Por primera vez en la historia del Japón moderno, el gobierno reveló la identidad de condenados a muerte y los crímenes que se les imputaba antes de ejecutarlos, en lo que se considera un avance hacia una aplicación más humana de la pena capital.
El Ministerio de Justicia, en un hecho inédito desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se apartó de las tradiciones y divulgó en la mañana del viernes 7 el nombre de los condenados, que fueron ejecutados ese mismo día.
Entre 1945 y noviembre de 1998, incluso, las autoridades ni siquiera anunciaban sobre las ejecuciones a posteriori. En esa fecha, comenzó a informar sobre las condenas una vez concretadas, sin indicar la identidad y la fecha exacta.
La filial japonesa de Amnistía Internacional mantuvo su condena a las ejecuciones, pero encomió, con cautela, la medida.
"Es el primer paso hacia la ruptura del secretismo del sistema de ejecuciones de Japón", dijo Misaki Yagishi, conductor del capítulo nacional de Amnistía. "De todos modos, estamos contra las ejecuciones. Lamentamos las de este año, la mayor cantidad en más de un decenio."
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Los tres ahorcados del viernes pasado elevaron a nueve las ejecuciones realizadas desde el 1 de enero.
El ministro de Justicia, Kunio Hatoyama, sugirió que la identidad de los ejecutados fue publicitada para aliviar las críticas por secretismo, y a pedido de organizaciones ciudadanas y de los familiares de las víctimas.
"Es necesario para que los deusos de las víctimas y el público comprendan que las ejecuciones son apropiadas", dijo Hatoyama ante el Comité de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes.
"Firmar órdenes de ejecución es doloroso, pero creo que debe ser asumido ordenadamente y basándonos sobre la ley. Firmé sabiendo que es una responsabilidad ineludible", agregó.
De todos modos, al comunicado oficial sobre las ejecuciones del viernes 7 hubo confusión y conmoción entre los legisladores.
Ritsuo Hosokawa, del opositor Partido Democrático, se manifestó "estupefacto". Es extremadamente raro que un ministro de Justicia admita en el parlamento que hubo una ejecución.
Estas tres fueron las primeras aprobadas por Hatoyama, quien, al asumir el cargo en agosto, aseguró que todas las condenas serían concretadas "sistemáticamente" sin su participación.
Pema Gyalpo, profesor de la Universidad Toin de Yokohama y asesor del gobierno, consideró que la divulgación de la identidad de los ejecutados es una maniobra de Hatoyama para ganar estatura política.
"Se está haciendo un nombre con actitudes inusuales. Se encuentra en el segundo lugar del partido entre los aspirantes a primer ministro. Está frustrado y quiere hacerse conocer. Juega con los medios y procura estar en la agenda, aunque su posición sea impopular", dijo Gyalpo.
"Y también quiere crearle problemas al primer ministro Yasuo Fukuda. Una vez que los nombres de los futuros ejecutados salen a la luz, la gente comenzará a preguntar por qué éste sí y éste otro no", agregó.
De todos modos, las protestas internacionales no cesan. "Los nombres de los ejecutados fueron revelados, pero los ahorcamientos se implementaron de repente, como es habitual sin notificar a los condenados, a sus familiares ni a nadie", sostuvo Amnistía.
"Japón va contra la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. En Estados Unido, la cantidad de ejecuciones y sentencias de muerte gradualmente decrece, pero no en Japón", agregó la organización.
Este país y Estados Unidos son los únicos del Grupo de los Siete países más industrializados del mundo que mantienen la pena capital en su elenco de sanciones penales.
Unos 104 presos en Japón esperan hoy la ejecución.
De todos modos, hay reformas legales que se procesan lenta y gradualmente. Expertos prevén que la medida tomada por el ministro Hatoyama es el preludio de proyectos más ambiciosos para 2009.
Según diversas versiones, habrá jueces especiales a cargo de decidir las condenas a muerte y también un sistema de jurados, integrados por magistrados y ciudadanos comunes, que decidirán por mayoría.
El primer ministro Fukuda supo de la decisión de divulgar los nombres de los ejecutados en la mañana del viernes 7. Según la prensa, apoyó la medida porque "los sentimientos de los deudos deben tenerse en cuenta".
Los tres ahorcados fueron Hiroki Fukawa, de 42 años, y Seiha Fujima, de 47, ambos en la cárcel de Tokio, y Noboru Ikemoto, de 74, en Osaka.
Según la sentencia que lo condenó, Fujima mató a puñaladas a cinco personas, incluida una familia de tres miembros, en 1981 y 1982. Fukuda mató en 1999 a una mujer de 65 años y a su madre porque se negaron a prestarle dinero. Ikemoto mató a balazos a tres vecinos e hirió a otro porque, según creía, arrojaban basura en su jardín.
Entre octubre de 2005 y septiembre de 2006 no hubo ninguna ejecución porque el entonces ministro de Justicia, el budista Seiken Sugiura, se negó a firmarlas por razones religiosas.
El predecesor de Hatoyama, Jinen Nagase, ordenó la ejecución de 10 condenados.
