«No podemos salvar a nuestros hijos colgando a los culpables», dijo Rohana Bakar, de 36 años, y madre de dos niñas, esforzándose por defender su postura en un encuentro realizado en un suburbio obrero del norte de la capital de Malasia, con altos índices de desempleo.
Bakar trata de explicar de nuevo, pero recibe gritos de desprecio y enojo.
Unas 30 mujeres y unos 12 niños y niñas se apiñaban en la habitación donde se llevaba adelante del debate.
"La pena capital no es una solución. Hace 50 años que existe y los delitos aumentan", repitió en un fluido malayo, al estrechar a su hija de seis años contra su pecho.
"Tenemos que proteger a nuestros hijos y enseñarles a cuidarse, no los vamos a salvar ahorcando al culpable", añadió con desesperación y suplicando apoyo.
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El motivo de la reunión queda evidente al ver las portadas de los diarios tirados en el piso. Un asesino, al que se acusa de haber secuestrado y violado a tres niñas y haber matado a una de ellas, está libre. Las madres están furiosas y atemorizadas.
"Este monstruo violó y mató a Nuri. Hay que ahorcarlo por sus delitos atroces", reclamó una madre, al tiempo que señalaba los periódicos en el suelo. "Tenemos que proteger a nuestros hijos, merece morir".
Todo el país debate acerca de cómo lidiar con la muerte atroz de Nurin Jazlin, de nueve años, secuestrada en agosto y asesinada un mes después.
El cuerpo de la niña fue colocado en una bolsa y dejado cerca de una escalera en Petaling Jaya, un suburbio del sur de la capital, a fines de septiembre.
La indignación por la muerte de Nurin se exacerbó tras la difusión de imágenes de un hombre en motocicleta dejando la bolsa con el cuerpo de Nurin al lado de una escalera, que habían sido captadas por una cámara de vídeo de la calle.
Pero la grabación, llevada a Estados Unidos y mejorada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), no permitió identificar al culpable ni la matrícula del vehículo.
La policía no tiene pistas, detuvo a varios "sospechosos", pero luego debió soltarlos. La población tiene ánimo de venganza y aspira a una rápida ejecución una vez atrapado el culpable.
Voces aisladas como la de Bakar arguyen que la pena de muerte es un castigo cruel, un asesinato dictado por el Estado, que no resuelve ni limpia las calles de pandilleros ni de delincuentes.
"Estamos indignados por el brutal asesinato. Es un crimen perturbador y atemorizante y una triste reflexión de cuan inseguro se ha vuelto nuestro país para las niñas y la juventud", señaló Shanon Shah Sidik, director ejecutivo del capítulo malasio de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres.
"La ira de la población por lo sucedido es comprensible, pero los reclamos de aplicar la pena de muerte son erróneos", sostuvo.
"Innumerables hombres y mujeres han sido ejecutados en todo el mundo por delitos de asesinato y de violencia sexual y por ahora no hay pruebas convincentes de que el máximo castigo sirva para disuadir la delincuencia", apuntó Shanon Shah Sidik.
"La nación llora la muerte de Nurin Jazlin. Esperemos que no tengamos que lamentar la pérdida de otra niña de nuevo", apuntó.
Pero esos propósitos sólo generan más rabia en la población.
La gente escribe a los diarios y llama a los programas de televisión y de radio y reclama que los "monstruos" que matan niños sean enviados rápido al cadalso.
"Los delincuentes que cometieron delitos sexuales o asesinatos deben ser condenados a muerte", escribió S. K. Mathews, en una carta enviada al sitio de noticias de Internet Malaysiakini.com.
"Estos monstruos no merecen pertenecer a nuestra sociedad", sostuvo, expresando una postura compartida por gran parte de la población. "Debe mantenerse la pena de muerte".
El aumento de delitos violentos fomentan reclamos de medidas más duras contra los delincuentes y muchos consideran a la pena capital como la cura de todos los males.
"La población está furiosa y alterada porque unas nueve mujeres son violadas por día y para muchos la pena máxima es una solución rápida", señaló el líder opositor Lim Guan Eng.
"No debemos apresurarnos a condenar", remarcó, y recomendó investigar las causas de raíz del aumento de la delincuencia.
"No hay una única solución para todos los casos", apuntó. La experiencia de otras naciones muestra que la delincuencia es un asunto complejo y debe tratarse con profesionalidad.
En los primeros siete meses de este año hubo 1.814 violaciones, en comparación con las 1.362 del mismo periodo del año anterior, un aumento de 33 por ciento, según estadísticas oficiales.
Pero hubo como cinco veces más casos que los denunciados, lo que convierte a Malasia en la "capital del delito" de Asia sudoriental, señaló Lim.
Malasia impone la pena de muerte por un montón de delitos, desde asesinato hasta tráfico de drogas (más de 200 gramos de una sustancia), pasando por terrorismo y contaminación de suministros de agua.
Entre 1960 y octubre de 2004 hubo 434 ejecuciones, de acuerdo con las últimas estadísticas disponibles.
"Malasia no debe ejecutar personas al margen del delito cometido", sostuvo el abogado especializado en derechos humanos Charles Hector. "No hay ninguna justificación para que el Estado mate".
El colegio de abogados de Malasia, que representa a unos 13.000 profesionales, aprobó una resolución en 2006 que urge a este país a copiar la experiencia de Filipinas, también integrante a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), con vistas a abolir la pena de muerte.
"Al menos podría declarar una moratoria con miras a derogar ese castigo extremo", apuntó.
El abogado de derechos humanos y director ejecutivo de Malasios Contra la Pena de Muerte, Surendran Nagarajan, señaló que la organización reconoció "la gravedad de los delitos violentos y el extremo sufrimiento que causan a las víctimas y a sus familias", pero se mostró totalmente contrario al máximo castigo.
"Es un castigo cruel, inhumano y degradante", indicó. "Existe la posibilidad de errores judiciales y por ende que mueran personas inocentes".
Surendran Nagarajan culpó a los políticos por la actual histeria colectiva que reclama mantener y utilizar la pena capital.
"Se trata de una reacción instintiva fomentada por los políticos que explotan el temor de la población y la repugnancia hacia los delitos contra menores", señaló Nagarajan. "No debemos ceder a esta histeria fabricada".
