El primer ministro Recep Tayyip Erdogan ofreció a Turquía un plan de «restauración nacional». Pero la rapidez con que fue olvidada la consigna demuestra que los ciudadanos son concientes de las dificultades que afrontará el país este año.
El plan gubernamental reconoce las debilidades del sistema político y la estructura social de Turquía, pero intenta insuflar algún soplo de esperanza en los habitantes.
Sus 145 capítulos se concentran en cómo instaurar un "Estado de bienestar". A nadie sorprende el dato: el Partido Justicia y Desarrollo que lidera Erdogan es un retoño del Partido del Bienestar, con fuertes raíces en Anatolia oriental, cuya población sobrevive, principalmente, gracias a la ayuda estatal.
Turquía tuvo un fuerte crecimiento económico durante 23 trimestres consecutivos, desde 2002, bajo la administración del partido de Erdogan. El producto interno bruto por habitante pasó de 2.400 dólares en 2000 a casi 7.000 en 2007.
La deuda interna cayó de 78,3 a 40 por ciento del producto interno bruto, mientras que los pasivos con el Fondo Monetario Internacional se redujeron de 23.000 millones de dólares a 8.000 en esos cinco años.
Frente a este desempeño macroeconómico, y con pronósticos optimistas de las consultoras de riesgo e instituciones financieras para 2008, ¿por qué se pone tanto énfasis en el "Estado de bienestar"?
Como le ocurre a otras economías emergentes, la riqueza de Turquía se distribuye con inequidad. Mientras la capital, Estambul, compite con Hong Kong y Nueva York en construcción de edificios de lujo, las provincias del sur y del este se empobrecen día a día.
En estas regiones viven la mayoría de los turcos de origen kurdo, lo que las convierte en una fuente de inestabilidad en el futuro. La fuerza que representa a esta minoría, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), es considerada terrorista por los gobiernos de Turquía y Estados Unidos.
El plan de acción oficial apunta a lograr que los habitantes privilegiados de las grandes ciudades y la costa del mar Egeo tomen conciencia de las desigualdades sociales. Pero resulta poco claro en su abordaje de cuestiones que tocan el corazón del pueblo turco, sin distinción de origen étnico o condición social.
La seguridad interna y las libertades individuales preocupan a la mayoría de los habitantes más que la creación de nueve universidades en provincias que jamás tuvieron una, o el proyecto de desarrollo de Anatolia oriental, lanzado en 1971 pero lejos de su culminación y que fue presentado como prioridad para 2008.
La seguridad interna parece resumirse en acabar con el PKK. En noviembre de 2007, el parlamento autorizó al gobierno a realizar incursiones contra los insurgentes que se refugian en el Kurdistán iraquí, y Ankara ha utilizado esa luz verde en varias ocasiones desde entonces.
Aunque el gobierno apoyó sin reservas las acciones bélicas, el plan de Erdogan es tacaño en información sobre la estrategia de largo plazo para resolver el problema kurdo.
La retórica de las libertades individuales y la reforma constitucional fue utilizada como herramienta preelectoral en vísperas de los comicios legislativos de julio pasado. La intención fue unir a los votantes detrás de Erdogan, pero también demostrar el avance de la democratización ante los aliados occidentales de Turquía.
El ingreso en la Unión Europea ha sido caballito de batalla de la política exterior del primer ministro en los últimos cinco años, pero las autoridades del bloque han criticado regularmente la lentitud de Turquía en acercarse a sus principios democráticos básicos.
Un punto de controversia es un artículo del código penal que castiga la denigración de la "esencia turca", la república y sus instituciones, entre ellas el parlamento y las fuerzas armadas. Como no existe una clara demarcación de límites, la "denigración" y la crítica legítima se confunden.
El premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk estuvo a punto de ser condenado por referencias en un libro suyo al genocidio de más de un millón de armenios, entre 1915 y 1917, a manos del Imperio Otomano, predecesor de la actual República de Turquía.
Aunque el gobierno prometió abolir esa herramienta de censura, políticos, académicos y, sobre todo, los comandantes militares se oponen a eso. Erdogan necesitará mucho coraje para cumplir con su compromiso.
Cuando el primer ministro recibió en abril pasado una suerte de ultimátum militar, ante la posibilidad de que su correligionario Abdullah Gul accediera a la presidencia, Erdogan prometió un referéndum constitucional.
Gul resultó finalmente elegido y el ejército fue autorizado a atacar a los kurdos, incluso en Iraq. La tensión entre el Poder Ejecutivo y los militares se redujo, al menos por el momento. Y académicos vuelven a tomar la Constitución como objeto de propuestas de reforma, con una limitada participación de la oposición y de la la sociedad civil.
Pero han surgido voces contrarias a la reforma, de quienes creen que una revisión total, en lugar de algunos retoques, creará problemas en el país.
