La esperada reforma al sistema de pensiones de Chile, la iniciativa estrella de la presidenta Michelle Bachelet, está a un paso de convertirse en ley tras ser aprobada por la Cámara de Diputados. Pero parte de su contenido merece las reservas de los sindicatos.
"Valoramos la creación de un pilar solidario, pero criticamos que se haya dejado intacto el modelo de administración que permite que seis empresas lucren con los fondos de todos los trabajadores chilenos, que ascienden a 135.000 millones de dólares, 75 por ciento del producto interno bruto del país", dijo a IPS Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
"Nosotros entregamos nuestras propuestas en todas las instancias que hubo para hacerlo, pero en ninguna pudimos debatir al respecto. Se nos escuchó, pero nada más", acusó el dirigente de la multisindical, que representa a 820.000 trabajadores.
Por unanimidad, la cámara baja aprobó el miércoles el proyecto de ley que perfecciona el sistema previsional de capitalización individual que opera en el país desde 1981, cuando fue instaurado por decreto por el hoy fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
Con el propósito de privatizar la seguridad social, Pinochet creó las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sociedades anónimas encargadas de recaudar e invertir las cotizaciones de los trabajadores dependientes y de los que trabajan por cuenta propia.
Las AFP invierten los dineros en Chile y en el extranjero y entregan a sus afiliados al momento de su retiro los fondos acumulados durante su vida laboral. Este sistema no alcanzó a liquidar al Instituto de Normalización Previsional (INP), que agrupa a las antiguas Cajas de Compensación y que todavía acoge a 156.000 personas.
El proyecto de ley "que perfecciona el sistema previsional" fue enviado al Congreso legislativo por el gobierno de Bachelet el 19 de diciembre de 2006, cumpliendo así su principal promesa de campaña electoral.
Luego de un año de discusión, el Parlamento despachó una reforma que configura un sistema con tres grandes pilares: uno contributivo, otro solidario y un tercero de ahorro voluntario.
Con la reforma previsional, "Chile se encamina de verdad hacia el desarrollo y lo hace en el ámbito que más importa, en el de la dignidad humana", dijo Bachelet la noche del miércoles en un discurso difundido por cadena de radio y televisión.
La nueva norma, añadió la mandataria, "beneficia a todos los sectores, porque se preocupa por igual de trabajadores, pensionados y dueñas de casa, de adultos mayores y jóvenes, de trabajadores independientes y de trabajadores con contrato, de personas de sectores pobres y también de la clase media, de hombres y mujeres".
Durante su mandato, que finalizará el 11 de marzo de 2010, se beneficiarán 800.000 personas, cifra que llegará a 1,3 millones de personas en 2012, afirmó.
El pilar solidario, financiado por el Estado, otorgará Pensiones Básicas Solidarias (PBS) y Aportes Previsionales Solidarios (APS) a 40 por ciento de la población más pobre del país en 2008 y a 60 por ciento en 2012. Estos se entregarán a partir del primero de julio.
Las PBS beneficiarán a quienes no tienen derecho a pensión alguna en el actual régimen —como las amas de casa— y tendrá un valor de 60.000 pesos (unos 120 dólares) a contar del 1 de julio de 2008, monto que aumentará a 75.000 en la misma fecha de 2009.
El APS significa que el Estado complementará las pensiones más bajas de manera proporcional a lo cotizado por los trabajadores durante su vida laboral. En 2008, como máximo, el aporte fiscal permitirá agrandar las pensiones hasta 70.000 pesos y en 2012 hasta 255.000 pesos.
El texto establece además que los trabajadores por cuenta propia estarán obligados a afiliarse a una AFP a partir de 2012 y desde ese momento irá aumentado gradualmente el porcentaje de su renta imponible anual a cotizar.
La reforma también incentiva el trabajo y la cotización juvenil, a través de la entrega de un subsidio a los empleadores que contraten personas entre 18 y 35 años y del depósito de un aporte directo en las cuentas de capitalización individual.
De igual forma, la presidenta Bachelet señaló que "se premiará la maternidad", al entregar un bono a las mujeres por cada hijo nacido vivo.
La PBS, el APS y el bono de maternidad se entregarán a los 65 años, cinco años después de cumplida la edad legal de jubilación de las mujeres, aspecto criticado por la CUT. El proyecto también introduce mayor competencia entre las AFP, al establecer un proceso de licitación de los nuevos afiliados que se integren al sistema (unos 200.000 por año). La AFP que ofrezca la menor comisión por servicio se llevará la cartera hasta por 24 meses.
También se les permitirá a las AFP subcontratar una serie de funciones para bajar sus costos.
El tercer pilar será reforzado por dos vías: al entregar bonificaciones a los empleados que ahorren para mejorar su pensión y al crear la figura del "Ahorro Previsional Voluntario Colectivo". Esta herramienta implica que los fondos de los trabajadores serán complementados por los empleadores, mediante acuerdos entre las partes. También se creará un Fondo de Educación Previsional, destinado a desarrollar iniciativas de promoción, difusión y educación de este sistema y una Comisión de Usuarios del sistema de pensiones, que informará sobre el funcionamiento del sistema y propondrá las estrategias de educación y difusión.
La nueva norma establece, además, una serie de nuevas instituciones como el Instituto de Previsión Social, la Administradora de Fondos de Cesantía, los Centros de Atención Previsional Integral, el Consejo Técnico de Inversiones y la Superintendencia de Pensiones.
Uno de los aspectos que amenazaba con demorar la aprobación de la iniciativa era la propuesta de parlamentarios oficialistas de crear una AFP estatal. Para zanjar este tema, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, se comprometió a enviar, en julio, un proyecto de ley que autoriza al Banco Estado a hacer esta operación.
La postergación de ese debate fue percibido por algunos analistas como una estrategia electoral del gobierno para aprobar rápidamente la iniciativa y comenzar a entregar los beneficios antes de que se efectúen los comicios municipales de diciembre.
Pero Martínez criticó el modo gradual con que se van a entregar los beneficios, dado que el sistema estará totalmente en vigor sólo en 2012.
"Nos sentimos defraudados con la aprobación de la normativa", comentó a IPS Hernán González, presidente de Asociación Nacional de Funcionarios del INP (Anatrinp).
Anatrinp es una de la veintena de organizaciones sindicales, sociales y académicas que integran el colectivo "Ciudadanos por la Libertad Previsional". Este exigía, al igual que la CUT, una transformación estructural del sistema de pensiones y no una "seudo reforma" que le permite "a las AFP seguir enriqueciéndose a manos llenas", cuestionó González.
Aunque destaca algunos beneficios consagrados en la nueva normativa, asegura que no se escucharon las tres grandes demandas del colectivo: restituir el antiguo sistema de reparto, conceder libertad de afiliación (entre INP y AFP) y garantizar a los trabajadores una jubilación correspondiente a 75 por ciento de su sueldo.
En octubre pasado, el colectivo hizo una consulta pública, con votación secreta, donde 99,8 por ciento de los 64.000 encuestados exigió esas tres condiciones.
Hoy, la población mayor de 60 años alcanza a casi dos millones de personas. Se estima que en 2020 los mayores de 60 años superarán los tres millones, mientras que en 2025 llegarán a 5,7 millones.
