Los conflictos cercan al gobierno izquierdista de Bolivia, mientras la Asamblea Constituyente no se decide a reanudar sus sesiones plenarias cuando sólo faltan 30 días para cumplirse el plazo impuesto por el Congreso para que finalice la redacción de la nueva ley fundamental.
Transportistas de ciudades y de larga distancia, aliados a la influyente coordinadora de prefectos (gobernadores) de cuatro departamentos que buscan su autonomía, y sectores de clase media protagonizan movilizaciones orientadas a mostrar su fortaleza frente al gobierno de perfil indígena del aymara Evo Morales.
Esa oposición social atribuye al gobierno falta de capacidad para mantener estables los precios de los productos de primera necesidad y proveer de combustible de consumo doméstico con regularidad, además de responsabilizarlo de azuzar la división de la sociedad boliviana del oriente empobrecido con la del occidente más industrializado y agroexportador.
Los transportistas urbanos y del área rural suspendieron sus actividades este miércoles y bloquean calles y avenidas en las principales ciudades del país, en un intento por paralizar todas las actividades y llamar así la atención del gobierno ante la frecuente falta de carburante para los motores diesel que usan, un producto que en gran porcentaje debe ser importado.
Pero el ministro de Gobierno (interior), Alfredo Rada, advirtió de la presunta existencia de un "contubernio" entre el sindicato de transportistas y los dirigentes de organizaciones cívicas de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija que impulsan la descentralización administrativa y política de esos departamentos.
En la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra, trabajadores del aeropuerto de Viru Viru cumplen una huelga de 24 horas en reclamo de la reapertura de sus cuentas bancarias, congeladas por el gobierno tras detectar actos de corrupción de los administradores respaldados por el prefecto departamental, Rubén Costas, y el conservador comité cívico que aglutina a empresarios y terratenientes.
La jornada de movilizaciones coincide con el nuevo intento de los miembros de la Asamblea Constituyente por reanudar las sesiones, tras el fracaso de la semana pasada, cuando activistas y universitarios de la ciudad de Sucre golpearon a asambleístas del departamento de La Paz y a periodistas.
La demanda por el traslado de las sedes del gobierno nacional y del parlamento desde La Paz a Sucre, la capital oficial de Bolivia, es el obstáculo que no logra superar la Asamblea por las posiciones irreconciliables de las dos regiones en pugna. Esta disputa impide la redacción de la nueva Constitución antes del 14 de diciembre, plazo máximo puesto por el Congreso legislativo.
Carlos Romero, constituyente del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), descalificó a los universitarios sucreños y dijo que están "comprometidos con una conspiración contra la democracia", tras sostener que existe un vínculo de la movilización con el reclamo del cambio de sede gubernamental por parte de las organizaciones defensoras de las autonomías.
En Sucre "han pasado del bloqueo a la acción criminal contra los constituyentes", expresó.
Desde el bando opositor, el senador Luis Vásquez, de la agrupación ciudadana Poder Democrático y Social (Podemos), indicó a IPS que el gobierno de Morales está cosechando tempestades después de sembrar discordias, expresadas en la falta de un debate y diálogo.
"Estamos frente a un impenetrable muro de concreto. Se hace lo que quiere el gobierno o (de lo contrario) estás fuera del sistema. No es una dictadura para que pueda amenazar", arengó el legislador.
Uno de los factores que se desata en este enfrentamiento es "la ausencia de seguridad jurídica, porque el gobierno vulnera el orden legal y constitucional, y deja en entredicho el estado de derecho", comentó a IPS el secretario de Planificación de la Prefectura de Tarija, Rubén Ardaya.
En contraposición al discurso de logros del gobierno, Ardaya observa fracasos en la gestión de Morales porque la nacionalización no generó los ingresos proyectados, mientras que los volúmenes de producción no registran incremento y el país vive una crisis por el desabastecimiento de diesel.
Ardaya también apuntó como otro fracaso la promesa incumplida, tras 14 meses de irregular actuación de la Asamblea, de modificar la Constitución y estima que sólo queda esperar la emisión del certificado de defunción de ese cuerpo.
Teme, agregó, que el gobierno, tras un ciclo de dificultades en el abastecimiento de alimentos y el rápido ascenso de la inflación sumada a un deterioro de su imagen, elija el camino de un autogolpe con la clausura de la Asamblea, del Congreso y de las prefecturas departamentales contrarias a su corriente ideológica.
La oposición del bloque autonomista se fortaleció en la batalla por la defensa de sus recursos provocada por la exportación de gas natural a Brasil y Argentina. Es que La Paz pretende tomar un porcentaje de esas ventas para crear, desde el próximo año, una renta vitalicia mensual de unos 26 dólares para cada boliviano mayor de 60 años.
Los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, denominados la Media Luna, concedieron al gobierno nacional plazo hasta el 15 de diciembre para el reconocimiento constitucional de las autonomías departamentales, pero sus seguidores conservadores bloquean la reinstalación de la Asamblea que debe considerar esta demanda.
En el referéndum del 2 de julio de 2006, el planteo de imponer autonomías departamentales resultó ganador en estos cuatro distritos de la franja oriental, pero fue rechazado en los otros cinco que conforman Bolivia.
Sin embargo, la nueva Constituyente debe definir los alcances, atribuciones y competencias de las prefecturas que ingresarán en un nuevo régimen descentralizado.
Los prefectos de los cuatro departamentos involucrados advierten que una demora o postergación del debate sobre autonomías y su incorporación en la ley fundamental determinarán la aplicación de un proceso de descentralización automático que el gobierno considera una acción de facto.
"O nos sentamos a dialogar o Bolivia se verá en un proceso de confrontaciones que la desangrarán por dentro, romperán el espíritu de diálogo y nos dejarán frente a una alternativa poco edificante para la democracia. Es deber del gobierno reconducir el proceso para beneficiar a todos los bolivianos", dijo el senador Vásquez.
