Estados y ciudades del sur y de otras regiones de Estados Unidos se las arreglan, por diversos subterfugios, para eludir las normas internacionales que deberían garantizar los derechos humanos básicos de los inmigrantes indocumentados.
Hasta hace 50 años, diversas reglas integradas en el denominado sistema "Jim Crow", así llamado por una popular canción del siglo XIX que se burlaba de estereotipos de los afroestadounidenses, sirvió para negar los derechos civiles de los negros.
Ahora, en muchas zonas de este país se habla de "Juan Crow" para designar normas —a veces escritas, a veces implícitas— integradas en un sistema que desconoce los derechos humanos de inmigrantes indocumentados de origen latinoamericano.
Al igual que el movimiento civil que logró la equidad de la comunidad negra en los años 60, el que defiende a los inmigrantes afirma que todos los seres humanos deben gozar de sus derechos inalienables sin importar los vientos que soplan en la opinión pública.
En el otro extremo, millones temen que Estados Unidos sea invadido por culturas extranjeras. La campaña es especialmente fuerte en áreas aledañas a la frontera con México y en el sudeste, en algunos de cuyos estados los inmigrantes se cuadruplicaron en una década.
En los últimos dos años, fracasaron en el Congreso legislativo estadounidense otros tantos proyectos de reforma migratoria, lo cual dejó un vacío legal y político. La controversia sobre los derechos de los inmigrantes llegaron a un punto de ebullición.
En respuesta, el gobierno de George W. Bush lanzó agresivas redadas contra lugares de trabajo y comunidades de inmigrantes para hacer cumplir su ley en la frontera con México.
Algunos estados y ciudades aprobaron sus propias leyes, criminalizando a inmigrantes indocumentados y a quien los ayude, contrate o haga negocios con ellos.
Hoy, cruzar la frontera hacia Estados Unidos sin permiso o permanecer en el país más tiempo del permitido por una visa es una violación civil, no penal, según las leyes.
Pero en el sudoccidental estado de Arizona, una organización antiinmigrantes propuso negar la ciudadanía a los bebés de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.
En las comunidades de inmigrantes, estas iniciativas causan temor y confusión. Los defensores de los inmigrantes las consideran violatorias de los derechos humanos y civiles, no sólo de inmigrantes indocumentados, sino, incluso, de quienes poseen residencia legal e incluso ciudadanía, pero el acento o el tono de piel "equivocados".
Según Flavia Jiménez, del no gubernamental Consejo Nacional de La Raza, "los derechos de los inmigrantes se redujeron drásticamente en los últimos dos años. Hemos visto políticas introducidas a nivel federal, estadual y local para terminar con la población indocumentada".
"Pero cuando se las implementa, tienen impactos significativos sobre la comunidad inmigrante en general, no solamente sobre los indocumentados", agregó.
Jiménez mencionó el aumento de la vigilancia policial de personas sobre la base de su origen étnico, así como un reciente informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) según el cual aumentaron los delitos de odio contra los latinoamericanos.
El incremento de las muertes violentas en la frontera con México debido a una aplicación más intensa de la ley constituye "una enorme violación a los derechos humanos" a la que no se le presta atención, dijo a IPS.
Un informe del Consejo Nacional de La Raza revela que por cada dos inmigrantes aprehendidos queda atrás un niño. Dos tercios de estos niños son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, según el estudio.
Pero los tratados de derechos humanos aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Estados Americanos (OEA) garantizan el respeto de esos derechos básicos a todas las personas, sean o no ciudadanas de los países en cuestión.
Estos derechos deben aplicarse en los lugares de trabajo, en la calle y en el hogar, en cualquiera de los países miembro de esas organizaciones y tratados.
Pero cuando el derecho internacional es desechado, la defensa de los recién llegados resulta difícil. La relación entre esos convenios y las leyes estadounidenses son un punto de controversia.
"Los inmigrantes ilegales siempre deben ser tratados de modo humano cuando son detenidos y deportados. No se me ocurre cómo la ONU u otras agencias puedan ayudarnos. Pero a quién le permitimos el ingreso a nuestro país es un asunto interno", dijo a IPS Steven Camarota, del Centro para los Estudios sobre Inmigración, organización a favor de restricciones.
En contraste, Jennifer Gordon, profesora de derecho en la Universidad Fordham, postula dos argumentos básicos para hacer respetar los derechos humanos de trabajadores indocumentados.
"Uno es sobre la dignidad humana. Quien entrega su trabajo, beneficia al país en el que se encuentra, así que merece ser tratado con respeto y recibir un pago justo", sostuvo.
"Pero también hay un argumento instrumental. Debemos proteger a los trabajadores indocumentados, que son los más vulnerables, porque de negárseles el salario mínimo, la salud y la seguridad social, aumentan los incentivos para que los empleadores los contraten, bajando el piso para todos", dijo a IPS.
"Estados Unidos se ve a sí mismo como un modelo de derechos humanos en el mundo", dijo Rebecca Smith, del Proyecto de Ley Nacional de Empleo, asesora de demandas laborales de inmigrantes contra empresas abusivas.
"El trato a los trabajadores inmigrantes es un barómetro que determina si nuestras acciones son tan buenas como nuestras palabras. Como la nación que más inmigrantes recibe, ¿qué mensaje enviamos a nuestros aliados internacionales si toleramos los peores abusos contra los trabajadores más vulnerables?", planteó.
También en México, ciudadanos y autoridades cuestionan las violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes en Estados Unidos.
"Todos los días, arrestan, criminalizan, deportan y separan familias, y nuestro gobierno permanece en silencio", dijo la activista mexicana Elvira Arellano ante legisladores mexicanos y asociaciones de inmigrantes, según informó la red de televisión Univisión.
Luego de refugiarse en una iglesia de Chicago durante más de un año, señaló Univisión, Arellano fue deportada de Estados Unidos a México en agosto, con su hijo Saúl, que es ciudadano estadounidense.
* Este es el primero de una serie de tres artículos sobre la inmigración en Estados Unidos.
