Pobladores pobres de la localidad amazónica peruana de Orellana denunciaron a una empresa maderera por haber suplantado sus identidades para defraudar al fisco en compraventas ilegales por más de 200.000 dólares.
La empresa usufructúa una de las 240 concesiones forestales otorgadas por la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre, que depende del Instituto Nacional de Recursos Naturales, en una región que concentra casi la mitad del total de autorizaciones concedidas en el país.
Orellana, a dos días de viaje por río desde la ciudad de Pucallpa, 850 kilómetros al noreste de Lima, se ubica en la región Loreto, que concentra una de las mayores riquezas naturales de la Amazonia, por su variedad de bosques y ecosistemas acuáticos.
Allí se encuentra la Reserva Nacional Pacaya Samiria, el área protegida de bosques inundables más extensa de la selva peruana y una de las más ricas en flora y fauna del país, que ocupa seis por ciento del territorio de Loreto y 1,5 por ciento de la superficie nacional.
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La principal actividad económica de la zona es la extracción de madera, tanto legal como ilegal.
El 10 de diciembre, 10 habitantes de Orellana denunciaron a la empresa ante la Fiscalía Provincial Mixta de Ucayali, por haber utilizado sin su conocimiento copias de sus documentos de identidad para evadir el pago de impuestos.
Según la denuncia, la compañía utilizó sus identidades para reportar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) que esas personas le vendieron cientos de piezas y tablillas de caoba por más de 200.000 dólares a lo largo de 2003.
Para acreditar las operaciones, Consorcio Maderero entregó a la Sunat documentos de las compras supuestamente hechas a los trabajadores, evitando así cumplir con parte de sus obligaciones fiscales, dijeron a IPS los perjudicados.
Estos no se enteraron de los hechos hasta que, a inicios de 2007 comenzaron a recibir notificaciones del Estado para que rindieran cuentas de operaciones comerciales "que nunca hicimos".
El secreto impositivo impide a la Sunat informar del caso. Pero una fuente relacionada con la entidad dijo a IPS que Consorcio Maderero es investigado por haber hecho abuso de la presentación de "liquidaciones de compra", que según los denunciantes fueron fraguadas.
Las empresas pueden documentar operaciones mediante "liquidaciones de compra" únicamente cuando el vendedor es una persona natural que no figura en el sistema tributario y vive en zonas geográficas de difícil acceso, perfil que correspondía a los trabajadores de Orellana.
Estas liquidaciones pueden ser presentadas a la Sunat como costos de inversión y, una vez aceptadas, reducen el monto de los impuestos que las empresas deben pagar por sus ganancias.
"La empresa nos pidió los documentos de identidad en 2003 para inscribirnos en el seguro social, cuando algunos de nosotros trabajábamos como cargadores de madera para el Consorcio", explicaron a IPS los afectados.
"Nos dijeron que querían nuestra identificación para asegurarnos contra accidentes, y como en Orellana no había fotocopiadora, teníamos que entregarles los documentos originales. A varios nos devolvieron los DNI (Documento Nacional de Identificación) después de un mes. No imaginábamos que iba a ser para algo malo", dijo a IPS Dennis Pizango, uno de los denunciantes.
Desde hace dos años, el trabajador vive con su mujer y cuatro hijas en una modesta habitación de cinco por siete metros en un barrio muy pobre de Pucallpa. Allí el Consorcio Maderero tiene su principal centro de operaciones sobre varias hectáreas de terreno.
"Yo no he vendido madera a esa compañía, han falsificado mi firma. Ni siquiera tengo una concesión forestal para hacerlo. ¿Acaso vivo como un gran empresario?", preguntó Pizango mostrando el documento con la imitación de su rúbrica, mientras sus hijas duermen sobre una tabla sostenida por ladrillos, que hace las veces de cama.
Él se enteró de su situación cuando fue notificado por evasión de impuestos a inicios del año pasado y se presentó a dar testimonio ante la Sunat.
Su esposa, Juliana Córdova, acusada del mismo delito, dijo a IPS que a mediados de 2006 una persona de la compañía le hizo firmar un papel en blanco que, según le dijeron, era necesario para que sus hijos también se beneficiaran del seguro social.
Ese documento fue usado por Consorcio Maderero para acreditar que "yo les vendí trozas de caoba", explicó.
De los 200.000 dólares de ventas que se atribuyen al grupo de pobladores, a nombre del matrimonio Pizango-Córdova están registradas operaciones por 138.800 dólares, casi 70 por ciento del total.
La cantidad, frecuencia e importes de estas liquidaciones de compra supuestamente emitidas por los pobladores de Orellana y presentadas por la empresa ante la Sunat, despertaron sospecha y dieron pie a la investigación de evasión tributaria.
Si bien en estos casos, el Estado tiene la facultad de "inscribir de oficio" a las personas naturales evasoras para que asuman el pago de los tributos adeudados, decidió no realizar el trámite después de escuchar sus declaraciones.
Además de las pruebas judiciales, Pizango y Córdova exhibieron su austera forma de vida, pues la familia depende de los 173 dólares mensuales que gana Dennis.
Su hermana, Markley Pizango, del grupo denunciante, dijo a IPS que entregó su documento de identidad a la empresa "en señal de apoyo porque por esos días corrió la voz de que las autoridades querían desalojar a la compañía" y tres de sus familiares realizaban labores para Consorcio.
Pero además, aseguró que la madera que se cargaba en Orellana para la empresa era ilegal y provenía de la Reserva Natural de Pacaya-Samiria. La compañía "también les hacía firmar papeles en blanco y pedía documentos a indígenas de la comunidad vecina Shetevo", agregó.
El diario peruano El Comercio informó en abril de 2004 que unas 150 personas de esa comunidad asaltaron una embarcación con 18.000 pies cúbicos de madera ilegal custodiada por personal policial y militar. El cargamento había sido incautado presuntamente al Consorcio Maderero y provenía de la Reserva Pacaya-Samiria.
"Nosotros negamos todo lo que afirman esos pobladores. En todo caso, las autoridades competentes serán las que determinen las responsabilidades", respondió a IPS el gerente general de la empresa, Leovigildo Guzmán Chávez, luego de resaltar que su compañía es seria porque exporta madera a Estados Unidos, México y China.
Si se comprueba la falsificación de las liquidaciones de compra, Consorcio Maderero habría incurrido en el delito de defraudación tributaria, que se castiga con hasta ocho años de prisión, informaron expertos consultados por IPS.
El titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Ucayali-Contamana en Loreto, Julio César Barrientos, ya inició las investigaciones en coordinación con la Sunat y espera decidir en breve si archiva o admite la denuncia de los pobladores de Orellana para formalizarla ante el Poder Judicial.
Barrientos dijo a IPS que una denuncia similar contra la compañía se había presentado tiempo atrás, pero fue archivada al no hallarse suficientes indicios. Sin embargo, fuentes relacionadas con la Sunat informaron que se han detectado varias irregularidades y que la empresa se encuentra en la mira.
Foto de Roberto Cáceres.
