Con cuatro días de huelga de hambre y encerrados en la misma habitación dañada días atrás por una fuerte explosión, tres líderes de la Central Obrera Boliviana reclamaron al gobierno, aún sin éxito, que esclarezca este atentado, uno de los siete registrados en los últimos cinco meses.
El recinto donde se realizó el riguroso ayuno fue sellado con una improvisada pared de ladrillo y estuco en el hueco donde estaba la única puerta de salida, volada por la fuerza de la explosión en el atentado, un recurso extremo empleado para aislar a los protagonistas de la protesta y demostrar así que no tenían acceso a alimentos.
Una sesión plenaria nacional ampliada de secretarios generales de sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores resolvió suspender la huelga de hambre y, en su lugar, se declaró en estado de emergencia sindical hasta que el gobierno concluya las investigaciones para determinar la autoría material e intelectual del atentado y que se le dé una nueva sede a la COB.
Aún cuando la policía no anticipó resultados de las investigaciones, el secretario ejecutivo de la COB, el líder minero Pedro Montes, atribuye el ataque registrado a las 08:15 hora local del lunes a corrientes de derecha vinculadas a los comités cívicos y prefectos (gobernadores) de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija que impulsan su autonomía.
Hablando con IPS a través de un orificio de la dimensión de un ladrillo, que había quedado como único canal de comunicación con el exterior, Montes describió su ayuno voluntario como una inmolación por la búsqueda de la verdad.
Desde julio y en medio de una fuerte pugna entre el gobierno izquierdista de Evo Morales, respaldado por organizaciones sociales del empobrecido occidente del país, frente a los prefectos de los departamentos de la franja oriental que buscan su autonomía, se registraron atentados en sedes de grupos cívicos, viviendas de militantes oficialistas y oficinas públicas.
Hasta ahora nadie se atribuyó esas acciones violentas.
El ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, calificó de terrorista al atentado del lunes, que aparentemente estaba destinado a matar a Montes, quien habita el sitio dañado por la detonación de tres cartuchos de dinamita, con mecha lenta de 20 centímetros, según el parte de la brigada de explosivos de la policía. En el momento en que se produjo la explosión, Montes se hallaba de viaje.
En la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, el concejal y principal protagonista de la llamada guerra del gas de 2003, Roberto de la Cruz, dijo a IPS que un atentado, "venga de donde venga, es condenable porque la COB es la casa de los trabajadores formales e informales".
En tono de autocrítica, el ministro Rada afirmó que el gobierno debe avanzar en la lucha contra el terrorismo durante la próxima gestión. Teme, además, nuevas acciones de desconocidos.
La historia boliviana demostró que un período caracterizado por atentados terroristas, como fueron los años 80, puede ser el preludio de movimiento de interrupción del proceso democrático.
Entre enero y julio de 1980, en el segundo y último año de gobierno democrático de Lidia Gueiler, sucesivos atentados contra dirigentes de izquierda y el brutal asesinato del sacerdote español Luis Espinal precedieron el golpe de Estado encabezado por el entonces general Luis García Meza.
Este dictador, derrocado a su vez el 4 de agosto de 1981 por otro golpe militar, cumple hoy 30 años de reclusión en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, a 18 kilómetros de La Paz, sin derecho a indulto por la entidad de sus crímenes contra la humanidad y por ser responsables de atentar contra la democracia.
La Asamblea Constituyente, conformada el año pasado, aprobó el 9 de este mes el texto de una nueva Constitución, para ser puesta a referendo, aunque lo hizo sólo con la participación de los representantes afines al gobierno, con mayoría simple.
Seis días después, el departamento de Santa Cruz aprobó, a su vez, un estatuto autonómico con tendencia a la independencia respecto del gobierno central, a cargo de Morales, el primer indígena en llegar a la presidencia en Bolivia y líder del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).
"Hasta aquí hemos tolerado la violencia", dijo en la víspera el comandante general de la policía, Miguel Vásquez, al presentar al primer batallón de oficiales, hombres y mujeres del grupo antiterrorista "Delta".
Esta unidad reemplaza a otra especializada, que fue preparada por delegados del gobierno estadounidense y disuelta después del choque en febrero de 2003 con fuerzas del ejército leales al entonces presidente derechista Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
El sindicalista Montes conserva su posición crítica frente a políticas del gobierno y cuestiona la negociación de contratos con las firmas petroleras extranjeras porque entiende que no alcanzó a concretarse una real nacionalización. También demanda la eliminación de normas laborales que permiten el contrato y despido de obreros en un ámbito legal que beneficia al empleador.
Tampoco existe una reactivación del aparato productivo en beneficio de los trabajadores, sostiene Montes, un minero formado política y sindicalmente en el combativo sindicato izquierdista de trabajadores de Huanuni, la región más rica en yacimientos de estaño.
El concejal De la Cruz no advierte una actuación ofensiva de la COB contra el gobierno o contra "los oligarcas de Santa Cruz" y, por ello, considera inexplicable que se haya convertido en blanco de un atentado.
En este marco de tensión, también la vivienda de Carlos Romero, constituyente del MAS, sufrió daños de consideración por el impacto de un explosivo que estalló en la madrugada del sábado 22, y un día después la policía halló cartuchos de dinamita en un hotel que ofrece hospedaje al presidente Morales, en la ciudad de Santa Cruz.
El 15 de diciembre y mientras se realizaba la celebración del estatuto autonómico, en la ciudad de Santa Cruz, una granada estalló en el sexto piso de la Corte Superior de Justicia de esa ciudad, destruyó muebles y parte de la estructura, sin que se registraran daños personales.
Dos granadas de guerra estallaron el 10 de este mes en el domicilio del concejal oficialista Osvaldo Peredo, ocasionando destrozo aunque su familia afortunadamente salió ilesa del atentado.
El 22 de octubre, dos atentados se registraron en una vivienda habitada por médicos cubanos, así como también en un consulado de Venezuela, ambos inmuebles localizados en la ciudad de Santa Cruz.
La casa del asambleísta del MAS Saúl Ávalos fue blanco de otra explosión el 18 de julio, en Santa Cruz.
Otro blanco de atentado fue la sede del Comité Cívico Pro Santa Cruz, dañada por la explosión de una bomba casera el 2 de agosto.
El gobierno reclamó a la fiscalía un trabajo de investigación, y hasta el momento no se conoce el resultado de las investigaciones y la identidad de los posibles responsables.
