Venezuela estrenó el nuevo año con una ley de amnistía decretada por el presidente Hugo Chávez, que ha sido aplaudida por la oposición como un importante paso hacia la reconciliación, a pesar de sus elementos discriminatorios.
La ley cierra uno de los episodios más controvertidos de los nueve años en el poder de Chávez: el fugaz golpe de Estado de 2002.
"Ya es suficiente. Es cuestión de pasar página. Quisiéramos un país que marche hacia la paz", dijo el presidente al explicar los alcances de la ley, que determina el "olvido legal" para 13 delitos contra el orden establecido, 10 de los cuales tienen que ver con el golpe que entre el 11 y el 13 de abril de 2002 alejó a Chávez del poder.
El fallido golpe fue conducido por mandos militares y algunos civiles, mientras partidarios y opositores de Chávez se enfrentaban en las calles de Caracas. El día 12, el mandatario fue trasladado a un cuartel. Pero uniformados leales y una movilización popular lo reinstauraron en su cargo el 14.
La amnistía también perdona los hechos de rebelión civil que se hayan cometido hasta el 2 de diciembre pasado: una fecha significativa, porque ese día la oposición derrotó al presidente en el referendo sobre la reforma constitucional, que contemplaba la reelección indefinida y amplios poderes para implantar un sistema socialista.
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"Hay que reconocer la iniciativa como un muy valioso gesto del presidente hacia la tolerancia y la reconciliación", dijo a IPS Mónica Fernández, dirigente del Foro Penal Venezolano, una organización de defensa de perseguidos políticos.
Pero Fernández, una abogada beneficiada por la amnistía, criticó "el carácter altamente restrictivo" de la medida dictada por Chávez al amparo de la llamada Ley Habilitante, mediante la cual la Asamblea Legislativa otorgó amplios poderes al presidente para gobernar por decreto hasta junio próximo.
La amnistía excluye expresamente a los involucrados en los hechos perdonados que no se hayan sometido a la justicia o que estén acusados de delitos de lesa humanidad. Fernández calculó que la medida beneficia directamente a unas 400 personas y excluye a unas 20.
Pero en esta veintena "están algunos de los casos más emblemáticos de la persecución política", precisó Fernández, para quien este hecho convierte a la ley en una herramienta "excesivamente discriminatoria, excluyente, ambigua y contraria a la letra y el espíritu de lo que es una amnistía".
El Foro, junto con analistas y juristas, recordaron el antecedente más cercano a la amnistía: el perdón, en 2002, de todos los delitos relacionados con las dos fracasadas intentonas golpistas de 1992. En esa ocasión se estableció un alcance "general y pleno" para todos los involucrados, aunque parte de ellos nunca se presentaron ante la justicia.
Chávez lideró como teniente coronel la primera de esas dos sublevaciones, y buena parte de los otros participantes han ejercido o ejercen importantes cargos en su gobierno.
La fiscal general Luisa Ortega ha insistido que están excluidos de la amnistía los tres comisarios policiales, presos y procesados desde hace tres años, que participaron en la "masacre de Puente Llaguno", en la que murieron 19 manifestantes en las cercanías de la sede presidencial, en un hecho que fue usado como detonante del golpe de abril de 2002.
El argumento de Ortega es que los tres comisarios cometieron un delito de lesa humanidad. Fernández, al igual que otros abogados opositores, destacó que la Fiscalía General no tiene nada que decir en un caso de amnistía, y que al que toca decidir es al tribunal que los juzga, por delitos comunes y no por un crimen contra los derechos humanos, por lo que corresponde su liberación.
Los tribunales venezolanos están de vacaciones hasta el día 7, lo que ha impedido, salvo alguna excepción, hacer efectiva la amnistía y conocer la interpretación de los jueces sobre las ambigüedades que se adjudican a la ley.
El Foro recomendó a todos los posibles beneficiados que "se pongan a disposición de la justicia" si no lo han hecho hasta ahora, porque los tribunales deberán sobreseerlos bajo el principio penal de que ante la duda el acusado debe ser siempre beneficiado y el dictamen tiene que favorecer la libertad.
Alberto Arteaga, un jurista especializado en temas constitucionales y penales, elogió la amnistía "por lo que tiene de signo a favor de la paz y la reconciliación". Pero criticó que no haya sido una ley de la Asamblea Legislativa, que tiene la atribución constitucional para sancionarla, ya que al ampararse en la Ley Habilitante se incurre en una irregularidad tanto formal como conceptual y se da pie a ambigüedades, discriminaciones y objeciones jurídicas, dijo a IPS.
Una amnistía "es un instrumento de alcance general en que no caben excepciones, brinda un manto de olvido legal a hechos y no a personas y se destina a extinguir la acción penal derivada del delito, como ley abolitiva que es", agregó.
Es un "total contrasentido" que la ley extinga un delito y pretenda mantener procesados y presos por algo ya inexistente. "Si no hay delito, no puede haber delincuente", aseguró.
Arteaga también considera problemático que se excluya de la amnistía a personas acusadas de delitos de lesa humanidad, ya que esa figura no existe en el derecho penal venezolano.
Aunque la Constitución vigente desde 1999, impulsada por Chávez, establece en su artículo 29 que no puede haber amnistía para los delitos de lesa humanidad, aún no se reformó la legislación para dar cabida a ese concepto vigente en el derecho internacional.
Por otra parte, Venezuela aún no había suscrito en abril de 2002 el Estatuto de Roma, que tipifica los crímenes de lesa humanidad y su no prescripción, por lo que ese tratado, que según la Constitución tiene rango de ley nacional, no estaba vigente cuando se produjo el golpe de Estado contra Chávez.
La no retroactividad de la ley penal determina que los delitos sólo pueden ser sancionados por las normas vigentes al momento de ser cometidos. Arteaga se incluye en el grupo de analistas que consideran que las exclusiones y ambigüedades de la amnistía tienen dos objetivos políticos.
El primero, detalló, es "hacer pasar a algunos por un vía crucis previo, una cierta sanción que incluya quizás algunos días de cárcel, antes de otorgarles el obligado sobreseimiento porque los tribunales no pueden aplicar lo que es legalmente inaplicable y es contradictorio con la propia ley".
El segundo, agregó, es aplacar el rechazo que, como Chávez bien sabía, iba a despertar la amnistía en los sectores más radicales de sus propios adeptos, que siempre se han mostrado contrarios al perdón del golpe de 2002 y lograron paralizar un proyecto de ley de similares alcances que la Asamblea Legislativa consideró en 2006.
También los familiares de los muertos por los delitos ahora extinguidos han rechazado la amnistía. "No estamos de acuerdo con el perdón, porque el que perdona muere y la amnistía significa pasar la página", dijo Yesenia Fuentes, portavoz de la Asociación de Víctimas del 11 de Abril.
En medios de difusión oficialistas, como la radioemisora Yvke Mundial, los programas de opinión subrayan que "el chavismo está perplejo" por una amnistía que perdona a quienes "han realizado un golpe de Estado, un paro petrolero y no han mostrado voluntad de rectificación, lo que favorece la impunidad".
Sea como fuere, la amnistía ha sido percibida por propios y extraños como un paso a favor de poner diques a la crispación política que ha signado a Venezuela desde el efímero golpe de abril de 2002. Se trata de un reclamo de la sociedad que se ha vuelto clamor tras la derrota de la reforma constitucional en el referendo del 2 de diciembre y que ha colocado la palabra reconciliación como el vocablo de moda desde entonces.
Para el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, Chávez muestra "la voluntad de dejar atrás los agravios" y "apunta hacia la paz y la reconciliación nacional".
En ofrenda a la reclamada distensión, el presidente sacrifica el episodio que le ha permitido descalificar a la oposición, sin matices, como "golpista" desde abril de 2002.
Pero, a juicio de Fernández, el mandatario logra como contrapartida que se pase página definitiva a una sombra que la oposición mantenía sobre la actuación de Chávez durante el golpe de Estado: su desmentida renuncia a la presidencia.
