El levantamiento del estado de emergencia y la restauración de la Constitución en Pakistán son insuficientes para encaminar al país hacia la democracia, según activistas por los derechos civiles.
Por un lado, la mayoría de los jueces de mayor jerarquía se niegan, en un acto sin precedentes, a prestar juramento bajo el decreto del presidente Pervez Musharraf que instauró el 3 de noviembre el estado de emergencia.
Todavía persisten las leyes de censura a la prensa y las restricciones a los medios de comunicación electrónica. Además, el propio Musharraf ha sido elegido presidente para los próximos cinco años, mientras aún usa uniforme militar, por el parlamento saliente.
Aquéllos que se negaron a prestar juramento pueden "haber dejado de ser jueces", según el ministro provisional de Justicia, Afzal Haider, pues no fueron destituidos ni abandonaron sus despachos. Pero muchos de ellos se niegan a aceptar esta posición.
Por primera vez en la historia de Pakistán, la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y las cuatro altos tribunales provinciales se negaron a legitimar el decreto. La posición de estos jueces tampoco tiene precedentes: ellos se consideran a sí mismos los legítimos magistrados.
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Ciudadanos comunes tomaron la iniciativa a partir del "desafío pacífico" de los jueces, encarnado por el depuesto presidente de la Corte Suprema, Iftikhar A. Choudhry, que estuvo bajo arresto en su residencia oficial desde el 3 de noviembre.
Muchos abogados apoyan esta posición y se niegan a reconocer a los jueces que usurpan los cargos de aquellos que se negaron a prestar juramento según las nuevas normas.
Varios jueces depuestos todavía están en sus residencias oficiales. Cuando M.A. Shahid Siddiqui, del principal tribunal de la oriental ciudad de Lahore, recibió la carta del secretario de ese cuerpo para que la desalojara, le respondió que consideraba su carta "un intento de intimidar a los jueces que no se rindieron ante el jefe del Estado Mayor del ejército".
"Como juez en funciones de la Alta Corte de Lahore, me dirijo a su secretario para que explique por qué y a instancias de quién emitió esta carta pidiéndome que abandone mi residencia oficial. La respuesta deberá ser presentada en el plazo de un mes", advirtió.
El intercambio disparó otra cadena de acontecimientos que demostraron ser, en su mayoría, vergonzantes para el gobierno. Estudiantes y abogados comenzaron a mantener una vigilia en el exterior de la residencia del juez Siddiqui.
Muchos permanecieron afuera toda la noche, desafiando el frío invierno de Lahore. Entre ellos, los conocidos activistas y abogados Asma Jahangir y Hina Jillani, junto con una serie de otros activistas de alto perfil.
"Continuaremos manteniendo la vigilia fuera de la casa del juez Siddiqui", dijo Hamid Khan, ex presidente de la Asociación de Abogados de la Alta Corte de Lahore.
Pese a amenazas de la policía, activistas y abogados se rotaron día y noche durante varias jornadas para impedir que el juez Shahid Siddiqui fuera desalojado de su residencia oficial.
Todo terminó cuando Siddiqui debió ser llevado de urgencia al hospital con un dolor en el pecho. A última hora de esa noche, la policía arrestó a alrededor de una docena de abogados y estudiantes frente a su residencia. Los liberaron luego de unos días, y los cargos contra ellos fueron retirados.
El juez Siddiqui está en el hospital y su familia todavía se encuentra en su residencia oficial.
El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos —observado por abogados pakistaníes y organizaciones de la sociedad civil como "día negro"—, el depuesto presidente de la Alta Corte de Sindh, Sabihuddin Ahmed, advirtió que no emitiría comentarios sobre el estado de emergencia porque podrían ser malinterpretados como pronunciamiento judicial.
"Todavía soy el presidente de la Alta Corte", sostuvo.
Mientras, la prensa sostiene que el estado de emergencia le resulta menos lesiva que el Decreto de Registro de Impresiones y la Autoridad Regulatoria de Medios Electrónicos de Pakistán.
Mazhar Abbas, secretario general de la Unión Federal de Periodistas de Pakistán, observó que el cierre de los canales de televisión privados Geo y Royal TV "viola el artículo 19 de la Constitución". Al restablecerse la vigencia de la carta política, "¿por qué a estos canales no se les ha permitido reanudar las transmisiones?", se preguntó.
"La prohibición continuada de presentadores de televisión, programas de entrevistas y llamadas en vivo impidió que los canales de televisión hicieran una cobertura libre de las elecciones. También viola el derecho ciudadano a la libre expresión" que consagra el artículo 19, dijo.
Musharraf impulsó seis enmiendas más en la Constitución a través de decretos emitidos el viernes, un día antes de levantar el estado de emergencia y restaurando la vigencia de la carta política.
Su primer acto luego de restablecer la Constitución fue tomar juramento a nuevos miembros de la Suprema Corte de Pakistán.
Para muchos en Pakistán, la permanencia de Musharraf en el cargo se ve deslegitimada porque fue elegido por un parlamento que había completado su periodo y no tenía mandato para designarlo, y porque aún luce uniforme militar.
Un abogado de Lahore, Asad Jamal consideró que el restablecimiento de la Constitución está vacío de contenido, dadas las alrededor de 12 enmiendas que Musharraf impulsó el mes pasado y que le dan inmunidad.
"Él destruyó el carácter de la Constitución. Se asegurará de que no haya necesidad de ratificar estas enmiendas en el parlamento, a menos que esté seguro del requisito de una mayoría de dos tercios", dijo Jamal.
