«Tus desiertos eran calurosos y frías tus montañas», cantaba el fallecido trovador Woody Guthrie. Se refería a los desplazados por la gran sequía y las tormentas de polvo que asolaron a Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años 30.
Hoy, otro movimiento masivo de personas ocurre en Estados Unidos, pero esta vez desde México.
Se estima que medio millón de trabajadores mexicanos ingresan cada año sin documentos a este país. Muchos fueron y vinieron varias veces.
En el trayecto recorrido por los inmigrantes mexicanos en ambos sentidos, sus derechos humanos son cada vez más vapuleados, entre otras razones porque fracasó en el Congreso legislativo la reforma propuesta por el gobierno al régimen migratorio, al que todos consideran caduco.
A lo largo de la frontera de 3.168 kilómetros que separa a Estados Unidos de México, las autoridades migratorias y los muros reforzados alejan a los inmigrantes de las zonas pobladas y los empujan al desierto y áreas montañosas.
Allí su seguridad y sus vidas corren peligro por las condiciones implacables del clima y del terreno y, a veces, por la presencia de traficantes de drogas y de seres humanos.
El legislador mexicano Edmundo Ramírez aseguró que 498 personas murieron el año pasado al tratar de cruzar la frontera.
La gran cantidad de inmigrantes muertos constituye una de las numerosas violaciones a los derechos humanos documentadas por la Red de Derechos Humanos de Frontera.
"Un peligroso sentimiento contra los inmigrantes y un aumento de la militarización de la región fronteriza" ponen en riesgo la vida, la libertad, la privacidad, la seguridad y la igualdad ante la ley, señala un informe de esa coalición de organizaciones comunitarias.
El atractivo para los inmigrantes radica en las posibilidades laborales. Aquellos que logran aguantar el acoso o aprovechan una visa temporal pueden ganar varias veces más que al sur de la frontera.
Todos los trabajadores tienen ciertos derechos, independientemente de su calidad de inmigrantes, según la legislación nacional e internacional. Pero, en la práctica, suelen tener dificultades al tratar de defenderlos en un ambiente de xenofobia, leyes endebles y autoridades poco estrictas.
Los muy promocionados allanamientos de puestos de trabajo el año pasado apuntaban a los inmigrantes sin documentos. Pero los agentes a cargo de esos operativos detuvieron e intimidaron a muchos residentes legales, así como a ciudadanos estadounidenses.
El Departamento (Ministerio) del Interior abandonó en noviembre un plan para enviar "cartas de no concordancia", para pedir a los empleadores que castiguen o despidan a los trabajadores cuyo número de seguro social no coincide con la base de datos del gobierno.
Pero organizaciones de defensa de los derechos laborales y civiles sostuvieron que los fallos en la base de datos dejarían sin trabajo a muchos inmigrantes legales y a ciudadanos estadounidenses, y que tal operación alentaría la discriminación de los que parecen "extranjeros".
"Lo que llama la atención es cómo muchos trabajadores indocumentados se organizan a pesar de los intentos del gobierno de George W. Bush de hacer más deportaciones", dijo a IPS la profesora Jennifer Gordon, de la Universidad de Fordham.
Gordon relató una experiencia de trabajadores organizados de la Smithfield Packing Company, la mayor planta procesadora de cerdo, en el sudoriental estado de Carolina del Norte.
Los allanamientos diezmaron la planilla y la compañía recurrió a intimidación y violencia para evitar la sindicalización, según la organización de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
Aún así, más de 1.000 trabajadores protestaron el año pasado por el despido de 50 empleados que no pudieron entregar la documentación legal. A los pocos días, la administración revocó los despidos y alargó el plazo de entrega.
"Es un testimonio de la valentía de los trabajadores, de la tenacidad del sindicato y del hecho de que, aun en las peores circunstancias, la gente termina defendiendo sus derechos", sostuvo Gordon.
En la oriental ciudad costera de Baltimore, un centro local de trabajadores obtuvo un salario digno para los empleados que limpian la cancha de baseball, CamdenYards, bajo una ordenanza de la alcaldía.
La Asociación de Trabajadores Unidos se organizó bajo una plataforma de derechos humanos para todos en un intento exitoso de forjar la unidad entre comunidades afroestadounidenses y de inmigrantes de origen latinoamericano.
"He vagado por este creciente territorio verde", cantó Guthrie. "Donde tuvieras tus cultivos, te presté mis manos. Al margen de tu ciudad, me verás y, luego, me traerá el polvo y me iré con el viento."
Los trabajadores agrícolas, principalmente inmigrantes latinoamericanos en casi todo el país, quedan excluidos de la Ley de Relaciones Laborales, y, por lo tanto, carecen de muchos derechos.
Esa situación puso en peligro sus vidas con los incendios que se desataron en el sur del estado de California en el otoño boreal.
Cuando se ordenó evacuar un barrio residencial de la ciudad de San Diego, la cadena de televisión ABC News reveló que un hacendado de la zona obligó a sus trabajadores a seguir cosechando tomates.
Los empleados se pusieron una máscara y siguieron trabajando por temor a perder su trabajo, hasta que funcionarios locales y mexicanos convencieron al propietario de dejarlos partir sin tomar represalias.
Pero aun los inmigrantes legales en el marco del programa de trabajador invitado H-2 suelen ser estafados con sus salarios, mantenidos virtualmente cautivos por sus empleadores y obligados a vivir en condiciones miserables, según un informe del Southern Poverty Law Centre.
El programa "es lo más cercano a la esclavitud que he visto", indicó el legislador Charles Rangel.
Un proyecto de ley, conocido como AgJobs, a estudio del Congreso legislativo, se propone reformar el programa de trabajador invitado y ofrecer a los campesinos un camino para obtener la residencia legal.
En las comunidades de inmigrantes, muchas personas no se sienten seguras, aun en sus propios hogares. Los allanamientos que funcionarios de aduana y migraciones realizan antes del amanecer tienen atemorizadas a las familias, pese a que muchos de sus integrantes son ciudadanos o residentes legales.
"No necesitamos orden judicial para hacer detenciones", declaró un funcionario de migraciones. Las familias de inmigrantes de Nueva York, Tennessee y Texas respondieron con una demanda a la dependencia por violar sus derechos.
"La Cuarta Enmienda garantiza a cada uno de nosotros la inviolabilidad y la dignidad de nuestros hogares", señaló Patrick Gennardo, abogado de los demandantes en uno de los casos.
Algunos estados y ciudades aprobaron leyes discriminatorias contra indocumentadas o penan a propietarios de viviendas que se las alquilan o a comerciantes que les venden productos o servicios.
Otras iniciativas apuntan a contener la cantidad de jornaleros que se reúnen en la calle a buscar trabajo o a declarar el inglés la única lengua oficial.
Pero la inmigración es generalmente una responsabilidad federal y, con ese argumento, muchas leyes locales tienen una vigencia muy dudosa.
Otras localidades eliminaron ese tipo de medidas discriminatorias.
Incluso, algunas ciudades como Nueva York, San Francisco y Seattle adoptaron políticas de protección según las cuales los funcionarios locales no pueden ser agentes de inmigración.
"Algunos de nosotros somos ilegales y otros no queridos. Nuestro trabajo desaparece y tenemos que seguir adelante. A 600 millas de la frontera mexicana, nos persiguen como a bandidos, como a cuatreros, como a ladrones", cantaba Guthrie en 1948, a propósito de los inmigrantes mexicanos.
Al final del ciclo, cuando los inmigrantes son detenidos y deportados, sus derechos siguen siendo pisoteados.
Human Rights Watch urgió al gobierno a mejorar la atención médica de los inmigrantes detenidos, en particular de los portadores del virus causante del sida.
"Los inmigrantes carecen de buena atención médica, sufren y, en muchos casos, han muerto", señaló un representante de la organización.
Human Rights Watch también criticó a Estados Unidos por "su política inflexible de deportación" que viola los derechos humanos.
Las personas con muchos años de residencia legal suelen ser sumariamente deportados por infracciones menores, añadió.
Muchas familias fueron obligadas a separarse.
La organización estima que desde 1996, más de 670.000 inmigrantes fueron deportados por esa causa dejando atrás al menos a 1,6 millones de personas entre esposas, hijos e hijas, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses.
El año pasado, las autoridades migratorias deportaron a 195.000 personas.
* Este es el segundo de una serie de tres artículos sobre la inmigración en Estados Unidos.
