El presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Alejandro Goic, resaltó el esfuerzo realizado por Patricia Troncoso, en referencia a la huelga de hambre de 111 días, la más larga del país, que protagonizó para instalar los reclamos de los indígenas mapuches en el debate público.
"Hago un llamado para que cada vez más tengamos capacidad de valorar a un pueblo que tiene una historia, una cultura y una cosmovisión distinta a la mayoritaria. Tenemos que saber convivir en una sociedad pluriétnica", dijo Goic a IPS.
El diálogo y el respeto son las alternativas más razonables para resolver el conflicto mapuche, aseguró.
Desde comienzos de los años 90, parte del pueblo mapuche lanzó protestas en demanda de mayores derechos territoriales, políticos y culturales, disconforme con la política "asistencialista" de la coalición de centroizquierda que gobierna hasta hoy.
Troncoso, que puso fin a su ayuno voluntario el lunes, fue sentenciada en 2005 a 10 años y un día de prisión por su responsabilidad en el incendio del predio Poluco Podenco, en la región de la Araucanía. Ese incidente se registró en diciembre de 2001 y destruyó un centenar de hectáreas de la firma Forestal Mininco, perteneciente a la familia Matte, una de las más ricas de Chile. En su juicio se invocó la ley antiterrorista, legado de la dictadura del ya fallecido Augusto Pinochet que se extendió de 1973 a 1990.
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El gobierno de Michelle Bachelet le ofreció un régimen carcelario más flexible, que contempla salidas semanales, entre otros aspectos.
Estadísticas de 2006 indicaban que el pueblo mapuche (gente de la tierra, en lengua mapuzungun) estaba conformado por 922.833 personas, que representan 87,2 por ciento del total de indígenas que habitan este país.
El obispo Goic confía en que el Comité Interministerial, creado a mediados de enero por el gobierno, logre avances significativos junto a los demás actores sociales.
El codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, dijo a IPS que es "positivo que haya una instancia de coordinación para posibilitar el diálogo, siempre y cuando vaya acompañado de otras medidas".
Bachelet designó el lunes a Rodrigo Egaña Barahona, del cogobernante Partido Demócrata Cristiano y ex asesor presidencial de gestión y seguimiento de políticas públicas, como comisionado para los asuntos indígenas.
Su principal tarea será promover el diálogo con la comunidad indígena, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y los intendentes (alcaldes) del país.
Asimismo, trabajará en conjunto con el Ministerio de Planificación para evaluar el avance de las políticas gubernamentales respecto de los pueblos originarios y coordinar acciones con el Poder Legislativo para lograr el reconocimiento constitucional de estas comunidades.
El senador oficialista Nelson Ávila se mostró escéptico sobre los potenciales logros de ese comité interministerial si no existe una real voluntad política para atacar el problema de fondo.
La propuesta gubernamental a Troncoso, dijo Ávila a IPS, "surge en un momento de desesperación, donde las tensiones han alcanzado un punto límite".
La propuesta considera el traslado a un Centro de Educación y Trabajo, tanto para ella como para Juan Millalen y Jaime Marileo, comuneros mapuches condenados por la misma causa que Troncoso.
La mujer también obtendrá el beneficio de salida de fin de semana junto a Millalen, y la salida dominical para Marileo desde marzo de este año.
Según Aylwin, la oferta "es un paso mínimo para conversar otros temas de fondo. Si no se hubiese acogido esta petición, el riesgo de muerte de Patricia y el clima de tensión interétnica, con posibles detonantes de hechos de violencia, eran inminentes".
El estado de salud de Troncoso sigue siendo crítico. La mujer permanece en el hospital de Chillán, 401 kilómetros al sur de Santiago. Una vez que mejoren sus condiciones será traslada al hospital de Temuco, capital de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de la capital.
En la víspera "estaba con una crisis muy fuerte y su médico me dijo que esto efectivamente no daba para más y que había que buscar una solución", advirtió Goic.
Para la alianza opositora de derecha, compuesta por los partidos Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente (UDI), la propuesta oficial es una mala señal.
Según el senador Jovino Novoa, de UDI, el otorgamiento de beneficios carcelarios a Troncoso representa un fracaso del gobierno y un peligro para el orden público. "Cuando la violencia de alguna forma se premia, lo único que se obtiene es más violencia", argumentó.
El ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, afirmó que la ley antiterrorista fue mal aplicada en el caso de Troncoso, pero que la actual propuesta del gobierno no trasgredió la legislación existente.
"Ella va a seguir cumpliendo su pena y no ha recibido un indulto, porque no se puede aplicar cuando hay ley antiterrorista", explicó Viera Gallo a Radio Agricultura, quien asimismo anunció una posible evaluación de esa ley de la dictadura pinochetista cuando pasara el momento "candente".
En 2006, Troncoso, conocida como "La Chepa", realizó en conjunto con otros comuneros una huelga de hambre por las mismas demandas que exige en la actualidad: libertad a los presos mapuches, que ascienden a una veintena, la desmilitarización de las comunidades y la revisión del caso Poluco Podenco.
En esa primera ocasión también desistió de su ayuno, confiando en que se aprobaría un proyecto de ley que dejaría en libertad provisional a los condenados bajo la ley antiterrorista.
El proyecto fue rechazado por el Congreso legislativo, lo que generó duras críticas de organizaciones sociales por la actitud del Estado chileno en el conflicto mapuche.
La decisión de Troncoso de abandonar esta segunda huelga de hambre, durante la cual bajó más de 25 kilogramos de peso, coincide con una creciente preocupación en el mundo por la comunidad indígena chilena. Se hizo sentir en las calles de América del Norte, Australia y Europa, a través de una serie de manifestaciones.
La violencia registrada en la región de la Araucanía se incrementó luego de un incidente entre un grupo de activistas indígenas y Carabineros (policía militarizada) en un predio privado de la comuna de Vilcún, en el que murió de un disparo el joven estudiante mapuche Manuel Catrileo.
"Las heridas son bien profundas. Ha habido un ejercicio de violencia desde el Estado y también ha habido una reacción de parte de los pueblos indígenas, en ocasiones de fuerza, frente a la violencia policial", indicó Aylwin.
Para Goic, la responsabilidad es compartida. "Si no somos capaces de resolverlo, el problema seguirá y sobre todo será aprovechado por grupos minoritarios, a veces muy anárquicos, que quieren que el conflicto tome esas características de violencia", concluyó.
