Más de 400 jueces y funcionarios manifestaron por primera vez en la historia de El Salvador para reclamar que la Fiscalía General detenga lo que entienden es «un acoso penal» contra cuatro magistrados y respete la independencia de poderes.
El juez Jorge Amaya, quien marchó con sus manos esposadas y levantando un ejemplar de la Constitución, demandó al fiscal general Garid Safie que "observe la Carta Magna". Al terminar la protesta, una comisión entregó un manifiesto a la Corte Suprema de Justicia, en el cual le piden actuar con "prudencia e independencia" en los casos de procesos planteados por la Fiscalía el 21 de este mes contra los jueces David Posada, Astrid Torres, Luis Reyes y Roberto Ramírez.
Los tres primeros están imputados de prevaricato, por haber dejado en libertad a acusados pese a contar, supuestamente, con suficientes pruebas en su contra, y Ramírez de haber obligado a varios a darle dinero a cambio de empleo.
Ese mismo día, la Fiscalía también ordenó la captura del juez Adrián Menéndez y del abogado Víctor Melgar, acusados de prevaricato y soborno, respectivamente. Ambos recuperaron su libertad cinco días después.
El fiscal Safie afirmó que no se trata de una "caza de brujas" y que posee suficientes pruebas. Ha ordenado que se investigue a 12 jueces más.
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Antes de ser fiscal, Safie se desempeñó como director del Centro Nacional de Registro y en otros cargos cercanos a la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de derecha.
La jueza Aída de Escobar defendió a sus colegas y manifestó que sus fallos fueron "apegados a la ley y respetado garantías constitucionales". Muchos, agregó, han "condenado cuando así amerita" y recordó que eso se evidencia en los casi 20.000 "privados de libertad" en el sistema penitenciario, sobre una población de 5,9 millones de salvadoreños.
Escobar dijo a IPS que el fiscal "no actúa conforme a lo que le exige la Constitución" y demandó que se dejen de lado las "presiones políticas".
Los jueces reclamaron que se revisen las resoluciones de los acusados y se estudie su patrimonio, para garantizar una "administración de justicia transparente" y el respeto al debido proceso. Durante los últimos dos gobiernos de Arena, el entonces presidente Francisco Flores (1999-2004) y funcionarios encargados de la seguridad pública han responsabilizado a los jueces de dejar en libertad a acusados para que éstos sigan cometiendo sus crímenes.
Sin embargo, magistrados, abogados y analistas han argumentado que, si bien puede haber jueces que cometieron errores en la aplicación de las leyes o actos de corrupción, en la mayoría de los casos la Fiscalía y la policía muestran "deficiencias durante las investigaciones" o no presentan pruebas fehacientes.
En reiteradas ocasiones, estos especialistas también han demandado que todo el sistema de justicia debe ser sometido a una depuración "profunda y transparente", como lo establecieron los acuerdos de paz firmados en enero de 1992, que puso fin a la guerra civil que estalló en 1980 y que dejó unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
Posada señaló a IPS que la Corte Suprema de Justicia aún no le informó del proceso en su contra y aseguró que la solicitud de desafuero se debe a que ha actuado "conforme a la ley y la Constitución" y por "no aceptar las arbitrariedades y omisiones en la investigación" por parte de la Fiscalía.
David Morales, abogado defensor de Reyes, Torres y Posada, manifestó que Safie realiza un "show propagandístico" y que en muchos casos la policía y la Fiscalía han generado pruebas ilegales y fraudes procesales.
"No pueden usar medios ilícitos para producir pruebas; no pueden obtener confesiones por la vía de tortura ni identificación de imputados por medio de la manipulación de testigos", agregó.
En respuesta, Safie argumentó que la manifestación de este miércoles "en lugar de erradicar la posible corrupción en el órgano judicial, la está favoreciendo".
El presidente de la Corte, Agustín García, replicó que el fiscal "ha tratado de manera impropia a los jueces".
En junio pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó un estudio sobre el "funcionamiento del sistema de justicia penal y manejo de los homicidios".
Ese informe reveló que 85,7 por ciento de los casos de asesinato no llegan a los tribunales y que sólo 3,8 por ciento de los que sí fueron conocidos por los jueces resultaron esclarecidos y sancionados.
La principal causa de este bajo índice "reside en la debilidad en las investigaciones", advirtió el análisis del PNUD.
En 2006, la tasa de asesinatos fue de 57,7 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales, una de las más altas de América Latina.
Enrique Argumedo, ex juez de la Corte Suprema, dijo a IPS que el fiscal Safie ha procedido con las acusaciones aún cuando se trata de resoluciones judiciales basadas en "interpretaciones de la ley", las cuales pueden ser variadas, y que no ha seguido los pasos procesales, como recurrir a instancias de apelación.
Argumedo agregó que cuando se persigue a más de 12 jueces queda la "impresión" de estar frente a una acción "orquestada", buscando que ellos "ya no emitan resoluciones de determinada manera", aún cuando "la policía investiga mal y los fiscales se equivocan" al presentar las demandas.
En medio de este conflicto, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia ha propuesto reformar nuevamente el Código Procesal Penal para darle más poder a la Fiscalía, algo que Argumedo critica. Los jueces aseguran que no han sido consultados. Con los cambios propuestos, "el monopolio (de la justicia) queda prácticamente en la Fiscalía y si alguien es víctima de un delito, pero la Fiscalía no encuentra fundamento", el caso no pasará a los juzgados, explicó Argumedo.
En los últimos 10 años, los códigos han sido reformados recurrentemente, a solicitud del Ejecutivo, para endurecer las leyes y detener la ola de delitos. Diversos analistas han señalado que el camino debería ser el de la prevención.
En 1998, la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos otorgó 30 millones de dólares para financiar una reforma casi total de los códigos penal y procesal penal.
Escobar, opositora tenaz a las leyes de "mano dura", señaló que "una cosa es que la Fiscalía tenga el monopolio de la investigación y otra muy distinta que la justicia esté en manos del fiscal".
