El primer ministro de Perú, Jorge del Castillo, atribuyó al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) la responsabilidad de un plan para asesinar al actual mandatario Alan García y detener a varios dirigentes del ahora gobernante Partido Aprista Peruano.
Ese operativo se ejecutó en la noche del 5 de abril de 1992, cuando Fujimori disolvió el parlamento, intervino el Poder Judicial y suspendió la actividad política y la vigencia de la Constitución.
Del Castillo, que se encontraba aquel día en la casa el entonces ex presidente García (1985-1990) declaró este viernes en el juicio contra Fujimori que los efectivos que cercaron la vivienda gritaron por un altavoz que actuaban "por orden del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas", mientras García se evadía por los techos de viviendas vecinas.
"Como presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto estaba al mando de Alberto Fujimori. Así que de él venía la orden", señaló Del Castillo, quien era entonces diputado.
Fujimori es juzgado por crímenes de lesa humanidad y secuestro, y afronta además procesos por corrupción.
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El testimonio de Del Castillo ha causado severos daños en la línea de flotación de la defensa de Fujimori, basada en demostrar que los altos mandos castrenses actuaban conforme a las normas y que el ex jefe de Estado sólo "emitía directivas de política general".
En los hechos de abril de 1992, Del Castillo fue conducido a una celda de un cuartel e incomunicado durante cinco días. El ahora primer ministro entregó al presidente del tribunal copia de la orden escrita que recibieron los efectivos que lo arrestaron en la casa de García.
El documento indica que la misión fue dispuesta por el Comando Conjunto "por orden superior", y está firmado por el general Nicolás Hermoza, quien rea responsable de ese organismo.
Preguntado sobre la autenticidad del documento, Del Castillo contestó: "La orden escrita fue confirmada por el propio Hermoza en un juicio que se le siguió por rebelión".
Mientras Del Castillo respondía a las preguntas de los miembros del tribunal, de los fiscales y de los abogados de víctimas del régimen, Fujimori tomaba apuntes y se veía inquieto.
"Fui violentamente capturado, golpeado, encapuchado y amarrado. Yo tuve en ese momento la percepción de que me iban a desaparecer", narró Del Castillo. "Sentí que me iba a morir. Me llevaron en un vehículo mientras me apuntaban todo el tiempo con un arma en la cabeza", prosiguió.
Viejo militante y dirigente del Partido Aprista Peruano, ex alcalde de Lima y hoy congresista y número dos del nuevo gobierno de García, Del Castillo fue requerido como testigo porque presenció el operativo cuyo objetivo era matar al ex presidente, según dijo.
Fue la entonces esposa de Fujimori, Susana Higuchi, por intermedio de personas allegadas a García, quien lo alertó del atentado organizado por un grupo de militares.
"Nos dijeron que la señora Higuchi fue la que avisó a unas personas amigas, que fueron las que nos informaron", declaró Del Castillo.
El aviso fue providencial, porque García pudo eludir el cerco por los techos de viviendas aledañas y luego se asiló en Colombia, desde donde denunció el intento de homicidio. "Querían eliminar a Alan García físicamente, esa era la idea", apuntó Del Castillo.
El primer ministro no descartó que los militares a cargo de la operación formaran parte del grupo paramilitar conocido como Colina, una organización criminal constituida en 1991 por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) para eliminar a sospechosos de pertenecer a la insurgencia.
El grupo Colina fue responsable de los asesinatos de 15 pobladores de Barrios Altos, en 1991, y de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en 1992. Por su responsabilidad en esos crímenes, la fiscalía ha pedido 30 años de prisión para Fujimori.
"Después de que García se asiló en Colombia, Santiago Martín Rivas (jefe del grupo Colina) fue destacado a ese país como agregado militar", argumentó Del Castillo.
En la misma noche de la operación militar, Fujimori leía un discurso por televisión anunciando la disolución de los poderes del Estado y la constitución de un "gobierno de reconstrucción nacional".
Mientras, eran arrestados Del Castillo, la secretaria personal de García, Mirtha Cunza, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Luis Negreiros, el ex ministro del Interior, Abel Salinas, y el ex secretario de organización del Partido Aprista, Alberto Kitazono.
De modo simultáneo, los militares detenían y recluían en dependencias castrenses a dirigentes de izquierda, líderes populares y sindicalistas. Todos han sido citados por el tribunal para que rindan su testimonio.
"Nunca me dijeron por qué me detuvieron", indicó Del Castillo.
La defensa de Fujimori intentó restar seriedad a la acusación. El abogado César Nakazaki recordó al primer ministro que durante el primer gobierno de García operaba un grupo paramilitar, dando a entender que no tenía autoridad moral para acusar a Fujimori de consentir una organización similar.
Nakazaki insistió en su tesis de que el grupo Colina se originó en una organización parecida denominada "Escorpión", que actuó durante el mandato de García y que, en consecuencia, el escuadrón de la muerte no era obra de Fujimori.
"Tengo autoridad moral para rechazar esa afirmación", respondió Del Castillo y añadió que jamás avalaría la actuación de un grupo criminal.
El defensor Nakazaki ha admitido que Fujimori pudo haber incurrido en el delito de detención arbitraria, cuya pena ya prescribió, pero rechaza que hubiera ordenado los secuestros de políticos de la oposición.
El presidente del tribunal, César San Martín, insistió en que Jorge del Castillo indicara por qué creía que Fujimori había dispuesto una cacería de opositores la noche del "autogolpe" de Estado, como se lo conoce en Perú.
"El Comando Conjunto recibió una orden superior", reiteró Del Castillo. "Entiendo que la disposición no puede ser otra que la del acusado".
Foto: Poder Judicial de Perú.