El ex juez Norimichi Kumamoto sufre lo que define como una «ira tremenda» desde 1968, cuando integraba el tribunal japonés que condenó a muerte al boxeador Iwao Hakamada por el asesinato de un matrimonio y sus dos hijos.
Ya entonces, Kumamoto estaba convencido de que el acusado Iwao Hakamada era inocente. "Mi posición fue derrotada. El tribunal votó por dos a uno", dijo, emocionado, a la prensa. Su informe en minoría para defender la inocencia del supuesto asesino tenía 360 páginas.
Un año después, Kumamoto renunció a la magistratura en protesta por la sentencia, a pesar de que su juventud y su preparación le garantizaban un futuro venturoso en el Poder Judicial.
Durante 39 años, Hakamada, hoy de 71 de edad, ha vivido en una pequeña celda sin ventanas, esperando el momento en que los guardiacárceles lo conduzcan al cadalso.
Hakamada se enloquece más cada día, según su hermana y activistas humanitarios.
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"He pensado en este juicio durante muchos años", dijo a la prensa Kumamodo, hoy en sus 70. "Me he sentido triste y desalentado por todo esto."
Además de romper su silencio en una conferencia de prensa, Kumamoto presentó una solicitud de nuevo juicio para Hakamada ante la Corte Suprema de Justicia de Japón.
La evidencia presentada por los fiscales contra Hakamada fue insuficiente para una acusación, dijo Kumamoto. "Pensé que no lo hallarían culpable. Las cinco evidencias presentadas no tenían sentido", recordó.
La fiscalía presentó cinco prendas de ropa ensangrentada como prueba. Los pantalones no eran de la talla del ex boxeador, indicó en ex juez.
"El veredicto de culpabilidad se basaba exclusivamente sobre la confesión de Hakamada, obtenida luego de 20 días de tortura y de confinamiento en un pequeño recinto", agregó.
El tribunal rechazó 44 de los 45 registros de interrogatorio. En el documento aceptado, Hakamada admitía haber asesinado al ejecutivo de una compañía sojera y a los tres miembros de su familia en Shizouka, prefectura de la isla de Honshu.
Kumamoto se arriesgó con su aparición pública a un juicio por romper el secreto que la ley ordena a los jueces para que no se refieran a fallos decididos por un tribunal.
"En el proceso en el tribunal de distrito de Shizuoka en diciembre de 1966, Hakamada se retractó de su confesión y proclamó su inocencia", informó la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
Tomados en conjunto, las declaraciones "no contenían nada sustancial", agregó Amnistía en un informe sobre el juicio.
"Debo lograr que el mundo sepa lo que sucede en Japón", sostuvo Kumamoto. "La policía usa mecanismos chocantes y bárbaros para extraer confesiones", añadió, respaldado por el abogado de Hakamada, Hideo Ogawa, quien también participó en la conferencia de prensa el día 6.
"Japón no ha cambiado desde el siglo XVIIel tratamiento que brinda a los sospechosos, a quienes no se reconoce como seres humanos", dijo Ogawa. El sistema judicial se basa, en buena medida, sobre la obtención policial de confesiones escritas sin registro alguno, aseguró el abogado.
Estadísticas oficiales entregadas a IPS por la Corte Suprema de Justicia confirman esa percepción. Noventa por ciento de las acusaciones judiciales emitidas por la fiscalía el año pasado estaban acompañadas por una confesión ante la policía.
"Si eres inocente y te acusan de un crimen, tienes pocas garantías", advirtió Ogawa. "La policía puede detener a un ciudadano hasta 24 días. No tienen ninguna regla sobre cuándo iniciar un interrogatorio en la mañana o cuándo finalizarlo en la noche. Y no habrá abogado en el recinto."
"Los japoneses creen que el fiscal dice que alguien es culpable, debe ser cierto", aseguró, convencido de que algunos inocentes fueron erróneamente condenados y ejecutados.
En ese sentido, recordó el caso de Sakae Menda, acusado de asesinato y lesiones a una familia de cuatro, en la ciudad de Hitoyoshi, en 1948.
Menda fue obligado a confesar luego de días de interrogatorio. Las evidencias que apoyaban su inocencia fueron ignoradas. Su condena fue levantada luego de que pasó más de 30 años en prisión.
Japón y Estados Unidos son los únicos del Grupo de los Siete países más industrializados que mantienen la pena capital en el elenco de castigos previstos por sus leyes.
Ciento cuatro personas esperan su ejecución en Japón, según Kumamoto. Entre 1946 y 1993, los tribunales condenaron a muerte a 766 acusados, de los cuales 608 fueron ejecutados.
Un pedido de nuevo juicio para Hakamada fue rechazado por el Poder Judicial en 1994. La apelación ante la Corte Suprema está pendiente desde hace tres años.
