Casi 17 años después de concluida la guerra civil nicaragüense, los acuerdos de desmovilización empiezan a cumplirse bajo el gobierno del izquierdista Daniel Ortega, entre el escepticismo y la esperanza de los antiguos enemigos de armas.
El presidente instauró en mayo una Comisión de Verificación, Reconciliación, Paz y Justicia, a cargo de su antiguo crítico, el cardenal católico Miguel Obando y Bravo, e integrada por funcionarios del gobierno, para organizar la situación de las víctimas de la guerra de los años 80.
Nicaragua enfrentó una guerra de 10 años, hasta 1990, entre el Ejército Popular Sandinista y las guerrillas de la "contra", o Resistencia Nicaragüense, financiadas y organizadas por Washington.
En ese período Ortega fue por primera vez presidente (1984-1990), tras el triunfo, en 1979, de la revolución conducida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sobre la dictadura de la familia Somoza, que había gobernado Nicaragua a sangre y fuego durante 43 años.
Ortega perdió las elecciones en 1990 y, después de dos intentos fallidos de regresar a la primera magistratura, ganó los comicios generales de 2006 con una consigna electoral de paz y reconciliación.
Nelson Artola, secretario ejecutivo de la Comisión de Verificación, dijo a IPS que Ortega estaba cumpliendo con promesas desmovilización y reinserción en la vida civil ofrecidas desde 1987 a más de 200.000 personas involucradas directamente en la guerra.
Esas promesas incluían reparto de predios a campesinos y de viviendas para los ex combatientes, asistencia financiera y capacitación técnica a los pequeños agricultores, pensiones para los lisiados, viudas y huérfanos, atención médica y acceso prioritario a la educación, transporte gratis en el servicio público, seguridad física y facilidades para la organización política o gremial de los desmovilizados.
Según datos oficiales, más de 50.000 personas murieron en el conflicto y cerca de 50.000 sufrieron daños permanentes o quedaron huérfanas o viudas.
"A esos miles de víctimas directas e indirectas, el presidente está luchando por cumplirles lo que durante más de 17 años le han negado los gobiernos neoliberales", dijo Artola, citando los beneficios que el gobierno entrega a ex miembros de la contra, soldados y policías retirados, lisiados de guerra, viudas y madres de combatientes caídos.
En octubre de este año el gobierno extendió las pensiones a 21.400 beneficiarios registrados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), con la meta de llegar a 25.000 en 2008.
Además, el monto de esas pensiones se elevará hasta en 150 por ciento para ex combatientes con discapacidad total y en 100 por ciento para los que padezcan discapacidades parciales, además de aumentos sustanciales para otros 7.846, dijo el presidente del INSS, Roberto López.
Las pensiones para viudas y huérfanos se ampliaron a 1.649 personas, y se extendieron los beneficios a 11.670 madres de combatientes caídos en ambos bandos.
El INSS anunció que revisará la suspensión de pensiones a miles de personas, efectuada por gobiernos anteriores, y a las madres mayores de 60 años se les activará la ayuda estatal automáticamente.
Además, las autoridades aumentarán en 100 millones de córdobas (5,3 millones de dólares), el presupuesto destinado a las pensiones, que se financiará con asistencia de la cooperación internacional.
Para ese fin se creará una comisión internacional de búsqueda de fondos, que pretende incorporar a veteranos de la Guerra de Vietnam (1965-1975), al ex presidente sudafricano y premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, y a los mandatarios Hugo Chávez, de Venezuela, y Luiz Inácio Lula Da Silva, de Brasil.
Según Artola, los dos últimos ya han ofrecido apoyo para los ex combatientes, tanto financiando programas sociales de las autoridades nicaragüenses como estudiando alternativas productivas en las que participarían desmovilizados.
Este mes, la Comisión de Verificación dijo ante el cuerpo diplomático internacional que se han organizado en todo el país 70 comisiones mixtas de ex combatientes y víctimas de guerra para acceder a la asistencia.
La Procuraduría General de la República informó que comenzó la distribución de lotes de tierra y títulos de propiedad a desmovilizados envueltos en constantes y violentos conflictos por el dominio de la ex hacienda estatal El Timal, al norte de Managua.
Xiomara Mendoza, madre de un soldado campesino caído en combate en 1985 en Matagalpa, recibió con beneplácito la noticia.
"Cuando mi hijo murió, tenía 18 años y dejó dos niños chiquitos que han padecido hambre y enfermedades. Ahora, con esa ayuda van a pagar al menos un poquito de la desgracia que hemos pasado", dijo llorando a IPS.
Aníbal Rodríguez Cruz, un ex combatiente indígena que camina en muletas por las calles de Managua pidiendo limosnas, contó que "al inicio me daban una miseria de pensión, pero después me la quitaron en el 93".
"Desde entonces he buscado trabajo, pero nadie me ha dado la mano. Ojalá que ahora sí nos cumplan, para al menos poder comer", dijo a IPS.
Pero dirigentes políticos y ex comandantes de la contra ven con escepticismo la iniciativa.
Luis Fley, fundador del Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN) y ex miembro del estado mayor de la contra, reconoció que en los años 90 "las pensiones y el trato a los desmovilizados fueron miserables".
"Pero el FSLN desde la oposición nunca buscó ayudar a los combatientes, ahora veo sospechoso que empiecen a organizar a los más necesitados cuando se acercan las elecciones municipales de 2008", observó Fley, actual director de Relaciones Internacionales del PRN.
Otro ex comandante contra, Óscar Sobalvarro, quien fungió como negociador con el gobierno sandinista, dijo que "no hay tal ayuda".
"Hemos hecho contacto con nuestras redes históricas, con nuestros dirigentes campesinos y ex combatientes, y ellos no han sido llamados ni han recibido ni un saludo", aseguró Sobalvarro.
"Esos que aparecen en la televisión como contras no son verdaderos, son militares retirados y uno que otro infiltrado en nuestras filas que se han aliado con el FSLN para obtener beneficios", aseveró.
