Dos modelos de país midieron sus fuerzas este sábado en Bolivia, en una jornada que lejos de la violencia temida terminó en celebraciones. En occidente por una nueva Constitución nacional y en oriente por un modelo autonomista y contrario al centralismo paceño.
Mientras La Paz se vestía de multicolores ponchos de indígenas de la región altiplánica, del valle y de antiguos pueblos de la zona amazónica y del Chaco, en la oriental ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una multitud dio por aprobada un estatuto autonómico que choca con el nuevo texto constitucional aprobado en Oruro por asambleístas afines al gobierno de Evo Morales.
La Constitución apoyada por el oficialismo crea un estado con el reconocimiento a 36 pueblos originarios a los cuales desea otorgar tierras y facultades para su administración regional,
Por su parte, el estatuto impulsado por el gobierno del departamento de Santa Cruz sólo reconoce la autonomía departamental y municipal, con tuición directa sobre impuestos, regalías generadas por el gas natural y fiscalización sobre las fértiles tierras de la llanura amazónica.
Frente a una división nacional de opiniones, el presidente izquierdista Morales exclamó que su gobierno no permitirá la división, separación o descuartizamiento del país, independiente desde hace 182 años y considerado el más empobrecido de América del Sur, pero muy rico en recursos naturales como el gas.
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La expresión de Morales, el primer mandatario indígena del país, fue respaldada con énfasis por su vicepresidente, Álvaro García Linera.
Ambos líderes participaron de una marcha de cerca de tres horas y una concentración a la que asistieron representantes de los 36 pueblos originarios, sectores urbanos empobrecidos, clases medias, funcionarios de instituciones públicas y efectivos de las Fuerzas Armadas que saludaron la aprobación de la nueva ley fundamental, que aún debe ser puesta a referendo.
En Santa Cruz de la Sierra, en tanto, el prefecto (gobernador) departamental, Rubén Costas, expresó que el nuevo estatuto, aprobado el pasado jueves, representa la "muerte del centralismo y el nacimiento de la autonomía".
Mientras se hacía pública la proclama por una mayor descentralización en Santa Cruz, unas 600 personas levantaron su ayuno voluntario que exigía dejar sin efecto la aprobación de la nueva Constitución y rechazaba el recorte de los ingresos de la prefectura que el gobierno destinará a la creación de un bono universal de vejez.
En la línea autonomista trazada por Santa Cruz, también en Trinidad, la capital del departamento de Beni, una asamblea de representantes culminó con la redacción de un estatuto que a juicio del prefecto de la región, Ernesto Suárez, "rompe los lazos del centralismo" y rechaza al modelo impulsado por Morales con una clara tendencia de respaldo a los indígenas.
En los departamentos de Tarija y Pando, organizaciones civiles, respaldadas por los prefectos que responden a una corriente opositora al gobierno de Morales, anunciaron la vigencia de estatutos bajo el espíritu de ejercer control sobre los recursos naturales, los impuestos generados en sus ámbitos de competencia y la tierra.
En su discurso en la Plaza Murillo de La Paz y frente a Palacio de Gobierno, la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, justificó la prisa con la que fue aprobada la nueva Constitución.
"O hacíamos la Constitución o corríamos el riesgo de ser juzgados eternamente por nuestros mandantes", dijo al defender el protagonismo adquirido por los sectores indígenas y populares, que por primera vez consiguieron representaciones mayoritarias en el Congreso legislativo y en la Asamblea Constituyente, un resultado que fortaleció políticamente a sectores postergados.
El 24 de noviembre, asambleístas del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y otras fuerzas sociales afines, aprobaron la primera fase de la Constitución, en medio de una lucha callejera que arrojó el saldo de tres muertos en la ciudad de Sucre, la capital oficial del país y donde sesionó la Asamblea casi todo el tiempo.
La fase de aprobación en detalle y revisión se cumplió de manera sorpresiva y con 163 de los 255 asambleístas, pero en la ciudad de Oruro, con la notoria ausencia de representantes de partidos de derecha, generando los argumentos que ahora los prefectos opositores y organizaciones ciudadanas denominadas comités cívicos exhiben como un procedimiento ilegal y cuestionable.
Morales, un aymara nacido en la altiplanicie de Oruro, atribuye las críticas a la nueva carta magna a una actitud racista de sus opositores, a quienes acusa de intolerantes frente a las corrientes indígenas y populares.
"Hagan lo que hagan los terratenientes y grupos oligárquicos, no van a parar los cambios", dijo un emotivo Morales frente a miles de manifestantes, mientras el vicepresidente García Linera expresaba que sus gestiones por dialogar con la oposición no hallaron respuesta.
Morales también señaló que la siguiente batalla será el referendo, en el cual también desea poner su mandato a consideración de los electores, y retó a los prefectos de los nueve departamentos en que se divide el país a seguir sus pasos.
"Ganaremos de lejos, estoy convencido de eso y algunos terratenientes no quieren someterse al referendo porque saben que van a perder", dijo un mandatario que hizo ostentación de su popularidad y fue respaldado por una multitud.
En la ciudad de Tarija, al sur del país, al instalarse una concentración de ciudadanos convocados por la prefectura y el comité cívico, se negaron a cantar el himno nacional y sólo entonaron el de la región.
Al final de la tarde, emisoras de radio reportaron enfrentamientos a golpes entre campesinos de la población rural de Santa Rosa, en Santa Cruz, y transportistas que intentaban sortear el bloqueo carretero montado en protesta por la actitud de los gobiernos departamentales disidentes.