El gobierno de Colombia «no está comprometido con la paz», sino «obsesionado con la guerra», dijo este jueves en un comunicado la cancillería de Venezuela.
Chávez, teniente coronel retirado, ha señalado que la guerra interna colombiana de casi medio siglo "no tiene solución militar".
Tras sus declaraciones del miércoles, Bogotá lo acusó de injerencia en "asuntos internos". Pero la del venezolano parece ser sólo la más reciente de esas injerencias.
El vicecanciller y representante de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, Jorge Valero, mencionó un aspecto notable: "Si algo amenaza la soberanía colombiana es la ostensible presencia militar de Estados Unidos en el conflicto interno de Colombia".
[related_articles]
El 17 de junio de 2004, el entonces jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, James T. Hill, resumía en el diario ecuatoriano Hoy el corazón del Plan Colombia, iniciado en 2000 y financiado por Washington, para combatir el narcotráfico y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Vamos a romperles la espalda en lo militar y en lo económico, y vamos a añadir gobernabilidad", una estrategia para encarar el hecho de que el conflicto colombiano "no tendrá una solución militar, sino política", declaraba Hill.
Washington mantiene la línea de combinar todas las opciones para obtener la libertad de tres estadounidenses contratistas del Plan Colombia, Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, capturados por las FARC en febrero de 2003.
Las FARC buscan intercambiar a un grupo de más de 40 rehenes civiles y prisioneros de guerra que tienen en su poder por varios cientos de sus guerrilleros presos en cárceles colombianas.
Quizás el as más valioso de Washington es que dos guerrilleros de las FARC están en poder de Estados Unidos, tras ser extraditados a ese país por Uribe como respuesta a la captura de los tres estadounidenses. Pero sin ellos no habrá canje humanitario, advierte la guerrilla, con lo cual la decisión sobre la excarcelación de guerrilleros dejó de ser sólo de Colombia.
La guerrillera "Sonia", su nombre de combate, cumple una pena de 16 años y medio en una prisión de Texas, mientras "Simón Trinidad" espera sentencia a finales de este mes.
En todo caso, cuando falta un año para que termine el mandato de George W. Bush, la filigrana estadounidense parece más compleja que una simple línea de confrontación.
Poco antes de la visita a Colombia, la semana entrante, de la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Condoleezza Rice, su embajador en este país, William Brownfield, fue claro sobre la mediación política.
"Vemos con buenos ojos la participación de cualquier líder, funcionario oficial, político o persona de importancia de cualquier país del mundo en un esfuerzo que podría producir la libertad pronta y segura de los muchos rehenes colombianos de las FARC y el ELN" (Ejército de Liberación Nacional), declaró, aunque no mencionó a Chávez ni a los estadounidenses cautivos.
Al mismo tiempo, el portavoz del Departamento de Estado (cancillería), Sean McCormack, descartó que Washington atienda el pedido del presidente venezolano y retire a las FARC de la lista de organizaciones terroristas extranjeras, en la que figuran desde que fue ésta confeccionada en 1997 por el gobierno de Bill Clinton (1993-2001).
Tras una visita de cuatro días, el lunes partió de Colombia el representante Jim McGovern, miembro del bloque del opositor Partido Demócrata en la cámara baja estadounidense.
El parlamentario fue comisionado por la presidenta de la Cámara de Representantes y ex jefa del bloque demócrata Nancy Pelosi a seguir la búsqueda de un acuerdo humanitario que ponga fin a la tragedia de los rehenes y prisioneros de guerra en manos de las FARC.
El legislador, vicepresidente del Comité de Reglas de la cámara baja, viajó a Bogotá en compañía de otros dos parlamentarios demócratas, George Miller y Bill Delahunt, que cubrieron asuntos relacionados con las violaciones a los derechos humanos en Colombia y la aún pendiente aprobación del Tratado de Libre Comercio entre los dos países.
Los tres hacen parte del subcomité parlamentario que investiga la financiación de corporaciones estadounidenses a los ultraderechistas paramilitares, ejércitos del narcotráfico colombiano que trabajaban con la fuerza pública y cometieron crueles matanzas hasta su disolución formal, hace poco más de un año.
Durante la vertiginosa gestión por el canje humanitario conducida por el presidente Chávez y la senadora colombiana Piedad Córdoba entre agosto y noviembre, McGovern y otros legisladores se manifestaron dispuestos a reunirse oficialmente con un emisario de las FARC, si la guerrilla proporcionaba pruebas de vida de los tres contratistas.
Esas pruebas fueron interceptadas por el gobierno colombiano el 29 de noviembre en Bogotá. Las mensajeras fueron detenidas y corren riesgo de ser extraditadas a Estados Unidos por Uribe, lo que enredaría aún más la solución de la tragedia de los rehenes, según observadores.
En todo caso, McGovern cumplió su palabra y "el mensaje ya fue enviado" a la guerrilla para sostener un encuentro, dijo a IPS Ángela de Pérez, esposa del ex parlamentario Luis Eladio Pérez, rehén de las FARC.
Durante su visita a Colombia, McGovern se entrevistó con funcionarios gubernamentales, miembros del cuerpo diplomático, familias de los cautivos, facilitadores que tienen o buscan contactos con las FARC, analistas y miembros de organizaciones no gubernamentales.
Según el experto estadounidense Adam Isaacson, del no gubernamental Center for International Policy, que acompañó a McGovern, "la propuesta de los miembros del Congreso estadounidense de reunirse con las FARC fue en general bien recibida".
"Estamos interesados en resultados, y cualquier entidad o persona que nos ayude a conseguirlos y reunir a los secuestrados con sus seres queridos, consideramos que es positiva", dijo McGovern.
Las FARC "deben indicar primero que quieren reunirse" para que la cita tenga lugar. "Estaríamos dispuestos a reunirnos con ellos bajo la condición de que algo concreto resultara de ese encuentro", agregó.
"No estamos interesados en ser utilizados para fines de propaganda, ni en fotografías. Lo que realmente nos interesa es que haya un acuerdo humanitario", remarcó.
En un encuentro con periodistas, los legisladores reconocieron el papel de Chávez en la liberación, el 10 de este mes, de las políticas colombianas Clara Rojas y Consuelo González, que hacían parte del grupo de rehenes sujetos a canje por las FARC.
Sin embargo, rechazaron la propuesta del venezolano sobre otorgar el estatus de beligerancia a la guerrilla: "Cuando las FARC dejen de actuar como terroristas, entonces pueden solicitar que les quiten ese título".
Durante su gestión por el acuerdo humanitario, la senadora Córdoba viajó varias veces a Estados Unidos y logró entrevistarse oficialmente con "Sonia" y "Trinidad", con el aval de los Departamentos de Estado y de Justicia.
En su informe al parlamento colombiano, tras el cierre por parte de Uribe de la gestión que realizaba con Chávez, Córdoba sostuvo que había obtenido de Estados Unidos "respaldo y aceptación" para que se diera un proceso de paz en Colombia.
También informó haber logrado apoyo estadounidense a la mediación de Chávez (de ese entonces) y aceptación "de la posibilidad de negociar las condenas" de ambos guerrilleros, "si se producen avances en la liberación de los estadounidenses" en manos de las FARC.
Este jueves, una radio colombiana anunció que la guerrilla podría liberar a más rehenes, incluido uno de los tres contratistas.
Foto: Juan Barreto.
