La huelga de hambre con la que el obispo católico Luiz Flavio Cappio intentó evitar el trasvase del río São Francisco, en Brasil, se suma a otras acciones dramáticas por problemas ambientales, que pueden multiplicarse ante la emergencia del cambio climático.
El bloqueo de puentes entre Argentina y Uruguay, que se prolonga ya por dos años, poniendo en crisis las relaciones bilaterales y debilitando al Mercado Común del Sur (Mercosur), no tiene solución a la vista. Los activistas argentinos quieren impedir que un río fronterizo resulte contaminado por la industria de la celulosa que acaba de instalarse en la orilla uruguaya.
El 12 de noviembre de 2005, un ambientalista brasileño, Francisco Anselmo de Barros, se apartó de una manifestación callejera, se bañó en gasolina y se inmoló en el centro de Campo Grande, capital del occidental estado de Mato Grosso do Sul, en un sacrificio que conmovió al país y a parte del mundo, pero que acabó en triunfo.
La trágica protesta provocó la intervención de la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, para impedir que el gobierno local aprobara un proyecto de expansión de la caña de azúcar en la cuenca que forma el Pantanal Matogrossense, un importante ecosistema húmedo del oeste brasileño que se extiende a Bolivia y Paraguay.
La violencia y los asesinatos persiguen a muchos ambientalistas en todas partes del mundo, porque su acción contraría intereses económicos inmediatos. En Brasil son muchos los mártires de esa lucha, pero los más conocidos, como Chico Mendes y Dorothy Stang, fueron asesinados a causa de conflictos por la tierra asociados al ambiente, por el conflicto entre distintas formas de ocupar la Amazonia.
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Mendes, asesinado en 1988, creó las reservas extractivistas, áreas forestales donde los "seringueiros" (extractores de caucho natural) y recolectores de otros frutos viven y trabajan en comunión con los bosques e interesados en protegerlos. Stang era una monja estadounidense, muerta en 2005 por defender y organizar a campesinos del interior del norteño Pará, el estado de mayor violencia rural de este país.
Ambos fueron asesinados por hacendados o por sus sicarios, aunque empleaban formas pacíficas de lucha, como la movilización de los sectores sociales bajo su liderazgo, las manifestaciones públicas, la negociación y las acciones judiciales.
Pero estas nuevas acciones son poco o nada convencionales, además de radicales, en busca de objetivos mucho más vinculados al ambiente, y que imponen a los gobiernos disyuntivas insolubles en apariencia, como renunciar a proyectos en marcha y ya aprobados en las instancias del poder.
"Si el Estado cede, el Estado se acaba", sentenció el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el jueves de mañana, para reafirmar la continuidad de las obras de desviación de una pequeña parte de las aguas del São Francisco para abastecer tierras del Nordeste, una región semiárida y de cursos de agua intermitentes.
Algunas horas después, en la noche del jueves, el obispo Cappio anunció el fin de su ayuno de 24 días en Sobradinho, una pequeña ciudad de la cuenca del São Francisco, en el estado de Bahia. En la víspera, y con nueve kilogramos menos, había sufrido un desmayo y tuvo que recibir tratamiento de urgencia en un hospital.
Su decisión respondió a pedidos de "familiares, amigos y hermanas y hermanos de lucha…, que me quieren vivo", explicó el obispo, asegurando que seguiría su combate contra "este proyecto de muerte", el trasvase del río.
Cappio ya había cumplido una huelga de hambre de 11 días a fines de 2005, cuando logró el compromiso gubernamental de reabrir el debate sobre el proyecto que ha dividido el país desde que surgió la idea, hace más de 150 años. La polémica se intensificó con la decisión de Lula de ponerlo en ejecución.
La nueva manifestación individual, que ganó el apoyo y hasta algunos ayunos solidarios de activistas de varios movimientos sociales, de la Conferencia Episcopal de Brasil y de celebridades y actores de telenovelas, se desató debido al "incumplimiento" de las promesas de 2005, justificó el obispo.
Su principal reclamo, la suspensión de las obras de implantación de canales, no se incluyó en el acuerdo de 2005, replicó el gobierno.
En un intento de negociación, el obispo y sus aliados propusieron un acuerdo de ocho puntos al gobierno. Pero el presidente rechazó las dos condiciones básicas, la suspensión de las obras mientras se reanudara el debate y una reducción del volumen de agua a ser desviada del río a menos de un tercio.
Los opositores del proyecto argumentan que el agua desviada deteriorará las condiciones de una cuenca ya muy agredida y que solo beneficiará a sectores ricos de la población, empresas, la gran agricultura de monocultivos y actividades alejadas de la población más pobre del Nordeste.
Además, la obra insumirá más de 2.500 millones de dólares, mientras una suma mucho menor podría beneficiar a la mayor parte de la población local con tecnologías sociales de eficacia comprobada para soportar las sequías, como las cisternas que almacenan agua de la lluvia y sistemas familiares de retención del líquido que evitan la evaporación.
Incluso la gubernamental Agencia Nacional de Aguas presentó un conjunto de alternativas más baratas y de efectos positivos para el grueso de los habitantes. Una amplia red de movimientos sociales trata de construir un millón de cisternas que alcanzarían a toda la población rural carente de agua en el Nordeste, en un programa aprobado por el gobierno, pero que hasta ahora sólo construyó 220.000 unidades.
El gobierno argumenta que la transposición asegurará perennidad a muchos ríos y una mejor gestión de las aguas en el Nordeste, beneficiando a 12 millones de personas y sin afectar al río São Francisco, porque se trata de desviar sólo 1,4 por ciento de su flujo hídrico.
El movimiento contra el proyecto sufrió una derrota el miércoles, cuando la Suprema Corte rechazó dos acciones que intentaban suspender las obras. Pero la polémica continuará y será difícil evitar nuevas protestas.
La defensa del ambiente ganó nueva fuerza internacional cuando los científicos movilizados por las Naciones Unidas alcanzaron un diagnóstico de consenso: el mundo vive la amenaza real de un cambio climático "peligroso" si la temperatura media del planeta sube más de dos grados en este siglo.
Los ambientalistas obtuvieron legitimidad y ya no pueden ser considerados simples fanáticos de la naturaleza. Y la lentitud de los gobiernos para adoptar decisiones y medidas efectivas ante el riesgo que enfrenta la humanidad puede alentar gestos cada día más radicales de personas o de grupos en defensa de ríos, bosques y biodiversidad.
