La respiración de la mayoría de los bolivianos está contenida. Crece a cada minuto el temor de enfrentamientos entre los autonomistas del oriental departamento de Santa Cruz y las organizaciones indígenas, que celebran el texto constitucional aprobado en la Asamblea.
En tanto y en medio de llamados a la pacificación de parte del Defensor del Pueblo, de asociaciones empresariales, periodistas y de la Iglesia Católica de Bolivia, la tensión se adueña de Santa Cruz de la Sierra, donde grupos conservadores celebrarán su aprobación de un estatuto autonómico para ese departamento, que concentra parte de la mayor actividad económica boliviana.
Miembros de la radical Unión Juvenil Cruceñista, el grupo de choque del Comité Cívico local, agredieron este viernes a inmigrantes de la empobrecida región occidental del país, denunció Isaac Ávalos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
La ola de incidentes se desató tras la aprobación de la nueva Constitución por parte de una mayoría simple de asambleístas afines al gobierno del izquierdista Evo Morales, concretada el domingo pasado en la altiplánica ciudad de Oruro, ubicada a 250 kilómetros de La Paz, en la misma franja occidental de Bolivia.
Los problemas se extendieron a la meridional ciudad de Tarija, donde jóvenes opositores al texto constitucional ocuparon las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), mientras otro grupo de ciudadanos de Sucre asaltó e incendió el jueves un vehículo que transportaba documentos de la Asamblea Constituyente.
En Santa Cruz de la Sierra, la capital del departamento de ese nombre, cerca de un millar de huelguistas oficiaron de custodios de una llamada Asamblea Provisional que aprobó el primer estatuto autonómico.
Ese texto, nacido por fuera de lo institucional y que será presentado este sábado, crea una Asamblea Legislativa, nombra un gobernador, asume el control y fiscalización de la tierra por encima del Estado nacional, da nacimiento a una policía departamental paralela a la boliviana e instaura la condición de "ciudadano cruceño" para las personas que habitan en esa jurisdicción.
Desde La Paz, el presidente Morales y el vicepresidente Alvaro García no dudaron en calificar al documento de un intento secesionista impulsado por terratenientes y empresarios de la región progresista.
La nueva Constitución cuestionada por la agrupación ciudadana de derecha Poder Democrático y Social (Podemos) y los prefectos (gobernadores) de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, fue aprobada en dos instancias, el 24 de noviembre y el pasado domingo, en ausencia de asambleístas opositores de esos distritos.
El nuevo texto de la ley fundamental, que debe ser sometida a referendo nacional, fue votado por 163 de los 255 miembros de la Asamblea Constituyente elegidos en julio del año pasado. Allí se proclama un Estado con el reconocimiento a las diversas culturas, asume la defensa de los pueblos originarios y crea cuatro formas de autonomía.
También declara la protección a la ancestral hoja de coca y se propone establecer el final de la acumulación de tierras, con el llamado a un referendo para determinar la extensión máxima que el Estado debe reconocer a particulares, planteando la opción de márgenes que van de 5.000 a 1.000 hectáreas.
"Nunca hemos vivido un momento tan tenso en la historia de Bolivia, atrapados entre la extrema izquierda y la extrema derecha, donde ninguno quiere ceder", dijo a IPS el diputado Arturo Murillo, de la centroizquierdista Unidad Nacional.
"Unos quieren imponer una Constitución hecha por militantes del partido gobernante, con sangre de bolivianos, y otro sector radical no quiere perder los privilegios del poder", detalló.
Cuando dos regiones están enfrentadas, el camino es peligroso y la solución es la búsqueda de concertación y diálogo. Un enfrentamiento armado podría tener consecuencias imprevisibles, advirtió.
La presencia de 400 policías en la ciudad de Santa Cruz, que el gobierno envió para la custodia de edificios públicos, es interpretada por el prefecto de esa región, Rubén Costas, como un anuncio de una militarización para frenar los intentos autonomistas.
A medida que transcurren las versiones sobre movilización de tropas militares —sin confirmación y negadas por el gobierno— se crea un ambiente de tensión en la ciudad cruceña y ello estimula un deseo de autodefensa.
Mientras, la plaza principal de Santa Cruz se puebla de tiendas de campaña, con unos 1.000 huelguistas, según los organizadores, dirigentes campesinos y colonizadores que no comulgan con el Comité Cívico y el prefecto Costas, y se anuncian bloqueos de las carreteras de acceso en diferentes puntos, a partir de este sábado.
Las organizaciones campesinas e indígenas rechazan el modelo propuesto por el prefecto y Comité Cívico que reconoce sólo a la autonomía departamental y municipal, y respaldan la línea de Morales, que plantea en la nueva ley fundamental la creación de autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas.
El ex prefecto cruceño Carlos Hugo Molina considera que el ambiente local está dominado por una "agitación mediática" y en diálogo con IPS estimó que muchos hechos anunciados son poco probables.
Respecto del cerco campesino, guarda dudas sobre los resultados de la medida y prefirió abogar por una salida pacífica a la situación.
Molina anticipó que en los actos de celebración de la nueva Constitución y aprobación de la autonomía departamental, en La Paz y Santa Cruz, se impondrá un ambiente festivo como significado de los espacios políticos que cada uno de los actores desea ocupar.
En los departamentos de Beni, Pando y Tarija se imita la gestión cruceña y en las próximas horas se presentarán documentos de autonomía con características similares, en oposición al gobierno de Morales.
