«Es una condena a la impunidad», afirmó el activista Benjamín Cuellar respecto del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra El Salvador por considerar que no se investigó adecuadamente el asesinato del empresario Mauricio García Prieto a manos de un escuadrón de la muerte.
Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), parte querellante ante la Corte con sede en San José de Costa Rica, entiende que la sentencia, inapelable, debería superar "la investigación perversa" realizada por las autoridades salvadoreñas sólo para "encubrir y proteger" a personas involucradas en el crimen.
"El Estado debe concluir las investigaciones pendientes respecto del homicidio de Mauricio García Prieto y las amenazas y hostigamientos" sufridos por sus padres, José Mauricio y Gloria de García Prieto, se indica en la sentencia del alto tribunal, que forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Más adelante en el documento, los jueces afirman que "el Estado violó los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal".
La sentencia divulgada el 22 de este mes también obliga al Estado salvadoreño a resarcir a la familia de la víctima por los gastos incurridos, a brindarles asistencia médica y psicológica para "que les ayude a sanar sus heridas físicas y psicológicas", y a publicar en por lo menos un medio de prensa de circulación nacional el contenido medular de la sentencia.
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La Corte sólo se pronunció sobre las fallas que entendió había en la investigación del asesinato y las amenazas y no sobre el crimen en sí mismo, ya que El Salvador reconoció la competencia de este tribunal supranacional a partir de junio de 2005, un año después de cometido el asesinato.
La sentencia debe llevar fundamentalmente a que se "haga justicia" en este caso, subrayó Cuellar a IPS.
En junio de 1994, cuando llegó a la casa de una familiar junto con su esposa y su hijo de cinco meses en brazos, García Prieto fue interceptado por dos hombres.
Uno de ellos le apuntó con su arma y le dijo: ¡Te venimos a matar hijo de puta!, y, tras golpearlo, le disparó a quemarropa, según una narración de un testigo documentada en el libro del Idhuca titulado "Colección y Justicia N° 2, caso García Prieto".
El crimen, según organizaciones defensoras de los derechos humanos y la familia García Prieto, estuvo entrelazado con varios otros ataques perpetrados por ese entonces contra ex comandantes del entonces recién legalizado partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), todos asesinados por escuadrones de la muerte.
La guerrilla del FMLN se desmovilizó y se constituyó en partido político legal como fruto del acuerdo de paz firmado en enero de 1992 con el entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), que puso fin a una guerra civil de 12 años.
Precisamente, la mayoría de las 75.000 muertes y 8.000 desapariciones forzadas de personas durante el conflicto armado son atribuidas a los escuadrones de la muerte ultraderechistas, que según denuncias nunca fueron desmantelados.
Las investigaciones del asesinato del empresario, aseguran los denunciantes, estuvieron plagadas de irregularidades y se permitió encubrir a los presuntos asesinos.
En reiteradas ocasiones, Gloria de García Prieto ha sostenido que el asesinato se debió a un negocio inconcluso, pero que los asesinos intelectuales aprovecharon ese momento de transición y trataron de hacerlo aparecer como un crimen político.
Después del crimen, la familia García Prieto, con recursos económicos importantes, realizó gestiones con jefes policiales y fiscales, pero nunca logró una respuesta satisfactoria sobre el curso de las investigaciones.
Meses más tarde comenzaron las amenazas telefónicas y la persecución, y aunque dos personas están en prisión como responsables materiales del asesinato, nunca se llegó a los autores intelectuales.
De García Prieto denunció tiempo atrás que entre los que mandaron a matar a su hijo se encuentra un ex general del ejército, pero hasta la fecha no ha logrado probarlo.
David Morales, quien trabajó para la estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) cuando sucedió el asesinato, sostuvo que la resolución de la Corte de San José es "positiva y de gran relevancia" para que se aplique justicia.
Este abogado que lideró la investigación del caso, comentó a IPS que en la PDDH se llegó a la conclusión de que García Prieto había sido asesinado por un escuadrón de la muerte conformado por miembros de las antiguas "fuerzas de seguridad" incrustados a propósito dentro de la incipiente Policía Nacional Civil (PNC), creada en 1993.
Algunos "jefes policiales trataron de entorpecer las investigaciones", afirmó Morales, quien ha sido querellante en el caso que se procesa contra El Salvador en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, por el asesinato en 1980 de monseñor Oscar Arnulfo Romero, también a manos de ultraderechistas.
La primera reacción gubernamental sobre la sentencia publicada en un periódico local asegura que realizarán un estudio acabado de su contenido, aunque ya manifestaron disconformidad.
IPS trató en varias ocasiones de contactar a un portavoz gubernamental y, aunque representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores se comprometieron a facilitar la entrevista, nunca se logró.
Cuellar denunció que el gobierno salvadoreño de Antonio Saca trató de cerrar el caso a principios de este año, a través de un arreglo económico que concretó con la viuda de García Prieto pero que no le resultó, ya que el acuerdo se hizo a "espaldas de la Corte y el resto de la familia".
Este asesinato, agrega el director de Idhuca, es un "caso emblemático" por no tener carácter político y "descubrió el rostro perverso de la impunidad que tiene el Estado que había sido maquillado".
Consideró, además, que las reacciones del gobierno son un habitual "reflejo condicionado", ya que El Salvador "es el Estado que más ha incumplido recomendaciones de la Comisión Interamericana" de Derechos Humanos, la otra instancia del sistema de justicia de la OEA.
Esta es la segunda condena de la Corte Interamericana contra El Salvador. La primera se notificó en marzo de 2005 y fue sobre la ausencia de justicia por la desaparición de dos hermanas de tres y siete años a manos del ejército durante un operativo militar contrainsurgente en 1982, en pleno conflicto armado.
Las partes querellantes en ese caso aún mantienen denuncias sobre la falta de cumplimiento a cabalidad de la sentencia del tribunal de justicia de la OEA por parte del gobierno salvadoreño.
