El anuncio del Departamento de Defensa de Estados Unidos de que enviará unos 3.200 marines a Afganistán revela la preocupación de Washington sobre el resurgimiento del movimiento islamista Talibán, así como la toma de conciencia de que la «guerra contra el terrorismo» regresa a sus raíces más al este.
El nuevo despliegue, que se realizará durante los próximos tres meses, incrementará a unos 30.000 el número total de soldados estadounidenses en Afganistán, una cifra aún significativamente menor a los 160.000 que hay en Iraq. De todas formas, supone un tácito reconocimiento de que las fuerzas de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no han sido capaces de subyugar a los rebeldes pashtún (patanes).
De hecho, antes del anuncio del Pentágono el martes, un atacante suicida perpetró un atentado en un lujoso hotel en Kabul, matando a más de media docena de personas, incluyendo a un ciudadano estadounidense y a un periodista noruego que cubría la visita del canciller de su país.
El periódico The New York Times señaló que se trató de "uno de los más descarados ataques por parte del Talibán en el protegido corazón de la capital afgana".
La delicada situación de seguridad en Afganistán, sin embargo, no es la única preocupación de Washington en la región.
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La continua incertidumbre política tras el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto en el vecino Pakistán, donde diversas milicias islamistas y patanes se han unido bajo el liderazgo de un comandante talibán pakistaní muy vinculado con la red terrorista Al Qaeda, llevó a ese país de Asia meridional, poseedor de armas nucleares, al tope de la agenda de seguridad nacional de Washington.
De hecho, la afirmación de que "Pakistán es el lugar más peligroso del mundo" se ha convertido en un nuevo cliché del discurso de política exterior estadounidense en las últimas semanas.
El mes pasado, el secretario de Defensa, Robert Gates, subrayó esa preocupación, indicando que "Al Qaeda ahora parece haber tornado su vista a Pakistán, y ataca al gobierno y al pueblo pakistaní". Gates dijo esto apenas una semana antes del asesinato de Bhutto.
El crimen, así como los indicios de que el cada vez más impopular presidente Pervez Musharraf estaba maniobrando, primero para demorar y luego para fraguar las elecciones ahora previstas para febrero, renovaron un debate sobre las condiciones que Washington debería poner a su ayuda a Islambad este año por casi 1.500 millones de dólares, en gran parte con fines militares.
De hecho, el anuncio hecho por el Pentágono el 31 de diciembre, apenas cuatro días después del asesinato de Bhutto, de que había aprobado la transferencia por parte de la compañía de defensa Lockheed Martin de 18 aviones F-16 a Pakistán, desató fuertes críticas a la administración de George W. Bush.
"La decisión de seguir adelante con la venta por 500 millones de dólares de aviones de combate de avanzada a Pakistán demuestra cuán peligrosamente equivocada es la política de Bush. ¿Cómo puede la Casa Blanca siquiera pensar en dar luz verde a una venta como esa en un momento tan delicado como este", dijo el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Joseph Biden, del opositor Partido Demócrata.
"Envía exactamente el mensaje equivocado a los generales y al pueblo de Pakistán. Es el momento de ejercer presión contra el gobierno y los militares para investigar completamente el asesinato de Benazir Bhutto y celebrar elecciones libres y justas", añadió.
Mientras Biden y otros sostienen que la ayuda militar debería continuar, aunque condicionada a determinadas reformas políticas, muchos alertan que la mayor parte de los 11.000 millones de dólares que Estados Unidos le ha dado a Pakistán en los últimos cinco años fueron usados para comprar sistemas armamentísticos convencionales más apropiados para la guerra contra India que para ser usados en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA), en la frontera con Afganistán, donde tienen base los talibanes.
"Los F-16 en realidad no pueden ser usados para la contrainsurgencia en las FATA", según Steven Coll, presidente de la New American Foundation (NAF) y autor del libro "Ghost Wars", una historia sobre la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y Al Qaeda en Afganistán desde 1979 y hasta los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
Cada vez más preocupados por los avances logrados por los talibanes pakistaníes bajo el liderazgo de Baitullah Mehsud, a quien Musharraf acusó del asesinato de Butto, y por la poca eficacia de las fuerzas pakistaníes, funcionarios de Estados Unidos discuten planes para autorizar a la CIA y a las Fuerzas de Operaciones Especiales para realizar ataques en la frontera con Afganistán contra objetivos clave del Talibán y de Al Qaeda.
Estas acciones, sin embargo, podría provocar duros contragolpes contra intereses de Estados Unidos, cuya popularidad en Pakistán está en su punto más bajo de toda la historia, así como cualquier líder pakistaní que apruebe esas operaciones. El propio Musharraf condenó públicamente la idea, si bien ha permitido ocasionales ataques con misiles contra objetivos específicos por parte de aviones estadounidenses con base en Afganistán.
"Sería un suicidio político para un líder pakistaní permitir" esas operaciones, sostuvo Peter Berger, experto en Al Qaeda y codirector con Coll de la Iniciativa sobre Terrorismo y Contrainsurgencia de la NAF.
La aprobación popular para el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, "llega a 70 por ciento en las FATA y en la Provincia de la Frontera Noroccidental", añadió, citando una reciente encuesta según la cual tres de cada cuatro pakistaníes se oponen a una intervención estadounidense.
