Con la abolición de la pena capital en Uzbekistán —el estado número 135 en abandonarla—, toda la región de Asia central relega al pasado un castigo fuertemente asociado con los días del imperio soviético.
Desde el 1 de enero, las ejecuciones por parte de escuadrones de fusilamiento en Uzbekistán ya no son legales, y la sentencia máxima ahora es a cadena perpetua. Las reformas fueron incorporadas a un nuevo código penal y sancionadas por un decreto del presidente Islam Karimov.
En los últimos ocho años, las cinco naciones de Asia central que se independizaron a raíz de la disolución de la Unión Soviética en 1991 —Kazajstán, Kirguizstán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán— frenaron las ejecuciones de Estado.
Turkmenistán fue el primero en abolir formalmente la pena capital en 1999. Luego le siguieron Kirguizstán en 2006, Kazajstán en 2007 y ahora Uzbekistán.
Tayikistán introdujo una moratoria en 2004 y se espera que en breve concrete la abolición de la pena de muerte.
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Kazajstán aún debe eliminar la excepción del castigo capital para las matanzas terroristas, a fin de unirse al grupo de más de 100 naciones que abolieron las ejecuciones de Estado para todos los delitos en tiempos de paz.
Solamente una ex república soviética, Belarús, todavía hace un uso activo de la pena de muerte. En diciembre ejecutó, mediante un escuadrón de fusilamiento, a un asesino serial, luego de un juicio del que fue excluido el público.
"La abolición de la pena de muerte en Uzbekistán es el primer paso hacia la democratización del país. Hoy podemos decir verdaderamente que Asia central se convirtió en una región más humana", dijo a IPS el ministro de Justicia del vecino Kirguizstán, Marat Kayipov.
"La realidad de la globalización y la presión de la opinión pública mundial debe haber influenciado a Uzbekistán para que diera este paso esencial para la reforma. Uzbekistán escuchó al mundo luego de los trágicos acontecimientos ocurridos en 2005 en Andiján", agregó.
En mayo de 2005 hubo una gran matanza cuando la policía y el ejército uzbekos dispararon contra manifestantes no armados en la oriental ciudad de Andiján. Nunca se informó cuál fue el número exacto de muertos ni la causa de los disturbios.
Luego se reprimió todo disenso y las organizaciones no gubernamentales fueron clausuradas. Se cree que miles de uzbekos intentaron escapar a países vecinos, especialmente Kirguizstán.
Los vecinos de la región y los activistas por los derechos humanos esperan que la abolición de la pena de muerte por parte de Uzbekistán pueda señalar el inicio de una nueva era de menos represión y más apertura en lo que hasta ahora ha sido una de las sociedades más cerradas del mundo.
Dando la bienvenida a la noticia de la abolición, Amnistía Internacional llamó a las autoridades uzbekas a difundir información sobre las ejecuciones realizadas en el pasado. Durante años, Amnistía hizo campaña para que Uzbekistán revelara los sitios de enterramiento de los ejecutados.
"Nadie sabe cuántas personas fueron sentenciadas a muerte en Uzbekistán y cuántas estaban esperando la muerte", dijo a IPS el presidente del no gubernamental Comité para la Defensa de los Derechos y la Dignidad del Pueblo de Kirguisztán, Akin Toktaliev.
Los números varían drásticamente. Algunos activistas por los derechos humanos calcularon que alrededor de 1.000 aguardaban ser sometidos a la pena de muerte antes de la abolición, según Penal Reform International.
"Se reportaron muchos casos de torturas que condujeron a la muerte de prisioneros en las cárceles", dijo Sultan Ikramov, presidente del comité uzbeko independiente sobre derechos humanos, planteando otro caso de presuntas matanzas extrajudiciales.
"Algunos familiares de prisioneros nos piden información sobre las condiciones de vida en las cárceles uzbekas. Las condiciones allí simplemente no son aceptables", agregó.
Otro grupo de activistas uzbekos por los derechos humanos, basados en alguna parte de fuera del país, el Grupo de Respuesta Rápida para la Prevención de la Tortura en Uzbekistán, en una declaración emitida antes del anuncio de abolición dio la bienvenida a la inminente reforma pero criticó sus limitaciones.
"Éste es uno de los primeros pasos necesarios para la liberalización del sistema de la justicia penal", dijo con cautela. Pero las propuestas fueron muy insuficientes en relación a las recomendaciones del Consejo de Europa para el manejo humano de prisioneros sentenciados a cadena perpetua o a encarcelamiento a largo plazo.
Señaló que la cadena perpetua en Uzbekistán significaba pasar 25 años en las más severas condiciones carcelarias antes de permitirse una postulación a un indulto.
Esto también fue particularmente duro e inflexible. Durante los primeros 10 años, a los prisioneros se les permitió solamente una breve reunión anual con familiares, una llamada telefónica, y hubo una prohibición "cruel y severa" al trabajo. Tampoco hubo distinción entre los diferentes tipos de prisioneros a largo plazo.
Algunos de estos "han sido miembros de pandillas criminales con extensos antecedentes penales. Pero la mayoría son ciudadanos respetables que llevaban vidas estables y normales antes de la sentencia. La mayoría podría quedar en libertad condicional mucho antes y debería tener el derecho de postularse a un indulto en cualquier momento", dijo.
La organización observó con preocupación que las recomendaciones en materia de postulaciones a indultos y transferencias dentro del sistema carcelario fueran hechas por funcionarios penales "sin ningún control público".
También subrayó la ausencia de cualquier disposición aparente para la corrección de fallos injustos.
Este asunto fue abordado en Kirguizstán cuando este país abolió la pena de muerte a fines de 2006. Los casos de los 169 ex reclusos que aguardaban ser ejecutados ahora están siendo revisados. Hasta ahora hubo audiencias por 60 casos.
Kirguizstán también ofrece un ejemplo de las dificultades enfrentadas por todas las ex repúblicas soviéticas en la adopción de reformas esenciales para su sistema penal tras la abolición de la pena de muerte. También sugiere cómo debería ser alentado Uzbekistán para buscar ayuda abriendo sus fronteras al resto del mundo.
"Actualmente estamos recibiendo apoyo financiero de organizaciones internacionales para mejorar las condiciones carcelarias", dijo Kayipov. Con esto, el año pasado las raciones en prisión aumentaron 50 por ciento.
Un nuevo programa de construcción de cárceles es discutido para albergar a quienes entran en la categoría recién creada de prisioneros a largo plazo o de cadena perpetua.
"Aunque el gobierno de Kirguizstán no posee los recursos para construirlas, hay organizaciones internacionales que podrían ayudarnos", declaró a IPS Tursunbek Akun, quien está al frente del Comité Presidencial sobre Derechos Humanos en Kirguizstán.
"También necesitamos aprender de estos cómo administrar proyectos especiales para prisioneros a largo plazo", agregó.
