El Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas en inglés), que sigue de cerca la situación política en 60 países, llamó a una acción internacional para revitalizar las debilitadas fuerzas de seguridad de Timor Oriental, con el fin de evitar un conflicto civil.
"No hay política de seguridad nacional, y hay importantes brechas en las legislaciones relacionadas. La policía sufre de un bajo estatus y un exceso de interferencia política", señala el nuevo estudio del ICG divulgado el jueves.
La investigación indica que el ejército timorense todavía se jacta de su heroísmo al resistir la ocupación indonesia, que duró 24 años, pero aún no ha encontrado su nuevo papel. También ha sido afectado por la rivalidad entre los habitantes del este y los del oeste.
"Hay una falta de transparencia y disciplina en el control político, así como supervisión parlamentaria y judicial sobre ambas fuerzas", alerta el trabajo.
Por su parte, el director del proyecto para Asia sudoriental del ICG, John Virgoe, señaló: "El gobierno tiene una oportunidad para realizar una reforma genuina del sector de seguridad, mientras las tropas mantengan la seguridad básica y la ONU (Organización de las Naciones Unidas) ofrezca asistencia, pero tendrá que moverse rápido".
Cuatro años después de que Timor Oriental ganara su independencia en mayo de 2002, su policía y ejército combatían entre sí en las calles de Dili, la capital. La crisis desatada entre abril y junio de 2006 "dejó a ambas instituciones en ruinas y la seguridad volvió a manos de las fuerzas internacionales".
La crisis fue precipitada por el despido de casi la mitad del ejército, y causó el virtual colapso de la fuerza policial.
El coordinador nacional de la Red de Acción para Indonesia y Timor Oriental, John M. Miller, dijo a IPS que la desarticulación de las fuerzas de seguridad fue crucial para la crisis de 2006.
El fragmentado enfoque que tuvieron los donantes internacionales también contribuyó a la crisis.
"Estos y los líderes de Timor Oriental deben aceptar sus responsabilidades en contribuir a la crisis y aprender de ella", dijo Miller.
Cuestiones clave que no fueron claramente tratadas en la independencia deben ser examinadas ahora, añadió, como determinar si el país necesita o no militares.
Si Timor Oriental debe tener militares, su propósito y uso debería ser analizado con cuidado, y seguir la Constitución, sostuvo. Los policías y los soldados deben estar entrenados en forma adecuada cualquiera sea el papel que asuman. Debe terminar la politización de las instituciones, afirmó.
"Nada de esto pasaría si hubiera una amplia consulta en toda la sociedad timorense, como previó el Consejo de Seguridad de la ONU en su llamado a realizar un Estudio sobre el Sector de Seguridad", indicó Miller.
"La decisión de establecer el servicio militar obligatorio debe ser abandonada. Es innecesario, coercitivo, y no va de acuerdo con una nación que ha asumido los principios de derechos humanos", añadió.
Una delegación de seis miembros del Consejo de Seguridad, encabezada por Sudáfrica, divulgó un informe de 10 páginas en diciembre tras una visita a Timor Oriental.
El informe señaló que los grandes desafíos de la seguridad deben ser tratados en el marco de un gran proceso de reforma, incluyendo la necesidad de mejorar la interacción entre las instituciones del sector y fortalecer el marco legal, incrementar la capacidad operativa y permitir una supervisión civil.
El estudio citó al presidente José Ramos Horta señalando: "Tomará tiempo desarrollar una fuerza política profesional, y se necesitará la asistencia de la ONU".
La misión del Consejo de Seguridad considera que Timor Oriental seguirá necesitando asistencia de la ONU en varios asuntos en el futuro cercano".
