El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva afronta un fuerte desafío económico tras sufrir en la madrugada de este jueves una dura derrota en el Senado, que pone fin al impuesto sobre los cheques.
El oficialismo no logró los 49 votos necesarios, en un total de 81 senadores, para prorrogar la Contribución Provisional sobre Movimiento Financiero (CPMF) hasta 2011, que le aseguraría cómodas condiciones financieras y políticas al gobierno izquierdista para conducir su gestión en los tres años que le restan.
Como consecuencia de este resultado parlamentario, dejará de contar con 40.000 millones de reales (unos 22.000 millones de dólares) de recaudación estimada para 2008 y tendrá que elevar otros tributos y recortar gastos si pretende mantener el superávit en las cuentas primarias del gobierno, que le permitan reducir la deuda pública, siguiendo el ajuste fiscal iniciado en 1998.
La CPMF grava todos los cheques y operaciones bancarias con 0,38 por ciento de la suma retirada. Creada en 1993 como impuesto provisional y luego recreada como contribución, el tributo fue prorrogado por cuarta vez en primera instancia por la Cámara de Diputados en octubre, pero no pudo pasar la necesaria votación a favor del Senado.
En esa cámara alta obtuvo la iniciativa sólo 45 fotos a favor, insuficientes para la aprobación pese a ser mayoría simple porque se trata de una enmienda constitucional que exige al menos 60 por ciento en dos votaciones en cada uno de los dos órdenes legislativos.
En la batalla en el Senado triunfó la oposición con 34 votos, seis de los cuales disidentes del oficialismo. La CPMF dejará así de ser cobrada el próximo 1 de enero.
La interrupción de esos ingresos obliga ahora al gobierno a reducir gastos, donde los recortes presupuestarios son más viables, con el efecto "perverso" de abortar un renacimiento de las inversiones públicas y un crecimiento económico que sólo ahora empieza a despegar, dijo a IPS Fernando Cardim de Carvalho, profesor de economía en la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Las proyecciones indican que la economía brasileña crecerá más de cinco por ciento este año. En el tercer trimestre la expansión alcanzó a 5,7 por ciento, en comparación con igual período del año pasado, según indicó el miércoles el ente estadístico oficial.
"El gobierno podrá ajustarse" sin sacrificar el crecimiento, cree Carlos Thadeu de Freitas, ex director del Banco Central, porque el sector privado tendrá mayor capacidad de inversiones al no pagar más la CPMF, con lo cual compensará las restricciones del gobierno.
La expansión del producto bruto interno (PBI) en 2008 se calcula que será un poco menor que la de este año, pero a causa de las tasas básicas de interés que el Banco Central decidió mantener elevadas, en 11,25 por ciento al año, desde septiembre y durante los próximos meses, comentó a IPS.
El desempeño económico depende, empero, de que los tributos sufran aumentos, porque algunos podrían anular las ventajas ganadas por las empresas con el fin de la CPMF, matizó.
Además, el gobierno no debe resignarse a reducir el superávit fiscal primario, cuya meta es de 3,75 por ciento del PBI, para poder mantener el equilibrio en las cuentas públicas. La recaudación de la CPMF era responsable de 1,5 por ciento del PBI.
Empresarios, principalmente industriales, celebraron el fin del impuesto, como un triunfo de su campaña contra lo que entienden es una elevada carga tributaria la vigente en Brasil, que alcanzó a 35 por ciento del PBI el año pasado, un nivel similar al de los países industrializados y el doble de muchos con desarrollo parecido al brasileño.
Los críticos de la CPMF condenan especialmente su carácter acumulativo, gravando excesivamente las cadenas productivas más diversificadas, ya que la contribución se cobra en cada operación bancaria. Algunos estudios también la calificaron de socialmente negativa, señalando que cuesta proporcionalmente más para los pobres.
"Es un mito" esa apreciación, ya que los efectivamente pobres poco utilizan los servicios bancarios, según Cardim. Se trata de un tributo "seguro y barato, casi imposible de evadir", porque se recauda automáticamente en los bancos, sin necesidad de aparatos de control e inspección, sostuvo.
Otros impuestos más desfavorables para los pobres, como los indirectos que gravan varias veces los bienes de consumo y las contribuciones previsionales que inciden sobre salarios, desalentando la generación de empleos, deberían ser tema de una reforma tributaria cuya necesidad se acentuó en ese intento de renovar la CPMF. Pero "se perdió la oportunidad perdida", lamentó Cardim.
Pero la reforma tributaria, involucrando muchos intereses contradictorios, de gobiernos locales, estaduales y el nacional, es "una utopía en Brasil", una discusión que no prosperará aun después del trauma de perder el impuesto sobre cheques, opinó André Pereira, analista del Instituto Brasileño de Estudios Políticos (IBEP).
Una alternativa considerada posible es que el gobierno intente recrear algo similar a la CPMF, proponiendo otra enmienda constitucional el próximo año. Pero se trata de tiempos de elecciones municipales, cuando cualquier iniciativa es más difícil, observó Pereira.
El fracaso del gobierno de Lula en prorrogar ese impuesto significa que "2010 ya empezó", es decir que se desató el proceso que culminará en las elecciones presidenciales de octubre de 2010, opinó en analista.
La oposición triunfó, al imponer la más grave derrota parlamentaria de Lula y su coalición de 11 partidos, además de restricciones presupuestarias que pueden afectar la popularidad del gobierno.
Pero también esa oposición salió dividida. En el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) quedaron descontentos sus seis gobernadores estaduales, que perderán recursos de la CPMF especialmente en el área de salud.
Los gobernadores José Serra, de São Paulo, y Aecio Neves, de Minas Gerais, dos posibles candidatos socialdemócratas a la sucesión de Lula, presionaron sin éxito a los senadores de su partido para aceptar un acuerdo y aprobar la CPMF.
"Pagarán la cuenta" de esa divergencia con la bancada parlamentaria, aunque las dificultades financieras del gobierno teóricamente favorezcan sus pretensiones en 2010, evaluó Perreira.
