El número de personas encarceladas por motivos políticos disminuyó en Cuba el año pasado, pero aumentaron las detenciones arbitrarias, según un informe divulgado este miércoles por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
Las detenciones arbitrarias ascendieron a por "lo menos" 325, la gran mayoría fueron de varias horas o unos pocos días y las personas apresadas por "tratar de ejercer determinados derechos civiles y políticos" fueron dejadas en libertad sin cargo, añadió el grupo que trabaja desde 1987 en condiciones de ilegalidad.
"Nuestra observación del día a día, nos hace pensar que la represión política ha cambiado de forma. Los encarcelamientos prolongados de años atrás han sido sustituidos por detenciones de corta duración", dijo a IPS Elizardo Sánchez, observador de derechos humanos y presidente de la CCDHRN.
"Esta situación pudiera continuar a corto plazo a menos que tengan lugar desarrollos inesperados en la política del gobierno", añadió el activista.
Según el informe, el "gobierno provisorio", que sucedió al anuncio de la enfermedad del presidente Fidel Castro, el 31 de julio de 2006, "no ha hecho nada para cambiar la pésima situación de derechos civiles, políticos y económicos que prevalece en Cuba desde hace más de cuatro décadas".
Para Manuel Cuesta Morúa, portavoz de la coalición opositora Arco Progresista, aumentan los llamados de alerta de las autoridades. "Los límites parecen seguir estando en la calle. Las autoridades están decididas a no permitir ninguna manifestación pública que se les pueda ir de las manos", dijo a IPS.
El gobierno cubano, por su parte, no reconoce la legitimidad de este tipo de informes ni de organizaciones como la CCDHRC que, según las autoridades, no tienen una real incidencia en el país y sólo existen porque son promovidas y financiadas por el gobierno de Estados Unidos.
A la hora de hablar de derechos humanos, las autoridades resaltan los logros alcanzados por este país en el ámbito social y las garantías que gozan los 11,2 millones de habitantes en materia de educación, salud y empleo.
La ausencia de otros derechos son atribuidos oficialmente a la necesidad de este país de defenderse frente a un gobierno extranjero (Estados Unidos) que, desde su Oficina de Intereses en La Habana, promueve la insubordinación interna y declara públicamente su voluntad de apoyar un cambio de gobierno y de sistema en esta isla.
Sin embargo, un debate de los problemas actuales de la sociedad cubana, impulsado el pasado año por el propio gobierno, puso sobre el tapete algunos temas que han estado en la agenda de la oposición política y que ahora aparecen planteados por amplios sectores de la población.
Entre los planteamientos aparecen la defensa del derecho a entrar y salir libremente del país, la eliminación de la actual dualidad monetaria, la ampliación de la propiedad cooperativa a determinados servicios y el acceso de la población a los hoteles de las cadenas turísticas, vedado desde hace más de 15 años.
El texto, distribuido a la prensa este miércoles con el título "La situación de derechos civiles, políticos y económicos continuó siendo muy desfavorable", incluye la lista parcial de presos políticos y político-sociales que la comisión divulga cada semestre, a partir de fuentes familiares.
Hasta el 31 de diciembre, se registraban 234 presos políticos, 12 menos que a mediados de año. La disminución es considerada "poco significativa", pero evidentemente marca una tendencia. Informes de la CCDHRN aseguran que los casos documentados ascendían a 333 a fines de 2005 y 283 al finalizar 2006.
De la lista, sólo 72 son considerados prisioneros de conciencia por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, de los cuales 59 se encuentran cumpliendo altas condenas en cárceles de máxima seguridad y 13 han recibido licencia extrapenal por razones de salud.
Según la Comisión, "si el gobierno aplicara, sin condicionamientos ideológicos, lo dispuesto en el artículo 58, incisos 1 y 2 del vigente Código Penal que establece el derecho a la libertad condicional, cerca de un centenar de presos políticos pudieran ser excarcelados de inmediato".
También podría disminuir la población penal en general que, en ausencia de cifras oficiales, es calculada en unos 80.000 reclusos. "Cada vez que ves a alguien condenado por peligrosidad —y en ese caso son miles mujeres y hombres— son técnicamente inocentes porque no han cometido ningún delito", comentó Sánchez.
El informe reconoció como "positivo" el anuncio del gobierno de sumarse a dos acuerdos internacionales sobre derechos humanos, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, siempre y cuando esté dispuesto "a respetar la letra y el espíritu de ambos pactos".
Según la comisión, antes de "seguir firmando compromisos", el gobierno debería respetar las leyes ya existentes en el país y avanzar en la reforma de aquellas que "criminalizan el ejercicio de elementales derechos civiles, políticos, económicos y culturales".
