El presidente de México, Felipe Calderón, dio un golpe de timón en su gabinete ministerial ministros en momentos que arrecia la violencia vinculada al narcotráfico con 133 ejecuciones en lo que va del año, un grupo guerrillero amenaza con sabotajes y opositores preparan protestas.
"Iniciamos 2008 con un gabinete que ha sido adecuado a las nuevas circunstancias que enfrentaremos", dijo Calderón este miércoles al posesionar a su ex jefe de la oficina de Presidencia Juan Camilo Mouriño, como nuevo secretario (ministro) de Gobernación (Interior), cargo responsable de las relaciones políticas del gobierno y de temas de seguridad.
En la víspera, el mandatario designó como secretario de Desarrollo Social a Ernesto Cordero, quien se desempeñaba como viceministro de egresos en la secretaría de Economía. La cartera social se encarga de llevar adelante los programas de lucha contra la pobreza, que afecta a 42,6 por ciento de los 104 millones de mexicanos, según cifras oficiales.
Tanto Mouriño como Cordero, de 36 y 40 años respectivamente, forman parte del círculo más cercano de colaboradores, correligionarios y amigos de Calderón, del centroderecha Partido Acción Nacional (PAN).
En los ámbitos políticos se señala de manera extraoficial que estaría próximo a realizarse también un cambio en la secretaría de Agricultura, cuyo titular, Alberto Cárdenas, ha sido duramente cuestionado por opositores y campesinos por defender a capa y espada la completa apertura al comercio agrícola de México con Canadá y Estados Unidos, vigente desde el 1 de enero.
"El gobierno ajusta su hoja de ruta dando mayor responsabilidad a gente de plena confianza y que son fieles al PAN del ala más liberal y abierta. El objetivo es enfrentar retos en seguridad y en el mundo de la política que serán muy duros en este año", dijo a IPS el politólogo Alejandro Córdova, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Para Alfonso Zárate, director del no gubernamental Grupo Consultor Interdisciplinario, los cambios se realizan con "la mira puesta en las elecciones intermedias (de legisladores) de 2009 y en la continuidad del poder panista".
"En el segundo año de administración, el de la consolidación, Calderón está dispuesto a tomar las riendas, apretar tuercas y tornillos, rectificar decisiones erradas o cálculos contrariados", precisó.
El gobierno de Calderón, sucesor del comandado por Vicente Fox (2000-06) también del PAN, mantiene grados de aceptación social superiores a 60 por ciento, pero entre la población hay un creciente descontento por la inseguridad, el poder creciente del narcotráfico y el desempeño de la economía, según indican la mayoría de encuestas.
En los apenas 16 días que va del año, 133 personas fueron ejecutadas en acciones vinculadas al narcotráfico. Entre lo muertos hay tres jefes de la policía, dos decapitados y una niña de 12 años. En 2007, los asesinados por acciones relacionadas a las mafias de las drogas sumaron 2.800, y en los últimos siete años la cifra escaló a casi 12.000.
Calderón mantiene a los militares en la lucha contra el narcotráfico en un grado de participación que no le habían otorgado otros mandatarios, si bien desde fines de los años 80 han actuado en este terreno.
A pesar de los crecientes operativos, históricos decomisos de drogas, dinero, armas y detenciones, las olas de violencia se vienen dando en ciclos periódicos y van acompañadas de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados.
Según diversas investigaciones, en México operan las más poderosas organizaciones de narcotraficantes de América Latina y es desde este país que se abastece a gran parte de los consumidores de drogas de Estados Unidos.
La oposición de izquierda, liderada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala que Calderón, a quien considera un presidente que llegó al cargo por un fraude electoral cometido contra su candidato, Andrés López Obrador, es un completo fracaso en su lucha contra la violencia.
El partido pide retirar al Ejército de esa tarea, aunque fue el mismo López Obrador quien como candidato ofreció poner a los militares como puntales de la lucha contra el narcotráfico.
Junto con los legisladores del PAN, del Partido Revolucionario Institucional, el PRD ocupa la mayoría de escaños en el Poder Legislativo, donde ningún partido tiene mayoría.
No obstante la atomización de fuerzas, en el último año han logrado aprobar casi por consenso reformas a leyes electorales y fiscales y emprendieron la revisión de otras consideradas de trascendencia, como una para el sector de la energía y otra sobre medios de comunicación.
Pero a medida que se acerca 2009, cuando habrá elecciones para renovar parte del poder legislativo, la posibilidad de llegar a acuerdos se va reduciendo "por lo que la designación del nuevo secretario de Gobernación, un hombre muy hábil para negociar, es necesaria y lógica", opinó Córdova.
Mouriño, de ascendencia española, se mantuvo siempre tras bastidores en su antiguo cargo de jefe de la oficina de la Presidencia, pero los actores políticos señalan que destaca por su habilidad para negociar sin levantar polvareda y en ser un buen estratega en el juego político.
Este funcionario sustituye a Francisco Ramírez, un antiguo militante del PAN y ex gobernador del estado de Jalisco acusado de ser duro en el trato y tolerante con la violación de los derechos humanos. Con el ministro saliente la oposición rehusó negociar.
Al asumir el cargo, Mouriño se comprometió a trabajar por alcanzar acuerdos con la oposición, avanzar hacia reformar políticas y económicas de gran calado y garantizar el cumplimiento de la ley.
La oferta llega cuando el insurgente Ejército Popular Revolucionario, un grupo de filiación marxista-leninista que hizo su aparición en 1996 con acciones de propaganda, anunció a través de un comunicado que reactivará ataques contra instalaciones del Estado hasta que aparezcan dos de sus compañeros que dicen fueron capturados por las autoridades.
En 2007, este grupo colocó varias bombas en caños de la empresa estatal Pemex causando ingente pérdidas económicas, pero no víctimas.
Mouriño también deberá enfrentar los anuncios de la izquierda y de grupos campesinos de que realizarán a fines de mes masivas movilizaciones para pedir que se renegocie el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Como lo acordaron Canadá, Estados Unidos y México al poner en marcha en 1994 este Tratado, en 2008 entró en vigor el último tramo de la progresiva apertura agrícola regional con el maíz y los frijoles, de alto consumo en México, y el azúcar y la leche en polvo.
Según la oposición, este paso llevará a la ruina al ya empobrecido campo mexicano, lo que el gobierno y empresarios lo niegan.
En la cartera de Desarrollo Social, Cordero sustituyó a Beatriz Zavala, quien tuvo un desempeño gris, según el analista Zárate.
Calderón declaró al posesionar a Cordero que "abatir la desigualdad es el mayor reto de nuestra generación, tenemos la obligación de saldar la enorme deuda social con los que menos tienen".
El nuevo ministro deberá "impulsar una nueva política social que permita avanzar más rápidamente en el objetivo de reducir la desigualdad y la pobreza del país", expresó el mandatario.
Entre 2000 y 2006, la pobreza cayó de 53,6 a 42,6 por ciento de los mexicanos, que es el nivel porcentual más bajo desde la década del 50.
