El aumento de los abortos en España debe ser enfrentado con educación a niñas, niños y jóvenes y no con la represión, dijo a IPS Lourdes Hernández, presidenta del Foro de Mujeres de la Comunidad de Madrid.
Datos del Ministerio de Sanidad indican que la cantidad de interrupciones de embarazos se duplicaron en la última década en este país.
Una de cada 100 mujeres de 15 a 44 años abortan cada año y 40 por ciento de ellas son menores de 25 años y 14 por ciento tienen menos de 19.
Hernández añadió que se debe educar sin discriminación de género en todas las etapas de formación de las personas, "desde que los hijos comienzan a dialogar con sus padres hasta la educación en la escuela y los institutos de enseñanza".
Además, sostuvo que "los medios de comunicación por lo general se limitan a dar cifras y malas noticias sin explicar el por qué de los abortos y la manera de enfrentar el problema".
Guillermo González, presidente de la Federación de Planificación Familiar de España, coincide con Hernández en la necesidad de la educación sexual, "que es prácticamente inexistente".
La educación sexual debe figurar en el currículum escolar, normatizada "aunque no necesariamente como una asignatura aparte", señaló a IPS.
Un tema que se debería abordar pronto, adicionó, es la comercialización de los anticonceptivos, "que debe liberarse, ya que no es admisible que sólo se puedan adquirir sin recetas los preservativos".
En esa liberalización "lo primero debe ser la píldora postcoital, que está comprobado que tiene muy pocos efectos secundarios" y que "ayuda positivamente a que la decisión de continuar el embarazo o no sea de la mujer, que debe ser libre de decidirlo".
En la actualidad, casi la totalidad de los abortos son atendidos en servicios sanitarios privados, ya que en el sector estatal apenas se cubre 2,5 por ciento del total. En esta "debilidad" de la asistencia pública influye mucho la campaña antiabortista de la Iglesia Católica, según las asociaciones de defensa de la familia.
Además está la ley, que considera al aborto un delito excepto en tres situaciones: cuando se realiza a una mujer violada y dentro de las 12 primeras semanas del embarazo, por malformación del feto, en cuyo caso se puede abortar dentro de las 22 semanas, y por grave peligro para la vida o la salud, física o psíquica de la mujer, en este caso sin plazos.
España tiene la legislación más restrictiva al respecto de Europa, en tanto que Holanda presenta la más liberal, ya que las mujeres en ese país pueden decidir abortar sin ningún tipo de restricción hasta culminar las primeras 24 semanas de su embarazo.
Fuentes médicas en España señalan que el límite de 22 semanas impide el aborto aunque se detecten en el feto malformaciones incompatibles con la vida, lo cual obliga a dar a luz un niño que no sobrevivirá.
Paradójicamente, Holanda, más Bélgica y Alemania, son los países en los que se producen menos abortos en Europa, afectando a siete por 1.000 de los embarazos.
Desde la Asociación de Clínicas Acreditadas, que agrupa a medio centenar de estos centros de atención, se señala que se requiere una ley que permita que sea la mujer quien decida libremente, "sin ninguna tutela del Estado", en un plazo de 12 semanas y que recién a partir de la décima tercera semana se establezcan condiciones para poder interrumpir el embarazo.
Este martes comenzó en España una huelga que se mantendrá hasta finalizar la semana en todas las clínicas privadas en la que se atienden abortos. La convocatoria es para protestar por la represión contra médicos y enfermeras que están en prisión preventiva en Barcelona, capital de Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas que integran España.
Se encuentra en prisión provisional junto a dos colaboradores suyos desde fines de diciembre el médico peruano Carlos Morín, director de una clínica en Barcelona. Su detención y puesta a disposición judicial se basa en la acusación de que en esa clínica se practicaron abortos fuera de la ley.
Otras dos clínicas están cerradas desde comienzos de diciembre en Madrid, Comunidad en la que "se realizan inspecciones abusivas", afirmó Isabel Iserte, vicepresidente de la Federación Estatal de Planificación Familiar.
Santiago Barambio, director de la clínica Tutor Médica, de Cataluña, explicó, que la huelga es una llamada de atención, pero que no afectará a las mujeres embarazadas porque las mismas no quedarán sin atención, sino que la misma se retrasará y que se atenderán los casos de urgencia.
La huelga, agregó, "no es para fastidiar a las mujeres sino fundamentalmente para apoyar a las clínicas de Madrid que están viviendo un acoso de las propias autoridades sanitarias". Porque, concluyó en declaraciones a la prensa, "no es normal que una clínica sufra nueve inspecciones en menos de un año".
Ante los pronunciamientos contra el aborto y los ataques contra clínicas que los realizan, González indicó que los "sectores que están en contra de la educación sexual, de los anticonceptivos y de la píldora poscoital son los mismos que luego se llevan las manos a la cabeza porque el aborto aumenta".
"Lo que quieren (esos sectores) es que nadie tenga relaciones sexuales, pero eso no va a suceder, así que la única solución es dar información y anticoncepción", resaltó.
Los reclamos de las asociaciones familiares para que se modifique la norma, despenalizando el aborto, y los de la Iglesia Católica y sus seguidores para que se lo evite, no podrán ser encarados legalmente hasta que se constituya el nuevo parlamento, tras las elecciones convocadas para el 9 de marzo, pues el actual ya ha caducado.
Eso sí, ambos reclamos estarán presentes en las campañas electorales, pues es un tema que cala hondo en la opinión pública.
