A comienzos de los años 90, el entonces gobierno peruano de Alberto Fujimori negoció amnistiar al escuadrón de la muerte de inteligencia del ejército, a cambio de que no revelaran la implicancia oficial en dos masacres que costaron la vida a 25 personas sospechosas de integrar la guerrilla.
El ex agente Pedro Supo Sánchez, uno de los jefes del escuadrón de la muerte del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) fue el encargado de hacer esa afirmación al declarar este lunes en el juicio que se le sigue al ex presidente Fujimori (1990-2000), acusado de violaciones de los derechos humanos.
Supo Sánchez, coordinador de los tres destacamentos del llamado grupo Colina, afirmó ante el tribunal que, como parte del acuerdo con el gobierno para dejar impunes los asesinatos de 15 personas en el céntrico limeño Barrios Altos y de otras 10 de la Universidad La Cantuta, también se prometió el pago de 100.000 dólares a los oficiales y de 50.000 dólares a los suboficiales.
"El objetivo del destacamento no era poner a disposición de la Dincote (dirección de la policía contra el terrorismo) a los subversivos, sino ubicarlos, identificarlos y eliminarlos", precisó.
El ex agente, según sus propias palabras, intervino en cinco operativos de eliminación de supuestos miembros del insurgente Sendero Luminoso.
En esas incursiones clandestinas fueron asesinados 15 habitantes de Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991, y ya en 1992 seis agricultores del pueblo de Pativilca, el 29 de enero, otros seis campesinos de la localidad del Santa el 2 de mayo, y al periodista Pedro Yauri y a seis miembros de la familia Ventocilla el 24 de junio.
Aclaró que Colina era un destacamento que formaba parte de la estructura del ejército y que actuaba con pleno conocimiento de la cúpula de esa fuerza, pues no podía hacerlo "al margen de la autoridad militar".
"El objetivo no era capturar (a los presuntos guerrilleros) sino eliminarlos", dijo Supo Sánchez, en respuesta al interrogatorio del fiscal Avelino Guillén. "Todos sabíamos que los operativos tenían como objetivo el asesinato".
"¿Era obvio que los iban a matar?", interrogó el presidente del tribunal, César San Martín.
"Claro, sabíamos que los íbamos a eliminar", respondió el ex agente. "Salíamos y ya conocíamos que íbamos a matar".
"¿Matar personas?", insistió San Martín.
"Sí, señor, matar", contestó.
La defensa de Fujimori alega que Colina actuaba por su cuenta y que el ejército no tenía orden de asesinar a los presuntos insurgentes sino entregarlos a la justicia.
Respecto del asesinato múltiple en Barrios Altos, el ex agente informó que el grupo Colina fijó como blanco a los pobladores de ese lugar porque supuestamente allí vivían los integrantes de Sendero Luminoso que habían atacado poco antes una guardia presidencial.
Explicó que antes de la incursión criminal, el jefe del escuadrón, el mayor del ejército Santiago Martin Rivas, le dio las indicaciones por teléfono móvil. "Tenemos luz verde, nos dijo", relató Pedro Supo al tribunal.
Luego de ejecutar a las 15 personas de Barrios Altos que se encontraban participando en una "pollada" (una comida popular de pollo a la parrilla para recolectar fondos), los efectivos se dirigieron a su base en las afueras de Lima, donde se enteraron que entre las víctimas había un niño de ocho años, a quien Martin Rivas mató de un balazo en la cabeza porque pidió por la vida de su padre.
"Cuando nos informaron de la muerte del niño, hubo una discusión y algunos intentaron renunciar al grupo", dijo el ex agente a los jueces. "Pero en ese momento, Martin nos amenazó a gritos: '¡De aquí nadie sale vivo!'. No había opción de renunciar", arguyó.
El siguiente operativo de Colina fue el secuestro, tortura y asesinato de un profesor y nueve alumnos de la Universidad La Cantuta, que se ejecutó en venganza por el atentado de Sendero Luminoso contra un edificio residencial en el distrito limeño de Miraflores. Aunque Supo Sánchez no participó, como miembro de la organización criminal, estaba perfectamente enterado.
A la pregunta del fiscal sobre si sabían que esa operación también tuvo como objetivo asesinar y no detener a los sospechosos, el ex represor respondió que sí, porque salieron hacia la universidad con herramientas para cavar.
"Se hace el hueco, se coloca a la víctima, luego se echa la cal encima, una cantidad de piedras y luego la tierra", describió al señalar el modo en que fueron enterradas clandestinamente las 10 víctimas de La Cantuta.
Cuando el caso del grupo Colina salió publicado en la prensa independiente, el gobierno de Fujimori se vio forzado a entregar a los autores. Pero éstos recibieron la garantía de que luego de un juicio sumario serían amnistiados, declaró Supo Sánchez.
"A mi me dijo Santiago Martin que no nos preocupáramos, que todo iba a salir bien, y que en mi caso no me tocarían", dijo. "Efectivamente, en 72 horas un tribunal militar sentenció a una parte de los miembros del grupo y a mi me absolvieron. Yo sé que a los oficiales les pagaron 100.000 dólares y a los suboficiales 50.000".
A este ex agente, el ejército lo recompensó enviándolo a trabajar a la embajada de Perú en Rusia y. luego de retornar, fue condecorado por su participación en la guerra contrainsurgente y continuó trabajando.
Si bien el 21 de febrero de 1994 algunos miembros de Colina fueron condenados por un tribunal militar, el grupo parlamentario oficialista aprobó una ley de amnistía el 13 de junio de 1995 que permitió su excarcelación.
Según lo declarado por este ex integrante de Colina, el mayor Martin Rivas prometió a los agentes que el gobierno daría solución a sus demandas, es decir quedar librado de ser convocado por los tribunales por los crímenes cometidos.
"¿Quién daba las órdenes?", preguntó el fiscal.
"Santiago Martin", afirmó Supo Sánchez.
"¿Y a quién respondía?", indagó el fiscal.
"Al jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, el general Juan Rivero Lazo", un alto mando que dependía directamente del entonces comandante en jefe del ejército, Nicolás Hermoza, quien a su vez respondía ante Fujimori.
Supo Sánchez aseveró ante el tribunal que testimoniaba porque había decidido colaborar con la justicia y que había contarlo todo porque le había perdido el miedo a su ex jefe Martin Rivas, quien, según dijo, lo había amenazado de muerte e incluso atentó contra miembros de su familia para que no hablara.
El abogado defensor de Fujimori, César Nakazaki, le preguntó entonces si sabía que los crímenes los ordenó el ex presidente, a lo que respondió que, como simple agente, no estaba vinculado con las altas autoridades.
"Todo lo comunicaba Santiago Martin al general Rivero Lazo, quien coordinaba con el general Nicolás Hermoza", dijo.
Hermoza, por mandato de Fujimori, ocupó la jefatura del ejército y la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de 1991a 1998. Era uno de los hombres más poderosos del régimen, junto con el entonces asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, hoy también preso y enjuiciado por múltiples delitos.
