No faltan especulaciones en la sede de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), sobre un inminente e histórico acuerdo comercial entre el bloque y las naciones pobres de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).
Desde hace algunas semanas hay rumores de que tres de las cuatro regiones africanas que participan en las negociaciones están a punto de firmar los Acuerdos de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés) con la UE.
Pero ni África austral y oriental, ni África central ni la Comunidad de Desarrollo de África Austral han estado dispuestas a aceptar los borradores de acuerdos preparados por la Comisión Europea, con sede en esta ciudad.
Esa renuencia suele atribuirse a diferencias de opinión marcadas en cuestiones como la reducción de aranceles a las importaciones del bloque europeo que deberán asumir los gobiernos africanos, al trato a dispensar a los productos de ese continente considerados "sensibles" y a la duración del periodo de transición hacia la fase de liberalización comercial.
Después de sostener que los EPA debían abarcar una gran diversidad de asuntos, incluida la liberalización de servicios, inversiones, competencia, proveedores del Estado y propiedad intelectual, la Comisión Europea anunció en octubre que los acuerdos que se concluirían antes de fines de este año tratarían principalmente del comercio de bienes.
[related_articles]
Pese a la disminución de las ambiciones, funcionarios de la UE sostienen que ese es el mínimo que debe alcanzarse este año.
El trato preferencial que los países europeos dan a sus ex colonias de ACP incluye la exoneración de cumplir con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero la exención vence el primer día de 2008.
La Comisión anunció que, de no firmarse los EPA en vísperas del nuevo año, no tendrá otra alternativa más que imponer altos aranceles a una variedad de bienes de los países ACP destinados al mercado europeo.
"No se discuten alternativas", dijo a IPS Peter Power, portavoz de la Comisión para asuntos comerciales. "Nadie planteó ninguna opción creíble que pueda llevarse a la OMC".
Pero muchos analistas y activistas piensan que la postura de la Comisión no es convincente.
"La conformidad con la OMC probablemente no es tan obligatoria y urgente como lo proclama la Comisión Europea", sostuvo Claire Delpeuch, de Sciences Po, instituto de ciencias políticas de París.
En teoría, las normas de la OMC sólo permiten un trato preferencial hacia un país en desarrollo, si en contrapartida no se discriminan otras naciones.
Pero hay antecedentes en los que África fue señalada para recibir un trato favorable de los países ricos sin enojar a la OMC. Ese es el caso, por ejemplo, de la ley de Oportunidad y Crecimiento de África, sancionada por Estados Unidos.
Un informe del parlamento británico, citado por Delpeuch, urgió en 2005 a que sólo se pidiera a los países ACP abrir sus totalmente mercados a los bienes agrícolas de la UE cuando ésta reduzca en forma drástica los generosos subsidios que paga a sus agricultores.
El periodo de transición hacia la apertura de mercados de los países ACP quedaría así explícitamente vinculado a la reorganización del sistema de apoyo a los agricultores europeos.
Esos subsidios le dan una ventaja considerable a la UE para exportar, pero aún así, el bloque europeo insistió en que los países ACP eliminaran los aranceles al 80 por ciento de los productos agrícolas que importan de Europa.
Pero una contrapropuesta de África central de eliminar 60 por ciento de los aranceles fue rechazada por la Comisión.
"No tiene sentido tratar de concluir, a punta de pistola y en tan poco tiempo, acuerdos que son de vital importancia para el desarrollo de los países pobres", añadió Delpeuch.
"Cumplir con la OMC es un objetivo encomiable, pero la situación particular de los países ACP y la responsabilidad histórica que tienen los estados miembro de la UE deben ser una razón suficiente para tratar de conseguir el tiempo necesario para alcanzar soluciones de consenso", sostuvo.
La Comisión se equivoca al declarar que no existen alternativas viables para concluir los EPA este año, según Christopher Stevens, del grupo de estudio Overseas Development Institute, de Londres.
Una posibilidad, según él, sería aplicar una versión ampliada del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP-Plus), de la UE.
El GSP-Plus es un plan para fijar aranceles comerciales a lo bienes de los países ACP.
La versión modificada permitiría el ingreso de un amplio rango de bienes, libres de impuestos, al mercado europeo. Actualmente, el GSP-Plus sólo se aplica a 15 países de América Latina.
Seguir adelante con la amenaza de la UE de imponer aranceles punitivos a las exportaciones de los países ACP ante la falta de acuerdos sería un "desastre", arguyó Stevens.
De cumplirse la amenaza, Stevens calculó que 22, de los 79 países ACP, padecerán el aumento de aranceles que afectará a más de un cuarto de sus exportaciones actuales.
Otros cinco, Guyana, Kenia, Mauricio, Nauru, Seychelles y Tonga, verán perjudicadas más de la mitad de sus exportaciones.
Y para Belice, Fiji y Swazilandia, la proporción supera 75 por ciento.
Es fundamental que la Comisión demuestre mayor flexibilidad, sostuvo Alexander Woollcombe, portavoz de Oxfam en Bruselas.
El Acuerdo de Cotonou obliga al bloque europeo a brindar alternativas a los acuerdos de libre comercio. El convenio, que vence el 31 de diciembre, fue suscripto en 2000 en la capital de Benín para definir las relaciones entre la UE y los países ACP.
"Al decir 'o firmas los acuerdos o verás perjudicadas tus exportaciones a la UE' pone a los países ACP entre la espada y la pared", remarcó Woollcombe. "Esa postura somete a las economías más pobres y vulnerables del mundo a una enorme presión".
