El momento político que vive Venezuela, con su electorado repartido por mitad en favor y en contra del presidente Hugo Chávez, debe aprovecharse para instalar conversaciones basadas en la promoción de los derechos humanos, propuso la organización no gubernamental Provea.
"La coyuntura es propicia para que una mesa de diálogo revise, discuta y elabore políticas consensuadas para abordar una decena de temas, desde la perspectiva de los derechos humanos", dijo a IPS Marino Alvarado, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Entre ellos, la seguridad social y ciudadana, la situación de las cárceles, políticas que garanticen la seguridad alimentaria, una evaluación de las misiones, como se les llama a los programas gubernamentales de salud, educación y alimentación al margen del presupuesto ordinario, y la contratación colectiva en la administración pública, agregó Alvarado.
Los llamados a la reflexión, al diálogo y a la reconciliación en este país políticamente muy polarizado se incrementan desde el referendo constitucional del 2 de este mes.
La reforma de la Constitución propuesta por Chávez, de modo de obtener poderes para implantar un sistema socialista y permitir la reelección presidencial indefinida, fue rechazada por 4,5 millones de votos, que equivalen a 50,65 por ciento de los emitidos, frente a 4,4 millones. La abstención, empero, fue de 43 por ciento del padrón de electores habilitados.
El día 5, en presencia del alto mando militar, Chávez calificó al triunfo del No a la reforma como "una victoria de mierda", y aseguró que la replanteará en una oportunidad más favorable antes del término de su actual mandato, en febrero de 2013.
En cambio, José Vicente Rangel, quien fue su vicepresidente por cinco años, indicó que "Chávez, así como la oposición, están obligados a reflexionar a partir del mensaje de los votantes expresado en dos bloques con guarismos similares".
Se plantea, según Rangel, administrar esa realidad, y "el diálogo es un mandato que surge del acto electoral del 2 de diciembre". "Tengo la convicción de que eso es lo que aspiran las mayorías nacionales", apuntó.
El diálogo "no debe ser para que desaparezcan las contradicciones, el debate, las diferencias que están en la esencia de la política, sino para que se regularicen y sean asumidas con talante cívico y sin ánimo de acabar con el adversario", agregó Rangel.
Con una opinión distinta, el ministro de Cultura, Francisco Sesto, dijo que, "como ciudadano comprometido con un proyecto colectivo, no me voy a reconciliar con nadie, ni sé cómo hacerlo, ni entiendo muy bien de qué se trata".
"Nosotros no vamos a retroceder ni un poquito. Antes bien, tratemos de apretar la marcha. En la medida de lo posible, pondremos este tren a toda máquina. Es el tren del humanismo y se le pueden añadir tantos vagones como se quiera", agregó Sesto.
Los partidos políticos que apoyan al presidente y los de oposición comenzaron, por separado, análisis sobre lo ocurrido y las perspectivas políticas. El Partido Socialista Unido de Venezuela, liderado por Chávez y aún en formación, inició reuniones de sus unidades de base o "batallones" y sus dirigentes guardan prudente silencio.
Por su parte, el Partido Comunista y Patria Para Todos (PPT), aliados del gobernante, instalarán "mesas de diálogo socialista", para analizar lo ocurrido en el referendo.
"El revés electoral es un clarín que no hay que dejar pasar por alto", dijo el diputado José Albornoz, secretario general del PPT.
Los opositores se reúnen para "mantenernos en guardia frente al deseo de Chávez de replantear la reforma", indicó el jefe de la socialdemocracia venezolana, Henry Ramos, quien duda que el presidente opte por el diálogo "pues cree que se beneficia más con la confrontación".
Omar Barboza, presidente de la agrupación Un Nuevo Tiempo, sostuvo que "se plantea un clima de reconciliación". "Si el presidente no lo acepta o interpreta, estamos seguros de que incluso el pueblo chavista democrático nos acompañará", añadió.
La socióloga Maryclen Stelling opinó que "no habrá reconciliación, porque, cuando tú estás batallando contra tu enemigo y lo quieres destruir para imponer tu proyecto o para que tu proyecto no sea desplazado, no te quieres reconocer con nadie".
"Actualmente no hay reconciliación posible. Lo único posible es identificar cosas concretas, vinculadas con la cotidianidad, en las que se pueda trabajar en forma conjunta", agregó Stelling, simpatizan te del proceso político que dirige Chávez.
Alvarado propuso "comenzar por el tema cotidiano que más afecta a los venezolanos, el primer problema según 70 u 80 por ciento de la población en todas las encuestas, que es la inseguridad personal".
En Venezuela, con 27,5 millones de habitantes según cifras gubernamentales, se registraron el año pasado 12.257 homicidios, que equivalen a 45 por cada 100.000 habitantes y "23 por ciento más que en 2005, en tanto se mantiene una línea ascendiente", dijo Alvarado.
Una reforma policial para encarar ese problema fue abordada como una amplia consulta nacional el año pasado, pero sus recomendaciones están prácticamente archivadas desde que en enero pasado se cambió al ministro del Interior, recordó Alvarado.
Otro tema es el de la amnistía de los llamados por la oposición "presos políticos", que son militares, policías y civiles que se encuentran detenidos o bajo averiguación judicial por delitos enmarcados en la conflictividad política del país.
"Nosotros siempre hemos estado en contra de la impunidad. Si alguien debe ser investigado o juzgado y condenado, pues que se haga", dijo Alvarado. "Lo que sí hemos exigido siempre es que existan garantías procesales e igualdad de trato, que no se juzgue sólo a los que estén en una acera política", agregó.
Sostuvo que "es parte de la historia política y democrática del país que, cuando se pasa la página de una elección, lleguen fórmulas de libertad o amnistía para estos casos".
Chávez encabezó una fallida sublevación militar en febrero de 1992, que costó la vida de una veintena de personas, y estuvo preso hasta comienzos de 1994, al ser sobreseída su causa por el entonces recién reelecto presidente Rafael Caldera (1969-1974 y 1994-1999).
El pasado fin de semana se ordenó la captura de Enrique Mendoza, quien fue varias veces gobernador del estado de Miranda (al este de Caracas) por haber incitado al cierre de la emisora de televisión estatal Canal 8 la noche del 11 de abril de 2002, mientras generales y empresarios perpetraron el golpe de Estado que sacó por dos días de la presidencia a Chávez.
Mendoza, además, dirigió la Coordinadora Democrática que en 2004 aupó el referendo que buscó sin éxito revocar el mandato de Chávez y, según sus colaboradores, coordinó con bajo perfil los trabajos por la clara victoria que logró el No en Miranda (56,2 contra 43,8 por ciento) en la consulta del pasado 2 de diciembre.
"Hay señales de una mayor judicialización de la represión a la disidencia política", advirtió Alvarado, "pero nosotros insistiremos en que, desde una perspectiva de los derechos humanos, puede aprovecharse la ventana abierta para el diálogo hacia acuerdos en temas que interesan a la mayoría de los venezolanos".
