Autoridades educativas de dos condados del sudoriental estado de Florida, Estados Unidos, impiden a una organización pacifista contrarrestar la presencia de reclutadores militares en las escuelas secundarias.
Funcionarios de los condados de Manatee y Sarasota "nos dijeron que no podemos ir a las aulas porque no ofrecemos ninguna información sobre oportunidades para egresados", dijo Don Thompson, copresidente de la no gubernamental Coalición de Patriotas Preocupados (CCP, por sus siglas en inglés).
"Es una excusa. Le decimos a los estudiantes que unirse al Cuerpo de Paz es una opción para conseguir trabajo", agregó Thompson, cuya organización expone alternativas al ingreso en las fuerzas armadas.
"Algunos reclutadores militares no dicen la verdad. No cuestionamos la existencia de fuerzas armadas, sino las mentiras de quienes quieren atraer a los jóvenes", dijo a IPS Thompson, un ex ministro de la iglesia metodista.
Según una ley aprobada en 2002 y promovida por el gobierno de George W. Bush, las escuelas públicas de nivel secundario están obligadas a entregar a los reclutadores militares el nombre, dirección y número telefónico de sus alumnos.
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Los jóvenes o sus padres pueden pedir por escrito que no se les entregue esa información personal, pero muchos ignoran que tienen ese derecho.
Un portavoz de las autoridades escolares del condado de Sarasota, Scott Ferguson, dijo a IPS que el CCP "no ofrece directamente ninguna oportunidad laboral".
"La diferencia es que los reclutadores militares sí proporcionan un trabajo específico. Ignoro si hay correlación entre el aumento de la impopularidad de las guerras en Afganistán e Iraq y los pedidos de las organizaciones pacifistas para ingresar a las escuelas", agregó Ferguson.
La portavoz del Departamento de Educación de Florida, Deborah Higgins, señaló a IPS que no estaba al tanto de la polémica. "Esto es lo primero que escucho al respecto", comentó al ser inquirida sobre el asunto.
Las fuerzas armadas son parte vital de la economía de Florida, a las que debe sumarse las unidades de la Guardia Nacional (reservistas). Un estudio privado realizado en 2002 indicó que las actividades relacionadas con las instituciones castrenses aportaron 21.700 millones de dólares a la economía del estado.
Michael MacPherson, director ejecutivo de Veteranos por la Paz, que cuenta con 7.200 miembros y 123 capítulos activos en cada uno de los 50 estados del país, dijo a IPS que "los estudiantes deberían recibir toda la información posible".
"Queremos darles todas las opciones. Los estudiantes nos escuchan por el hecho de que servimos en las fuerzas armadas", agregó.
En respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico, la encargada de relaciones públicas del centro de reclutamiento del ejército en Jacksonville, Cynthia Rivers-Womack, indicó que "antes de visitar las escuelas los reclutadores cumplen con todos los requisitos que fijan los colegios respecto de los visitantes, lo que generalmente incluye presentarse ante las autoridades".
"Estas visitas pueden desarrollarse instalando una mesa cerca de la cantina escolar, a través de una presentación formal en un aula, o con un puesto de información en los estadios cuando hay partidos de fútbol americano o básquetbol", agregó.
"Es poco probable que haya enfrentamientos entre reclutadores y grupos pacifistas, ya que a éstos no se les permite ingresar a los colegios. Si se presentara una situación de conflicto potencial los miembros del servicio tienen la orden de no involucrarse", dijo Rivers-Womack.
Si un reclutador acosa verbalmente a un estudiante que se había mostrado interesado en unirse al ejército pero cambió de opinión "recibe una sanción disciplinaria aplicada por su comandante", aseguró.
En otros condados de Florida se llegó a un acuerdo. Hace dos años y medio, en Pinellas, se le negó a Veteranos por la Paz el permiso de visitar las escuelas.
Uno de sus miembros, Dwight Lawton, dijo a IPS que hablaron con todos los integrantes de la junta escolar. "Descubrimos que algunos de ellos estaban interesados en lo que teníamos para decir", recordó.
Las autoridades educativas de ese condado aprobaron una resolución que garantiza el acceso a "otros grupos que desean presentar una alternativa a la incorporación a las fuerzas armadas".
Existen en el país docenas de grupos que realizan campañas contra el reclutamiento. La semana pasada, un grupo de estudiantes de una escuela secundaria en el estado de Vermont organizaron una protesta contra los reclutadores militares. Tres fueron arrestados, junto con 10 activistas por la paz.
Grissim Walker, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que asesora al CCP, afirmó que la lucha por la igualdad de acceso a las escuelas no ha terminado.
"Siempre estamos abiertos a una negociación, pero si no hay ningún avance está abierta la posibilidad de iniciar acciones judiciales", afirmó.
