólo da prioridad al factor económico de la inversión sin tomar en cuenta la situación real de esos terrenos, que conforman un área de gran riqueza natural, y tampoco a los habitantes de la zona, muchos de ellos indígenas.
"El problema es que en el proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo no está definido de qué clases de tierras hablamos realmente porque tampoco existe un catastro", señaló a IPS el coordinador del Programa Forestal de la no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Luis Capella.
"Entonces, un terreno sin cubierta boscosa puede tratarse en realidad de un bosque primario que terminará destruido al momento de ponerlo en venta", explicó.
En efecto, en el proyecto a estudio del Congreso legislativo se señala de manera general que se podrá adjudicar en venta "tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas".
En la Amazonía peruana existen 1.450 comunidades indígenas pertenecientes a 65 grupos étnicos, según el censo de 1993, y, pese a la intención del gobierno de dar en propiedad terrenos eriazos, el Ministerio de Agricultura reconoció a IPS que el catastro para identificar la situación real de la zona sólo estará listo a fines de este año.
Pese a ello, el portavoz de esa cartera aseguró que se calcula que existen 9,5 millones de hectáreas deforestadas.
Según Capella, es indispensable que se elabore un diagnóstico, porque, debido a la geografía boscosa de la Amazonía, resulta difícil que exista gran cantidad de tierras eriazas para inversión como se quiere hacer creer.
"Con decir que en lugar de dar en concesión se va a vender, el presidente no soluciona las cosas, porque tampoco existe un marco reglamentario e institucional que soporte y supervise la inversión en estas zonas", agregó Capella.
En la actualidad, la supervisión de la reforestación está a cargo del estatal organismo Proinversión como si se tratara de cualquier otra actividad económica y no de una entidad que pueda analizar los factores ambientales, sociales y culturales que deben tomarse en cuenta a la hora de vender los territorios de la Amazonia.
La iniciativa de García cuenta con un dictamen a favor en la Comisión Agraria del Congreso, encabezada por el legislador oficialista Sánchez.
Tal proyecto amplía de 10.000 a 40.000 hectáreas el límite de extensión de las tierras adjudicadas y no desarrolla un marco reglamentario que garantice la supervisión para la reforestación y tampoco involucra a los gobiernos regionales.
"En un escenario incierto, cuando no se tiene claro en qué condiciones y qué derechos se le va a otorgar a los compradores y qué otros derechos de los pobladores serán afectados, ¿cómo puede hablarse de que esta norma garantizará la inversión y más empleo?", se pregunta Capella.
En la Comisión de Economía, donde también se debatió el proyecto, se rechazó la posibilidad de poner en venta estos territorios y se aprobó un dictamen en el que se mantiene la figura de la concesión mediante procesos de subasta pública.
Las posiciones en el Congreso están divididas en la materia.
"No estoy de acuerdo en que se venda, porque también se pueden garantizar inversiones mediante la figura de la concesión, y la Amazonia es uno de los pulmones del mundo donde hay comunidades que deben ser consideradas", indicó a IPS Lourdes Alcorta, la legisladora de la alianza de centroderecha Unidad Nacional.
En UN hay voces a favor y en contra, a pesar de que es uno de los partidos que decididamente apoya las iniciativas que promueve la empresa privada.
En el grupo progresista Unión Por el Perú, el rechazo es unánime. "No queremos que se envenenen los recursos naturales. Incluso el sistema de concesiones forestales vigentes demuestra que ha sido un fracaso, porque sólo ha servido para saquear la selva y que un grupo de empresas se beneficien con la venta de madera ilegal", manifestó el legislador de esa agrupación Róger Najar.
La legisladora oficialista Nidia Vílchez, ex presidenta de la Comisión Agraria, repitió los argumentos del presidente García al señalar que el proyecto de ley "apunta a generar más empleo", pero reconoció que antes de poner en venta los terrenos sin cubierta boscosa debe garantizarse la realización de un catastro y la titulación de estas áreas.
En la selva, apenas 37 por ciento de los predios rurales cuentan con título, informó a IPS el estatal Organismo de Formalización de la Propiedad Informal. El principal obstáculo, explicaron portavoces de ese ente, es el marco legal, debido a que hay muchas restricciones como permitir la titulación sólo de las tierras que son económicamente aprovechadas.
La iniciativa presidencial, que cuenta con el apoyo del bloque oficialista del parlamento, ha caldeado los ánimos en las regiones amazónicas. Organizaciones sociales de Loreto realizan movilizaciones callejeras desde hace varios días.
Para la primera quincena de febrero, organizaciones de tres regiones de la Amazonia evaluarán la convocatoria a una huelga contra el polémico proyecto de ley.
"Vamos a protestar mientras no se considere en la toma de decisiones, porque lo único que están haciendo es copiar modelos extranjeros de reforestación sin considerar nuestra realidad", comentó a IPS el secretario general del Frente de Defensa de Ucayali, Rómulo Coronado.
