«Las primeras manchas rojas sobre la camisa blanca de Nicanor», reza la inscripción de un nicho al costado del camino a Ypecuá, a 230 kilómetros de Asunción, donde campesinos luchan por su tierra y contra las enfermedades causadas por agroquímicos usados en las cercanas plantaciones de soja.
En el precario panteón de esta localidad están los restos de dos labriegos del asentamiento Juliana Fleitas, en el meridional estado de Caaguazú, asesinados en 2004, durante una violenta acción policial ordenada por el presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, contra agricultores que se oponían a la fumigación de los cultivos de la oleaginosa.
Las 90 familias que viven en el predio alegan que las 1.100 hectáreas de la tierra que ocupan desde 1995 fueron vendidas en forma irregular por el Estado a un alto funcionario del gobierno. Tras resistir siete intentos frustrados de desalojo, finalmente lograron en 2007 que el Congreso legislativo aprobara una ley de expropiación del inmueble.
Sin embargo, los trámites para la titulación de la propiedad están varados en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y, sin ella, no pueden acceder a créditos para la producción, a semillas ni a asistencia técnica para mejorar el rendimiento de sus cultivos.
"Cuando empezamos la lucha, esta tierra estaba sin uso. Nuestros dirigentes fueron a la cárcel cuatro veces por querer tierra para sobrevivir y alimentar a nuestros hijos", contó a IPS la dirigente Blanca Cabrera.
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Los pobladores pertenecen a la Federación Nacional Campesina, que agrupa a pequeños y medianos productores y labriegos sin tierra, y define sus acciones bajo el criterio de ocupar estancias de más de tres mil hectáreas, consideradas latifundios.
Paraguay es el país de América Latina con la más alta concentración de la tierra en manos de grandes terratenientes. Según el último censo agropecuario nacional, uno por ciento de los propietarios concentra 77 por ciento de las tierras productivas.
El asentamiento Juliana Fleitas debe su nombre a la niña que falleció en el vientre de su madre, tras la represión policial de 2004 durante un intento de desalojo.
Antonia Ramírez, embarazada de ocho meses perdió a su bebé debido a los severos golpes sufridos cuando trataba de impedir que su marido, Sotero Fleitas, fuera detenido por la policía por resistirse al procedimiento.
A ambos lados del precario camino que conduce a Ypecuá, grandes extensiones de cultivos de soja cubren todo el panorama y se pierden en el horizonte, semejando un inmenso "desierto de hojas verdes", como lo llaman los lugareños.
La soja se ha convertido en las últimas décadas en el principal rubro de exportación de Paraguay, que actualmente ocupa el cuarto lugar mundial entre los países productores, tras Estados Unidos, Brasil y Argentina.
Según el Ministerio de Agricultura, hay más de 2,4 millones de hectáreas de cultivos de la oleaginosa, 38 por ciento del total de la producción agrícola del país.
La producción intensiva ha frenado actividades tradicionales como la maderera, la ganadera y hasta el cultivo de algodón, principal producto agrícola exportable, que se redujo fuertemente pasando de 509.000 hectáreas sembradas en 1990 a sólo 160.000 hectáreas en 2006.
Además, como parte de "la situación de abandono, sufrimos la falta de asistencia sanitaria", explica a IPS Guillermina Centurión.
El Ministerio de Salud instaló en la comunidad un puesto sanitario que carece de personal y equipamiento y nos obliga a recorrer casi 30 kilómetros hasta la clínica más cercana, que sólo atiende los lunes y viernes, agrega.
La mayoría de los niños padece afecciones dermatológicas, en forma de llagas o irritaciones de la piel, y cefaleas, vómitos y náuseas, que afectan por igual a jóvenes y adultos.
Los pobladores culpan de estos males al uso indiscriminado de agroquímicos y por años han reclamado sin éxito al Ministerio de Salud que realice estudios toxicológicos para detectar residuos de esas sustancias en la sangre de los posibles afectados.
Según el médico e investigador Joel Filártiga, el herbicida glifosato, usado en el cultivo de la soja transgénica Roundup Ready de la corporación estadounidense Monsanto, es cancerígeno.
En los seres humanos y animales, el glifosato produce irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, múltiples formas de reacciones alérgicas y dolor abdominal, entre otros síntomas.
"Estamos expuestos constantemente a las fumigaciones. El olor es insoportable y se prolonga por varios días, en especial cuando hay mucho viento", relata Juan Santa Cruz, dirigente del asentamiento
La mayoría de las mujeres de la comunidad declararon a IPS que habían sufrido abortos espontáneos.
Hace dos años, Matilde de Noguera, perdió a su hijo de apenas ocho meses. El niño nació con ampollas en todo el cuerpo y no recibió atención médica adecuada porque sus padres no tenían dinero para los medicamentos.
Ahora, su segundo hijo, recién nacido, tiene el mismo problema: su cuerpo está lleno de excoriaciones y su rostro luce irritado.
Noguera y su hijo fueron dados de alta del hospital luego de cuatro días de internación, "a pesar de que ambos no están bien como para resistir la dolencia", relata Cabrera.
"Vamos a ver qué pasa, ojalá no ocurra algo grave", dice con resignación. La comunidad sobrevive en base a cultivos de mandioca, maní y maíz, aunque también hay algunas plantaciones de algodón y otros productos agrícolas, como zapallo, tomate y hortalizas, en general destinadas al consumo propio.
Una parte de la producción se reserva para la venta, aunque las ganancias son mínimas debido a las dificultades para llegar a los mercados, por la precariedad del camino y los bajos precios.
"Esta situación está socavando al campesinado", resume Santa Cruz. "Se busca no solo implementar un modelo de producción, que es el monocultivo de soja, sino también terminar con los pequeños productores", agrega. "Esto los obliga a vender sus tierras y migrar hacia zonas urbanas del país para engrosar los cinturones de pobreza", reflexiona.
El llamado "caso Ypecuá" fue denunciado a fines del año pasado en Ginebra, ante la Comisión de Derechos Económicos y Sociales (Cdesc), que funciona en la órbita de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El gobierno paraguayo recibió en esa oportunidad un duro tirón de orejas por parte del comité, por lo que consideró graves violaciones al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales que vela el organismo.
"Este es el país de maravillas de Nicanor", bromea Marta Penayo, señalando el paisaje que rodea el predio, donde hoy no queda un solo árbol en pie, pero hace algunos años estaba cubierto por frondosos bosques.
Una ironía que despierta la risa colectiva pero tiene un sabor amargo en la comunidad, que pese a todo, sigue dispuesta a luchar.
"Vamos a resistir. No nos vamos a entregar a un modelo económico que busca eliminarnos", concluye Melania Méndez.
