Lograr el retorno de los cuatro hermanos más jóvenes y fuertes al círculo de la familia no es una tarea fácil para el presidente izquierdista de Bolivia, Evo Morales.
El mandatario se reunió con los prefectos (gobernadores) de los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, que aportan casi dos tercios del producto interno bruto de esta nación andina y que se encuentran enfrentados al gobierno central respecto de su grado de autonomía.
El encuentro, que finalizó en la madrugada del martes, estuvo precedido por incidentes violentos, discursos desafiantes, agresiones mutuas y el desconocimiento a la autoridad presidencial de Morales, pero el cónclave tuvo un final esperanzador.
El presidente intenta conservar cohesionado este país sacudido por una corriente popular e indígena con sed de recobrar derechos, pero que colisiona con los defensores de las autonomías departamentales.
Bolivia, que cuenta con nueve departamentos, parecía estar al borde de una fractura irreconciliable después de la sanción en solitario de una nueva Constitución por asambleístas del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), casi inmediatamente desconocida y resistida con la aprobación de estatutos autonómicos en las cuatro regiones opositoras a Morales.
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La reunión con las nueve autoridades departamentales, presidida por Morales y cubierta en detalle por la televisión, ha sido el primer punto anotado por el gobierno en su intento de volver al cauce legal a las regiones embarcadas en reivindicaciones autonómicas, que en algunos casos llegan a la defensa del separatismo.
El presidente y el prefecto del oriental departamento de Santa Cruz, Rubén Costas —de discurso agresivo contra el modelo centralista y la figura de Morales— adoptaron un tono amable y diplomático, aplaudido por los ciudadanos.
El mandatario abrió la reunión con un informe sobre sus dos años de gestión, que se cumplen el 22 de este mes.
Morales señaló que a pesar de las convulsiones políticas de 2007, el producto interno bruto creció 4,2 por ciento y alcanzó los 11.000 millones de dólares —alrededor de 1.100 dólares por habitante—, que existe superávit en la balanza comercial y que las cuentas fiscales presentan un saldo favorable de 2,2 por ciento.
Las inversiones públicas, que en 2005 eran de 500 millones de dólares, subirán hasta 1.300 millones en 2008, prometió.
Las reservas internacionales netas subieron desde enero de 2006 hasta la fecha de 1.700 a 5.300 millones de dólares, dijo, y remató con una frase que es un desafío: los resultados hacen pensar que Bolivia es viable y puede decirse que tiene perspectivas de futuro.
Costas pidió al presidente no caer en sensacionalismos, porque aun la pobreza es un problema acuciante a pesar de los buenos resultados macroeconómicos. Según el estatal Instituto Nacional de Estadística, 67 por ciento de los 9,6 millones de habitantes son pobres y los datos del gobierno señalan que 37 de cada 100 bolivianos se encuentran en estado de indigencia.
Para apoyar a las personas de menores ingresos, el gobierno creó una renta universal de vejez consistente en un bono mensual de 26 dólares, financiada con un impuesto a la renta petrolera que correspondía a las prefecturas.
La decisión desató la protesta de los prefectos que no están alineados con el MAS, quienes colocaron el tema al tope de la agenda de discusión, que además contempla el análisis del texto constitucional aprobado por el oficialismo en ausencia de la oposición.
El gobierno argumenta que la "Renta Dignidad" beneficiará a 676.009 personas mayores de 60 años y comenzará a pagarse al finalizar enero.
Antes de la creación del bono, sólo 114.193 adultos mayores obtenían una renta mensual diferenciada, por los servicios prestados al Estado o por su trabajo en el sector privado, mientras que 561.816 estaban desprotegidos.
El gobierno debe desembolsar 205 millones de dólares anuales para cubrir la renta universal de vejez.
Los prefectos opositores, que controlan siete de los nueve departamentos del país, reclamaron la devolución de los recursos retenidos para hacer efectivo el pago de la Renta Dignidad. Asimismo argumentan que la reducción de ingresos afecta al programa de inversiones en caminos, puentes y otras obras de infraestructura.
El peso del recorte de ingresos es alto en el nororiental departamento de Beni, dijo su prefecto, Ernesto Suárez. Aunque en su región hay sólo 26.000 personas mayores de 60 años, la retención de fondos del gobierno supera el monto requerido para atender las necesidades locales.
"¿A dónde irá el resto del dinero?", preguntó Suárez a Morales y a su equipo de colaboradores.
El tema de la "Renta Dignidad" y el aporte de las prefecturas es analizado por equipos técnicos y el lunes 14 se presentará un informe en una nueva reunión entre el presidente y los prefectos.
Otra comisión política pondrá frente a frente a los estrategas del Poder Ejecutivo y los representantes de las prefecturas para examinar cómo se aprobó la constitución.
Morales defiende los pasos dados por sus seguidores en la Asamblea Constituyente. Pero, según Costas, el oficialismo forzó las etapas, aprobó en general el nuevo texto en un cuartel de la ciudad de Sucre, en medio de enfrentamientos entre la población y la policía y finalizó el trámite sin mayor debate en la ciudad de Oruro.
Costas formula estos reclamos pero no acepta como contrapartida la revisión del estatuto autonómico aprobado por su gobierno departamental y el Comité Cívico Pro Santa Cruz.
En las autonomías la discordia surge del texto constitucional que reconoce cuatro formas de descentralización: departamental, municipal, regional e indígena, una visión que no es compartida por la oposición que prefiere sólo las dos primeras modalidades por temor a una dispersión de poder político y recursos financieros.
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que el gobierno respeta las autonomías indígenas y recuerda que una convención aprobada en septiembre de 2007 por la Organización de las Naciones Unidas otorga ese derecho a los pueblos originarios. Bolivia ratificó ese tratado.
A pesar de las diferencias, y bajo presión de la ciudadanía que reclama entendimientos, las comisiones del denominado Gran Acuerdo Nacional concentrarán su atención en los temas de la unidad territorial, el recorte presupuestario a las prefecturas, las autonomías, la defensa de la democracia, las leyes del orden institucional, el papel del Estado en la economía y el proceso de cambios sociales impulsado por el gobierno.
