Una ex funcionaria de la Fiscalía General de Estados Unidos se sumó al reclamo de la comunidad legal de ese país por una investigación oficial sobre la destrucción de vídeos de interrogatorios a sospechosos de terrorismo a cargo de la CIA.
"Desaparecieron unos cinco millones de correos electrónicos enviados desde la Casa Blanca. Y ahora borraron los vídeos de los interrogatorios de la CIA (Agencia Central de Inteligencia). Esto es criminal", aseguró Jesselyn Radack.
Esta ex funcionaria alcanzó notoriedad cuando objetó el tratamiento recibido por John Walker Lindh, estadounidense capturado en la invasión a Afganistán en 2001 y acusado de pertenecer a las milicias islamistas Talibán, que dominaban ese país desde 1996.
"¿Recuerdan cuando el Departamento (ministerio) de Justicia (Fiscalía General) acusó a la empresa Enron y la consultora Arthur Anderson por destrucción de evidencia y obstrucción de la justicia? Ahora está tratando de bloquear la supervisión del Congreso legislativo y los procedimientos legales en torno de este escándalo", agregó.
Radack realizó sus comentarios en el lanzamiento de la campaña Abogados en Defensa de la Constitución. La iniciativa cuenta con el apoyo de más de 1.300 profesionales y estudiantes de derecho de todo el país, entre los que figuran el ex gobernador del estado de Nueva York, Mario Cuomo, del opositor Partido Demócrata.
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También se sumaron a la campaña directivos de organizaciones legales y más de 100 profesores de derecho.
La petición dirigida a los presidentes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes (diputados) y del Senado, John Conyers y Patrick Leahy, propone el inicio de una investigación sobre "actividades inconstitucionales y potencialmente delictivas" por parte del gobierno de George W. Bush.
El denominado "vídeogate" estalló el 7 de diciembre. El sufijo "gate" se utiliza para bautizar a los escándalos desde el caso Watergate en los años 70, que forzó la renuncia del ex presidente Richard Nixon (1969-1974).
El diario The New York Times reveló que en 2005 la CIA había destruido al menos dos vídeos que registraban el interrogatorio de dos miembros de la organización terrorista Al Qaeda. En ese momento, legisladores y la justicia investigaban el programa de detenciones secretas de la agencia.
Los vídeos mostraban a miembros de la CIA usando "técnicas severas" de interrogatorio en 2002. El director de la agencia, Michael V. Hayden, señaló en un mensaje al personal que esos registros fueron destruidos, en parte por la preocupación sobre posibles consecuencias legales y porque ya no tenían valor como información de inteligencia.
El vídeogate plantea dudas sobre si funcionarios de la CIA ocultaron información sobre el programa de detenciones secretas al Congreso legislativo, los tribunales y la comisión que investigó los atentados del 11 de septiembre de 2001. La CIA argumentó que el Departamento de Justicia y el Ejecutivo aprobaron el uso de técnicas "severas" de interrogatorio antes de que se las usara con los prisioneros.
Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, que brinda ayuda y asesoramiento legal a los detenidos en la prisión instalada en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, también reclamó una investigación exhaustiva.
"Por mucho tiempo el Congreso legislativo ha sido funcional al gobierno de Bush en su ignorancia de derechos constitucionales básicos: no ser sometido a torturas ni a escuchas ilegales, no ser encarcelado sin la garantía del hábeas corpus, ni desaparecer en lugares secretos. Están en juego principios que se remontan a la Carta Magna", la norma fundamental de Inglaterra sancionada en 1215 y base del derecho constitucional estadounidense.
Ratner pidió a los legisladores que "hagan su trabajo: defender a la Constitución de sus enemigos. El gobierno de Bush es su enemigo".
"El Congreso legislativo tiene el deber constitucional de supervisar las acciones del Ejecutivo. Nuestro sistema de gobierno se ve amenazado cuando el Congreso se retrae ante un presidente obstinado", agregó.
Marjorie Cohn, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados, dijo a IPS que "desde la guerra ilegal en Iraq y la tortura ilegal a prisioneros, hasta la destrucción ilegal de evidencia por parte de la CIA, el gobierno de Bush se ha convertido en una institución de violadores de la ley".
Cohn es autora del libro "Cowboy Republic: Six Ways the Bush Gang Has Defied the Law", ("República Cowboy: Seis formas en que la pandilla de Bush ha desafiado a la ley").
Radack alcanzó notoriedad pública durante el caso de Lindh. Un tribunal había ordenado que se entregaran todos los documentos relativos a su interrogatorio. Al descubrir que no se había acatado esa orden judicial, Radack denunció el hecho. Fue obligada a renunciar a su cargo en el Departamento de Justicia.
"Mis correos electrónicos documentan que desaconsejé interrogar a Lindh sin la presencia de un abogado. Se cometió una falta ética al hacerlo. Mis correos electrónicos y los vídeos de la CIA fueron destruidos porque había funcionarios preocupados por esta evidencia del uso de métodos cuestionables de interrogatorio, que podría colocarlos en un riesgo legal", afirmó.
Jonathan Turley, profesor de derecho de la Universidad George Washington, señaló que si cuatro abogados de la Casa Blanco discutieron la destrucción de los vídeos de la CIA, tal como lo señaló The New York Times, se habrían cometido seis delitos.
Turley los detalló: "Obstrucción de la justicia, obstrucción del Congreso, perjurio, conspiración, falso testimonio y, lo que frecuentemente se olvida, tortura de sospechosos".
"Si esto ocurrió, son delitos que fueron probablemente ordenados por el presidente en persona, ya que sólo él puede disponer la aplicación de técnicas especiales de interrogatorio", afirmó.
