La producción de energía con recursos renovables presenta óptimas posibilidades en España, aunque también genera críticas al negocio que se deriva de la misma y a la falta de control del cumplimiento de las empresas de sus compromisos con el cuidado ambiental.
Varias compañías anunciaron millonarias inversiones en el campo de la energía no contaminante.
Entre ellas se destacan Iberdrola, que invertirá 8.600 millones de euros (12.240 millones de dólares) en energía eólica, y Abengoa, con 2.000 millones (2.800 millones en dólares) en energía solar. Parte de esas inversiones las realizarán en el extranjero, pero la mayoría en España.
Iberdrola, según su presidente, Ignacio Sánchez Galán, es líder mundial en el sector eólico, ya que en la actualidad tiene una capacidad de producción de 7.300 megavatios, que ascenderá hasta 13.600 en 2010.
También Endesa, otra firma transnacional de origen español, inaugurará en este primer trimestre una simbólica planta productora de energía solar en el Ferrol, localidad de Galicia, una de las 17 comunidades autónomas que integran este país.
El simbolismo deriva de que esa planta estará ubicada junto a una antigua central térmica de carbón y que producirá el equivalente al consumo de 10 familias.
Las previsiones son alentadoras para el futuro. Fuentes gubernamentales estiman que para 2011 el nueve por ciento de la energía eléctrica consumida en toda España será eólica, en cuyo desarrollo tendrá particular importancia la instalación de molinos en el mar.
El experto Emilio Menéndez realizó un informe para la organización no gubernamental Greenpeace en el que puntualiza que el potencial eólico marino en la península Ibérica es de unos 25.000 megavatios y que en este país todavía no se lo está utilizando, al contrario de lo que hacen otros, como Dinamarca, Suecia y Gran Bretaña, que ya tienen instalados molinos próximos a sus costas.
Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente señalaron a IPS que, si como esperan sus responsables el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) gana las elecciones generales el 9 de marzo, la instalación de parques eólicos marinos recibirá un fuerte empuje y la financiación adecuada.
En esa línea los ministerios de Medio Ambiente y de Industria, Turismo y Comercio ya iniciaron un estudio para ubicar las zonas del espacio marítimo y terrestre que reúnan las condiciones necesarias para la instalación de esos parques, primer paso para posteriormente otorgar los correspondientes permisos de instalación, uso y comercialización.
El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero también ha debido intervenir para que las empresas cumplan sus compromisos de reducir la producción de dióxido de carbono (CO2).
Las compañías obtuvieron el derecho para emitir entre 2005 y 2007 hasta 85,4 millones de toneladas anuales de CO2, con una compensación económica del Estado, pero incluyeron el costo en las facturas a los consumidores.
Por ello, el gobierno dispuso que las empresas involucradas devuelvan el dinero, lo cual sumó 1.200 millones de euros (1.680 millones de dólares) entre 2006 y 2007 y a ello se sumarán en 2008 otros 1.450 millones (1.830 millones de dólares).
Ante las protestas de las compañías, el gobierno español contestó que en 2008, después de las elecciones, propondrá una ley al respecto que reemplace al vigente decreto-ley aprobado el 21 de diciembre, lo que posibilitará que el tema sea discutido a fondo y negociado.
La respuesta fue rápida: la Asociación Española de la Industria Eléctrica, que agrupa a las empresas del sector señaló que no se cruzarán de brazos si la ley anunciada mantiene la exigencia de que devuelvan los derechos recibidos por la emisión de CO2. Se avecina, pues, un año polémico sobre este tema.
Si el PSOE gana las elecciones de marzo y Zapatero vuelve a encabezar el gobierno, en este tema recibirá en el Parlamento apoyo suficiente para mantener su posición, ya que lo apoyarán la coalición Izquierda Unida, los Verdes, Izquierda Republicana de Cataluña y el Bloque Nacionalista Gallego, que ya lo respaldaron cuando se votó el vigente decreto ley.
Las organizaciones no gubernamentales apoyan los cambios, pero también hacen sentir sus críticas. Según Greenpeace, "las compañías eléctrica anuncian con bombo y platillo su apuesta por las renovables pero siguen manteniendo sistemas de generación con carbón o energía nuclear".
Datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en España indican que hay seis centrales nucleares en funcionamiento y de ellas hay dos que disponen de dos reactores cada una, lo que hace una suma total de ocho reactores. Hay además otra que finalizó su vida útil y otra más, que está en proceso de desmantelamiento.
Esos ocho reactores producen 19,8 por ciento de la producción total del sistema eléctrico español, ubicando a este país en el puesto 18 en el mundo. Además, en este país existe una fábrica de combustible nuclear y un centro de almacenamiento de residuos radiactivos, el que ha sido centro de polémicas y de fuertes críticas de las organizaciones ecologistas.
