Al retirarse del cese del fuego firmado en 2002 con los rebeldes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE), el gobierno de Sri Lanka sólo está «legalizando la realidad existente en el terreno», dijo a IPS el director general del Centro de Medios para la Seguridad Nacional, Lakshman Hullugalle.
Su afirmación estuvo en consonancia con una declaración formulada el martes por la misión de Sri Lanka ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, según la cual el acuerdo "terminó hace algún tiempo, cuando los Tigres volvieron unilateralmente a las hostilidades a gran escala en diciembre de 2005".
Desde que se firmó el acuerdo, con la intermediación de Noruega, el LTTE lo violó 3.944 veces, según los registros de la escandinava Misión de Supervisión de la Tregua en Sri Lanka (SLMM, por sus siglas en inglés), que también sostiene que el gobierno lo infringió 359 veces.
La mayoría de las violaciones ocurrieron luego que el presidente Mahinda Rajapakse llegó al poder, en noviembre de 2005, en base a una fuerte plataforma nacionalista pro-cingalesa que favoreció una solución militar al histórico conflicto étnico en esta nación insular, que enfrenta a la minoría tamil contra la mayoría cingalesa.
La reacción inmediata de los Tigres a la elección de Rajapakse fue una serie de ataques explosivos contra fuerzas del gobierno en el norte y el este del país, que mató a unos 400 funcionarios en los primeros dos meses de la nueva administración.
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Las fuerzas armadas respondieron cuatro meses después levantando un bloqueo de suministros de agua impuesto por los Tigres a cultivadores, principalmente cingaleses y musulmanes, en el oriente de la isla.
En lo que se conoció como la batalla de Mavil Aru, las fuerzas del gobierno, a través de una ofensiva por tierra y aire contra los Tigres, recapturaron un área controlada por los rebeldes y abrieron las compuertas, en junio de 2006, para proporcionar agua a los agricultores. La mayoría de los habitantes de Sri Lanka consideran que la batalla señaló el fin del acuerdo de alto al fuego.
El desalojo de los Tigres del este de la isla, y el más reciente asesinato de dos importantes figuras rebeldes convencieron a la gente de que el país está cerca de librarse de la organización insurgente. Según el gobierno, el propio líder tamil Velupillai Prabhakaran resultó herido en un ataque aéreo en noviembre.
El movimiento pacifista, integrado principalmente por organizaciones no gubernamentales con financiación extranjera, no se hizo visible en las calles para protestar contra la retirada del acuerdo del cese del fuego, tal vez percibiendo que el ánimo público estaba abrumadoramente contra ellos.
Fuentes del gobierno, sus aliados nacionalistas cingaleses e incluso muchas organizaciones populares han llamado a las organizaciones de derechos humanos "traidoras" y "vendedoras de paz que persiguen los dólares".
Los donantes de asistencia internacional expresaron su preocupación por la finalización del acuerdo, que brindó cinco años de relativa paz y prosperidad en un conflicto étnico que data de hace 25 años y ha resultado en las muertes de 70.000 personas.
Mientras los miembros de la SLMM empacan para irse, la fuerza aérea, la armada y el ejército han montado una importante ofensiva para recapturar Wanni, baluarte de los Tigres en el norte del país, que fue reconocido como territorio tamil en el acuerdo de cese del fuego.
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, miembros de la SLMM, respondieron a la retirada gubernamental del acuerdo advirtiendo que cualquier esperanza de regresar a la mesa de negociaciones ahora sería difícil.
Con la moral de las fuerzas armadas en alto, el comandante del ejército, Sarath Fonseka, que en abril de 2006 sobrevivió a un intento de asesinato por parte de los Tigres, dijo a los periodistas que espera terminar con esa organización rebelde antes de retirarse, a fin de año.
El LTTE fue calificado de organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e India.
El miércoles, los rebeldes señalaron el fin del acuerdo de cese del fuego con un ataque explosivo contra un autobús civil en un área rural de Sri Lanka que mató a unas 24 personas, entre ellas varios escolares.
El gobierno también acusa a los Tigres del asesinato de un ministro, el 8 de enero, una semana después de que Colombo anunció sus intenciones de retirarse del acuerdo.
Se dice que los ataques explosivos de los Tigres tamiles en Colombo y en el interior del país están diseñados para provocar una contraofensiva cingalesa contra los tamiles, y Rajapakse advirtió a la población que esté atenta.
Hullugalle alegó que las fuerzas armadas son capaces de derrotar a los Tigres, pero recientes normativas de la Suprema Corte restringieron la capacidad del gobierno para proteger a Colombo y otras áreas de ataques terroristas.
Así se refería a normativas que el órgano judicial emitió en respuesta a peticiones presentadas con base en los derechos humanos, en cuanto a que permanentes controles, revisaciones de casas y redadas contra presuntos tamiles eran inconstitucionales.
"Pienso que los habitantes de Colombo en particular quieren ese tipo de seguridad. La gente lo pide, pero nosotros tenemos que obedecer las decisiones de la corte. Los activistas por los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, no están hablando sobre los derechos humanos de personas inocentes que necesitan que las protejan del terrorismo de los Tigres", dijo Hullugalle.
Una organización señalada para las críticas por parte de funcionarios es el Consejo Nacional de Paz, principalmente financiado por donantes extranjeros.
En un artículo publicado esta semana en el periódico británico Daily Mirror, el director ejecutivo del Consejo, Jehan Perera, describió la decisión del gobierno de derogar el acuerdo de cese del fuego como "precipitada".
También advirtió que el nacionalismo étnico necesario para llevar a un fin la guerra contra el LTTE, no estaba a tono con el acuerdo político y con la construcción de la confianza necesaria para generar una aceptable solución política al conflicto.
El nuevo jefe del ala política de los Tigres, B. Nadesan, reflejó puntos de vista similares en una entrevista que mantuvo con el Sunday Times, cuando señaló que el acuerdo de cese del fuego era una base para un acuerdo de paz porque había sido trazado con un apoyo masivo de la comunidad internacional.
Pero Bandula Jayasekare, editor gerente del semanario independiente Colombo Post, sostuvo que los Tigres habían relegado el acuerdo de alto al fuego a un pedazo de papel mucho antes de que el gobierno decidiera derogarlo.
"Los Tigres nunca lo respetaron (al documento). Si lo hubieran hecho, no habrían matado a todos esos civiles inocentes, muchos de ellos tamiles, como el canciller Laksman Kadirgamar en 2006", dijo a IPS.
"El acuerdo de cese del fuego no hizo nada por el pueblo de este país, aunque se informó que había salvado muchas vidas. Los Tigres comenzaron a desarrollar su ala aérea bajo el acuerdo, y ni la ONU ni la llamada comunidad internacional —principalmente Estados Unidos, Canadá, Noruega u otros— hicieron nada para ayudar a Sri Lanka", agregó Jayasekare.
Uno de los aliados nacionalistas de Rajapakse, el líder del marxista Frente de Liberación Popular, Somawansa Amerasinghe, cree fuertemente que los Tigres demostraron ser un importante escollo para la paz en el país.
"Una vez que los Tigres Tamiles estén terminados, el ejército debería salir del norte y del este. La libre expresión debe restaurarse entre los tamiles de allí. Recién entonces podremos debatir asuntos constitucionales con los tamiles", dijo este mes en una entrevista con un canal de noticias de India.
