Manifestaciones y huelgas por salarios no pagados se generalizan en Irán a pesar de la intensa represión, mientras cada vez quiebran más empresas estatales y privadas por el fracaso del gobierno en recomponer la frágil estructura económica.
Además, las esperanzas de que mejore la calidad de vida de los pobres, como prometió el presidente Mahmoud Ahmadinejad, se hacen añicos con una inflación superior a 17 por ciento.
La estatal Compañía Agroindustrial de Caña de Azúcar Haft Tappeh, de la occidental provincia de Khuzistan, cerca de la ciudad de Shush, es una de las más perjudicas por las políticas económicas del gobierno.
Creada hace 47 años, la compañía acumuló deudas de hasta 90 millones de dólares y desde hace dos años no logra pagar los salarios con regularidad.
La falta de pago a sus trabajadores, la decisión de la gerencia de vender tierras y otras propiedades y la amenaza de despedir a 2.000 de los 5.000 empleados llevaron a una masiva huelga de dos semanas a fines de septiembre y principios de octubre.
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Esta es la décimo sexta ocasión en dos años en que los trabajadores deben recurrir a ese método de protesta, según una carta que enviaron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Más de los 2.500 huelguistas que participaron en la última huelga marcharon desde la planta de la compañía hasta la oficina del gobernador de Shush, llegando a cortar, incluso, las vías de acceso a la ciudad.
Policías antidisturbios fueron despachados a la zona para contener a los enfurecidos trabajadores y hubo varios choques. Algunos líderes sindicales fueron detenidos y siguen en prisión. Además, varios trabajadores sufrieron heridas.
El 16 de octubre, los trabajadores terminaron la huelga y las manifestaciones a condición de que se cumpla la promesa de pago de salarios atrasados. El gerente de la compañía fue despedido, una reivindicación de los huelguistas.
Los trabajadores reclamaron que el Consejo de Trabajo Islámico de la compañía fuera liquidado, en un comunicado difundido al terminar la medida.
"Tenemos derecho a formar nuestro propio sindicato", señalaron.
"Muchos trabajadores consideran un títere del gobierno al Consejo de Trabajo Islámico, virtualmente el único órgano de representación laboral existente similar a un sindicato real", dijo a IPS un activista que pidió reserva de su identidad.
"A pesar de que la Constitución concede a los trabajadores el derecho a formar un sindicato, el Estado siempre reprimió todo intento de formar asociaciones independientes", apuntó.
"El Sindicato de Trabajadores del Transporte Público de Teherán, que ayudó a organizar la huelga de los empleados de la Compañía de Transporte Público de diciembre de 2005, no ha logrado ser reconocido oficialmente", recordó el activista.
"Dos líderes del sindicato, Mansour Osanlou y Ebrahim Madadi, fueron condenados a cinco años y dos años de prisión, respectivamente, por 'acciones contra la seguridad nacional' y 'propaganda contra el sistema'", añadió.
"Osanlou, incluso, corre riesgo de perder la vista por falta de atención médica adecuada en prisión", apuntó.
En el pedido cursado a la OIT, los trabajadores azucareros solicitan a ese organismo enviar representantes a negociar su caso con el gobierno iraní.
Los trabajadores propusieron al gobierno resolver la deuda de la empresa con el fisco y con los servicios de gas y electricidad, entre otras, para evitar que la compañía fuera a la quiebra, pero la solución fue rechazada por el gobierno gracias a la influencia de la "mafia importadora de azúcar", denuncia la petición.
También denunciaron que el gobierno iraní no los deja crear sus propios sindicatos, a pesar de la legislación laboral internacional, a la que Irán adhirió, y que los representantes de los trabajadores deben afrontar amenazas de despidos y cárcel.
"Gracias a Internet, las noticias de la huelga de Haft Tappeh se difundieron rápidamente, aunque la prensa guardó un silencio casi total por temor a represalias", informó el activista de Teherán.
"El régimen tiene mucho miedo de que ese tipo de incidentes salgan a la luz pública. El periodista independiente Abolfazl Abedini, que se atrevió a dar entrevistas para radios extranjeras acerca de la huelga, fue detenido para impedir la cobertura de los hechos", relató.
"Entre las varias asociaciones que se apresuraron a respaldar a los huelguistas de Haft Tappeh se encuentran el Sindicato de Trabajadores de la Compañía de Transporte Público de Teherán y un grupo de empleados de Iran Khodro (el mayor fabricante de automóviles de Irán)", señaló el activista.
"El gobierno cedió bastante rápido, probablemente para evitar que la huelga se propagara, pero también por temor a que un conflicto laboral se convirtiera en uno étnico. La provincia es rica en petróleo y sus habitantes, en su mayoría árabes, son pobres y carecen de servicios básicos", añadió.
Se cree que la excesiva importación de azúcar, permitida y fomentada por el propio gobierno en los últimos dos años, es una de las principales causas de los problemas financieros de la estatal Haft Tappeh.
Irán suele importar unas 700.000 toneladas de azúcar al año con el fin de completar la producción local de unos 1,2 millones de toneladas y cubrir así un consumo interno de 1,9 millones.
Pero en los últimos 18 meses se importaron casi tres millones de toneladas de azúcar, según la aduana de Irán.
La propia organización comercial estatal, responsable de regular el mercado, fue la que importó un millón de las tres millones de toneladas de azúcar, es de suponer a causa de las sanciones internacionales, y el resto fue adquirido por el sector privado.
La falta de regulación del gobierno de los aranceles a la importación de azúcar redujo la producción local y paralizó el mercado interno y puso en peligro los planes nacionales de lograr el autoabastecimiento, según advirtió la Organización de Inspección General del Poder Judicial en un informe publicado en septiembre.
"El gobierno redujo el arancel a la importación de azúcar no refinada de 130 por ciento a cero", subrayó el analista económico de Teherán.
"La decisión dio lugar a importaciones voluminosas, pero esto no ayudó a los consumidores. La diferencia entre el precio al consumo de unos 7,5 dólares por kilogramo y los precios al por mayor de unos cinco dólares sumó, sin embargo, miles de millones de ingresos a los importadores, como incluso admitió la Organización de Inspección General", añadió.
"La industria nacional de refinación de azúcar y los sectores agrícolas vinculados están al borde de la bancarrota. El mercado está saturado y la mayoría de las refinerías tienen todas sus reservas anuales almacenadas porque la producción no tiene salida", indicó el analista.
"No pueden pagar los salarios de los trabajadores o sus deudas con los agricultores que debieron disminuir su producción de remolacha y caña de azúcar en 30 por ciento al año", remarcó.
"A pesar del alza de los precios del crudo, la economía local anda mal y los trabajadores acusan el golpe", indicó el analista.
"Hay unos 200.000 empleados que no cobran desde hace meses o hasta años, admitió un representante de los trabajadores en el parlamento. Esto puede convertirse en una bomba de tiempo para el gobierno si no atiende con urgencia los problemas", concluyó.
