España está con la vista y las acciones políticas fijas en las elecciones de marzo y lo primero que se aprecia es la dura lucha entre el socialismo gobernante y la principal fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular (PP), por conquistar el pensamiento de centro.
Todas las encuestas dan por ganador al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero todas también indican que lo más probable es que no logre mayoría absoluta, como ocurrió en los comicios que lo llevaron a la presidencia del gobierno en 2004.
Esto haría que volviera a pactar con grupos minoritarios para que voten a su favor o se abstengan en el Congreso de los Diputados, organismo que designa al jefe del gobierno de España, ya que se da por descontado que el PP votará nuevamente en contra.
Las encuestas varían unas a otras en décimas, pero en general se puede decir que las proyecciones están en torno a 43 por ciento de adhesiones de los consultados para el PSOE y 40 por ciento para el PP.
Ante ese cuadro, el jefe del gobierno y líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, apunta electoralmente a dos temas que son los que más preocupan a los ciudadanos, el terrorismo y la economía.
Precisamente en el tema del terrorismo es donde más arrecia el PP en su crítica al gobierno y en su campaña electoral, acusándolo de estar claudicando ante el grupo ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence) y sus manifestaciones políticas.
Dentro de esa campaña, el PP presentó este martes un proyecto de ley, que no fue aprobado por el Congreso, proponiendo la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV), ambos considerados brazos políticos de ETA.
Tampoco fueron aprobadas su propuesta de que se revoque una resolución de mayo de 2005 que autorizó al gobierno a negociar con ETA siempre y cuando ésta renunciase previamente a la violencia.
Mariano Rajoy, el líder del PP, insiste en esas propuestas a pesar de que es público que el gobierno encomendó a las fuerzas policiales que presenten un amplio y documentado informe al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para promover la ilegalización de ANV y el PCTV por su apoyo a ETA.
Conde-Pumpido, por su parte, ya instruyó el lunes al teniente fiscal del Tribunal Supremo de Justicia y al fiscal de sala, Antonio Narváez, a efectos de que vayan preparando la demanda de ilegalización de ANV y del PCTV.
La demanda no se presentó todavía porque el Fiscal General considera que la documentación que tiene no es lo suficientemente clara para lograr la condena, por lo que esperará a recibir el nuevo informe policial, que está en plena elaboración.
Fuentes gubernamentales que pidieron no ser identificadas confiaron a IPS que la acción del Fiscal se producirá a más tardar en la primera semana de enero, pues el informe se le entregaría antes de finalizar diciembre.
Por otro lado, fuentes judiciales indicaron que los dos fiscales ya están redactando el borrador de la demanda, sobre la que deberán pronunciarse el Tribunal Supremo y el Constitucional.
Entre las pruebas que maneja el fiscal hay documentos que confiscó la policía y que prueban que el PCTV pagó con su dinero los sueldos de una decena de dirigentes de Batasuna, el ilegal brazo político de ETA.
Tanto ANV como el PCTV han sido utilizados por ETA para reemplazar a Batasuna en las elecciones, después de que esa formación fuera ilegalizada como partido político en 2002.
Tomando en cuenta lo que suelen tardar la instrucción de procesos judiciales en España, es prácticamente improbable que el Tribunal Supremo o el Constitucional pudieran dictar sentencia antes de las elecciones de marzo. Por ello, desde la Fiscalía se tiene previsto presentar la demanda de ilegalización y, al mismo tiempo, la suspensión de actividades aplicando el Código Penal.
Eso significaría que tanto ANV como el PCTV no podrían presentarse a los comicios ni realizar ningún otro tipo de actividad hasta que la justicia se pronunciase.
En lo económico, también cunden las diferencias entre el PSOE y el PP. Mientras el primero señala que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) es uno de los más altos de la Unión Europea, el PP lo considera insuficiente. Zapatero anunció en estos días que suprimirá el impuesto de patrimonio, lo cual afectará positivamente a la clase media.
Sobre la economía y las relaciones externas, desde el PSOE se destaca que, mientras el gobierno del PP hizo su mayor gasto fuera de las fronteras apoyando militarmente la invasión estadounidense a Iraq, el de Zapatero ha puesto énfasis en la ayuda al desarrollo de los países del Sur y en la integración de los inmigrantes.
En política interna, Zapatero también busca más votos entre los ciudadanos católicos y, para "enfriar" las polémicas suscitadas por la Iglesia ante la aprobación de leyes como la de igualdad sexual y reconocimiento de los matrimonios homosexuales, "recuperó" a José Bono, su ex ministro y líder socialista en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Bono, quien renunció a su cargo de Ministro de Defensa por diferencias con Zapatero, aunque nunca las hizo explícitas, aceptó ahora ser el cabeza de lista del PSOE en Toledo, la capital de Castilla-La Mancha.
El PP, por su parte, mantiene un tono más duro que nunca y junto a Rajoy se destacan dos de los más derechistas dirigentes de ese partido, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, que comparten y alternan tribunas con él.
Así es como se van presentando las elecciones, mientras el PSOE busca más votos en el centro, el PP parece no tener miedo de perderlos.
