En la primera audiencia del proceso contra el peruano Alberto Fujimori por crímenes de derechos humanos, el fiscal señaló evidencias probatorias de que el ex presidente (1990-2000) planeó y ordenó la ejecución de 25 personas sospechosas de pertenecer a la insurgencia maoísta de Sendero Luminoso.
El fiscal pidió 30 años de prisión para Fujimori por los delitos de homicidio en agravio de 15 pobladores de Barrios Altos, en 1991, y de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en 1992, y por el secuestro y detención ilegal del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Además, solicitó una indemnización de 33,4 millones para las víctimas.
"Los comandos ejecutores llevaron a cabo los asesinatos al amparo de un plan estratégico minuciosamente estructurado, aprobado y desarrollado por un aparato de poder estatal ilícito, en cuya cúspide se encontraba el ex presidente", sustentó el fiscal.
Peláez dijo que contaba con información documental y declaraciones de los ex agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que se organizaron bajo el nombre de "grupo Colina" para perpetrar ejecuciones extrajudiciales.
Aunque llegó a la sala de audiencias sonriente y saludando a sus hijos Keiko, Sachi y Kenji y a los legisladores de su partido, durante las cinco horas y media que duró la audiencia, el ex jefe de Estado se mantuvo inquieto y a veces mortificado por la acusaciones.
El tribunal presidido por el magistrado César San Martín inició la audiencia resolviendo los pedidos de las partes.
La defensa de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, cuyas muertes se atribuyen al grupo Colina, consiguió que el tribunal aprobara su pedido de citar a varios testigos claves, inclusive el actual primer ministro Jorge del Castillo, quien fue detenido y encarcelado en forma clandestina por militares durante el autogolpe de abril de 1992, cuando Fujimori intervino y disolvió los poderes Legislativo y Judicial.
El tribunal también accedió a incorporar en el proceso documentos desclasificados de la estadounidense Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Estado (cancillería), publicados este lunes por el no gubernamental National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional), con sede en Washington.
Los documentos contienen información, según la cual Fujimori ordenaba personalmente eliminar a detenidos acusados de terrorismo, como ocurrió en el desenlace de la toma de la residencia del embajador japonés en Lima, el 17 de abril de 1997.
Ese día, el comando que rescató a los rehenes civiles en manos de guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) ultimó a tres insurgentes que se habían rendido y estaban desarmados.
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, logró que el tribunal citara a varios militares condenados por corrupción y crímenes de derechos humanos para que declararan a favor del ex presidente. El jefe del ejército entre 1991 y 1998, general Nicolás Hermoza, y el líder del grupo Colina, Santiago Martín, están en esa lista de testigos de la defensa.
El pedido de Nakazaki llamó la atención, porque la defensa de Fujimori ha rechazado la versión de Hermoza y Martín, quienes declararon que el ex presidente estaba al tanto de las ejecuciones.
La línea de la defensa de Fujimori insistió en que éste no ordenó matar a nadie y que se limitó a llevar adelante una exitosa política contrainsurgente, que respetó los derechos humanos y que, en todo caso, los excesos fueron obra de los militares.
Pero el fiscal Peláez desmontó esa argumentación y aseveró que los crímenes del grupo Colina fueron posibles porque sus integrantes gozaban de la protección del jefe de Estado.
"La aprobación y la orden para la ejecución de las llamadas 'operaciones especiales' las dio el ex presidente Fujimori, a través de la cadena de mando del aparato de poder, en cuya cúspide se hallaba ubicado el acusado", afirmó el fiscal.
El presidente "estableció dos estrategias contrasubversivas: una oficial, visible y convencional, y otra secreta y clandestina, para la ubicación, detención y eliminación de los supuestos subversivos. Se aprobó una guerra clandestina, una guerra no convencional, una guerra de baja intensidad", argumentó el acusador.
Mientras, Fujimori miraba fijamente sus apuntes, como ausentándose del lugar.
"Los crímenes no fueron obra de un simple mayor del ejército (Martín) sino que éste actuaba con pleno conocimiento de la jerarquía militar, que se comunicaba con Fujimori por intermedio de su asesor Vladimiro Montesinos. Los asesinos actuaron con total impunidad, respaldo y absoluta protección del ex presidente", continuó Peláez.
Para el fiscal, Fujimori sabía que sus órdenes serían cumplidas sin dudas ni murmuraciones.
"(El presidente) nunca estuvo presente (en los lugares donde se cometieron los crímenes), pero sabía perfectamente que sus órdenes serían cumplidas porque tenía el dominio de los hechos. Sabía que sus órdenes serían efectivamente cumplidas por el grupo Colina", argumentó.
"Solo le pido al tribunal que aplique la justicia, para que no se vuelvan a repetir los hechos que son materia de juzgamiento", concluyó.
Luego, el presidente del tribunal, San Martín, concedió la palabra al acusado, de 69 años, para que respondiera si aceptaba los términos de la acusación.
Enfurecido, agitando los brazos y apuntando con un dedo al tribunal, gritó: "¡En mi gobierno se rescató los derechos humanos de 25 millones de peruanos, sin excepción alguna! Si se cometieron algunos excesos, los condeno, pero ¡no fueron por orden de quien habla!".
"¡El 50 por ciento del territorio estaba controlado por las huestes terroristas!", afirmó en su argumentación de que las víctimas de los "excesos" fueron pocas en comparación con el número de peruanos que se libraron de Sendero Luminoso.
"Acusado Fujimori, yo soy el que mando aquí", dijo el juez San Martín, cuando el ex mandatario continuaba gritando sobre los éxitos de su política antiguerrillera, en tanto sus hijos y partidarios estallaban en aplausos frente a las familias de los 25 asesinados por el grupo Colina.
"¡Soy inocente y rechazo la acusación!", exclamó Fujimori.
El magistrado consiguió controlar el incidente e hizo que el detenido recuperara la compostura, advirtiendo a sus seguidores que serían desalojados si volvían a vitorear a su jefe.
El juez San Martín suspendió la sesión a la hora del almuerzo, pero al reanudarla, Fujimori se ausentó. Había sufrido un episodio de hipertensión originada por su dramática intervención, según los médicos.
Será interrogado el miércoles. Necesitará de buena salud para soportar las confesiones de su ex asesor de inteligencia también preso y sometido a proceso, Vladimiro Montesinos, cuya comparecencia ha sido garantizada en este juicio.
