Los miembros activos del insurgente Ejército Popular Revolucionario (EPR), de México, serían apenas un puñado de hombres y mujeres, pero sus amenazas mantienen en vilo a funcionarios de inteligencia y seguridad del Estado, que temen un próximo ataque directo contra ellos.
Los directivos del estatal Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuyas oficinas están al sur de la capital mexicana, pidieron a la alcaldía dotar de máxima protección sus instalaciones por lo que ésta les envió a los Zorros, el cuerpo de elite policial experto en acciones contrainsurgentes y terroristas.
Ese grupo especial se sumó a los sistemas y al personal de seguridad propios del lugar. Así lo informó este miércoles el diario local El Universal, que además dijo que todos los funcionarios del Cisen fueron instruidos para adoptar acciones preventivas en sus lugares de trabajo y domicilios particulares.
En julio y septiembre, el EPR se adjudicó los atentados con explosivos a tuberías de distribución de hidrocarburos de la empresa estatal Pemex. El 15 de este mes advirtió que volverá a atacar instalaciones del Estado hasta que sean mostrados vivos dos de sus compañeros, detenidos —según su versión— por fuerzas de seguridad en mayo de 2007, lo cual el gobierno niega.
En su último comunicado "al pueblo de México", este grupo armado de izquierda señaló, además, que los legisladores que apoyen los proyectos del conservador presidente Felipe Calderón deberán "asumir la responsabilidad de las consecuencias derivadas de sus actos", sin precisar cuáles serían estas.
El EPR es un grupo de filiación marxista-leninista que hizo su aparición en 1996 con acciones de propaganda y enfrentamientos menores contra destacamentos policiales y militares. Desde entonces había tenido escasas incursiones, lo que cambió en los últimos meses.
Diversas investigaciones y análisis indican que el EPR es una organización con pocos miembros y que sus bases principales se encuentran en Guerrero y Oaxaca, los estados sureños con alta población indígena y elevados niveles de pobreza.
Durante la presidencia de Vicente Fox (2000-2006), funcionarios afirmaron que el EPR y otros 40 grupos similares no representaban ningún peligro real. Pero ese discurso se modificó en el actual gobierno tras los atentados del año pasado.
Esta guerrilla considera al actual Poder Ejecutivo como "ilegítimo" y representante de la "ultraderecha y la oligarquía represora".
"La construcción de la unidad de las fuerzas populares, el impulso de la autodefensa armada y el hostigamiento son las exigencias estratégicas de la presente etapa de lucha", proclamó el EPR en la edición de enero de su periódico de circulación restringida "El Insurgente".
El gobierno de Calderón, que demanda a la guerrilla abandonar las acciones armadas y sumarse al proceso democrático, ha enfatizado que las fuerzas de seguridad no detuvieron a las personas que el EPR reclama.
Pero el EPR insiste en su demanda en que sean presentados con vida Edmundo Reyes y Raymundo Rivera o Gabriel Alberto Cruz, detenidos y desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en el estado sureño de Oaxaca, según afirman.
Las denuncias sobre la desaparición de los presuntos miembros del EPR, presentadas con anterioridad por grupos humanitarios, no habían tenido eco en las autoridades hasta que se produjeron los primeros atentados en julio.
Por las amenazas guerrilleras de nuevas acciones violentas, las autoridades ordenaron un aumento de la presencia militar y policial en instalaciones del Estado.
"Es muy difícil evitar una acción de tipo terrorista. Ningún gobierno puede cuidar todo ni a todos", declaró a IPS Marcelo Ríos, un politólogo que ha estudiado a las guerrillas
"Los nervios y la tensión que puede haber en las autoridades está justificado", apuntó.
Jorge Fernández, periodista conocedor del tema, sostiene que las guerrillas mexicanas tienen un "potencial desestabilizador", pues cuentan con armas y recursos económicos, obtenidos principalmente de los secuestros.
En 2001, la dirección del también insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con asiento en el estado de Chiapas, pidió públicamente a las "otras" organización rebeldes libertad de movimiento y apoyo a sus estrategias para llevar a cabo un recorrido pacífico hacia la capital.
El Centro de Documentación de los Movimientos Armados, un grupo privado que sigue la pista de los comunicados y acciones de las guerrillas en América Latina, tiene registrado en México 42 grupos armados de corte insurgente.
La gran mayoría de ellos se dieron a conocer por diferentes acciones, pero ninguna de gran envergadura. En gran parte de los casos, su presencia se remitió a la difusión de un comunicado o a una fugaz aparición pública.
Los únicos guerrilleros que han tenido presencia consistente han sido los miembros del EPR con sus últimas acciones y el EZLN, que mantiene una tregua armada gracias a una ley de pacificación y despliega iniciativas políticas pacíficas.
